Entendida como un principio, “la regla de la mayoría es un mecanismo para superar las discrepancias – el disenso – entre los miembros de un grupo y lograr una decisión que pueda imputarse al grupo”.

La regla sólo tiene sentido, pues, en el marco de la adopción de decisiones por un grupo de personas. Además, solo tiene sentido  respecto de decisiones que deba adoptar el grupo. De ahí la necesidad de un contrato previo entre los individuos – real o supuesto – para decidir si el acuerdo adoptado es legítimo o no. El contrato determinará las materias o cuestiones que pueden ser decididas por el grupo porque sus miembros han aceptado individualmente que así sea. Esta aceptación se deriva de que se han hecho miembros de la organización de forma voluntaria, esto es, que han participado en la constitución del grupo o han entrado a formar parte del mismo con posterioridad.

Si los que han constituido el grupo deciden que les conviene aplicar la regla de la mayoría para resolver las discrepancias entre sus miembros cuando haya que tomar una decisión que deba considerarse como decisión del grupo, la incluirán en el contrato. En los grupos privados – los grupos que se forman entre varios individuos que deciden agruparse – la base de la legitimidad de la regla de la mayoría se encuentra en el acuerdo que constituye la base de la creación del grupo (el contrato de sociedad) celebrado entre esos individuos en el que incluyen la regla de la mayoría como forma para superar las discrepancias.

Si no lo hacen, su “silencio” puede interpretarse en el sentido de que deberá concurrir el consenso de todos los miembros para la adopción de cualquier decisión del grupo o que, precisamente, daban por supuesto que los disensos se resolverían aplicando la regla de la mayoría.

En todas las legislaciones del mundo, el Derecho añade la regla de la mayoría cuando los individuos han constituido un grupo organizado corporativamente, esto es, cuando han diseñado el grupo de tal forma que, para que tenga éxito – logre la consecución de los fines que llevaron a los individuos a agruparse – , hay que establecer reglas especialmente eficaces para superar los conflictos entre sus miembros.

La necesidad de estas reglas especialmente eficaces como la de sustituir la regla del consenso – unanimidad – por la regla de la mayoría para considerar adoptada la decisión correspondiente se siente especialmente cuando el grupo se organiza como una corporación porque una corporación es una organización compleja “pensada” por los seres humanos para permitir el desarrollo de empresas colectivas en las que puedan participar cualesquiera individuos que reúnan determinadas condiciones y en las que, en consecuencia, el empeño o la empresa colectivizada se independiza de los individuos concretos que, en cada caso y en cada momento, forman parte o son miembros de la corporación. Los que la ponen en marcha organizan el grupo para que el fin común pueda llevarse a cabo sean cuantos sean los individuos que participen en la organización y sean las que sean las vicisitudes que puedan afectar a estos individuos.

La mejor forma de hacerlo es convertir a esa empresa-fin en un individuo que dispondrá de sus propios medios (patrimonio social) distintos de los de los individuos que forman el grupo (patrimonio individual del socio) y de sus propios sistemas de toma de decisiones (órganos) distintos de la voluntad (de los individuos) para conseguir los fines comunes. Al disponer de sus propios medios, la corporación tendrá “personalidad jurídica” o sea, capacidad jurídica y podrá ser titular de bienes y derechos. Al disponer de sus propios sistemas de toma de decisiones – órganos – podrá “actuar”, esto es, tener capacidad de obrar y adquirir derechos y bienes, generar créditos y asumir deudas u otras obligaciones. Y, repetimos, podrá hacerlo con independencia de quiénes sean y qué les pase a los seres humanos, a los individuos que han decidido agruparse.

Este invento europeo de la corporación es un gran invento, precisamente, porque al diseñar una organización que puede sobrevivir de manera independiente de los individuos, permite la creación de organizaciones políticas y económicas de inmenso tamaño; permite organizar, pues, a millones de personas y permite, por tanto, acumulaciones enormes de medios para dedicarlos a un fin, de forma que la consecución de éste se vuelve mucho más probable. Desde los partidos políticos o los sindicatos a las órdenes eclesiásticas pasando por las compañías de indias o las sociedades anónimas pero incluyendo también las asociaciones deportivas, benéficas o culturales, la corporación ha servido extraordinariamente al crecimiento económico y social de Occidente al permitir la aparición de la “gran empresa” con la obtención correspondiente de las economías de escala en la producción y distribución de los bienes y servicios.  

De manera que, cuando los particulares (autorizados por el Estado) crean una corporación, incluyen la regla de la mayoría como mecanismo de adopción de decisiones en el seno de sus órganos cuando éstos son colectivos, como lo es siempre la asamblea de miembros y, a menudo también, el que se encarga de la dirección y gestión de la empresa común. 

Obsérvese que, nada impide que, en cualquier grupo, incluidas las más grandes corporaciones, las decisiones se adopten por consenso de todos los miembros pero aquellos pioneros de las corporaciones eran perfectamente conscientes que una corporación no llegaría muy lejos si no pudiera adoptar decisiones mas que cuando todos los miembros de la corporación (en el caso de las decisiones correspondientes a la asamblea de miembros) estuvieran de acuerdo con la misma. No es ya que haya que sustituir la oferta o la aceptación contractual por el ejercicio del derecho de voto, es que formar un consenso respecto de cada decisión que es necesario o conveniente adoptar conduciría casi inevitablemente a la parálisis de la organización. Por dos razones. La primera, obvia, porque obtener el consentimiento de cada uno de los miembros es muy costoso en grandes organizaciones e incluso imposible cuando los miembros no residen ni siquiera en el mismo país. La segunda, menos obvia, porque, sabedores de su derecho de veto, cada uno de los miembros tendría incentivos para comportarse estratégicamente y hacerse comprar el voto a favor de la propuesta.

De manera que, en una primera fase, y observando que los particulares incluían la regla de la mayoría en los estatutos, el legislador primitivo de las corporaciones convierte esa cláusula en obligatoria para los que quieran constituir una corporación: exige a los que constituyen una corporación que incluyan la regla de la mayoría en los contratos erectores de la corporación (v., art. 155 C de c, que era la regla aplicable antes de que se promulgara la Ley de Sociedades Anónimas de 1951). Pero lo hace porque, en otro caso, la mayoría no podría imponer sus decisiones a todos los miembros del grupo. En una segunda fase, el legislador proporciona la regla mayoritaria por defecto: los que fundan una corporación no tienen que incluirla en los estatutos. La ley que regula esas corporaciones la incluye. En una tercera fase, algunos legisladores que no comprendieron adecuadamente el sentido de la regla mayoritaria, la imponen a todas las corporaciones prohibiendo a los particulares incluir la regla del consenso o de la unanimidad para la adopción de determinados acuerdos (v., art. 200.1 LSC para la sociedad limitada). Decimos “no comprendieron” porque la regla de la mayoría es una regla que se aplica por defecto:

“si no se logra el consenso, la decisión se considerará adoptada por el grupo, si la mayoría de sus miembros vota a favor”

Con ello, estos legisladores incultos redujeron la eficiencia de la corporación porque impidieron su uso a los grupos pequeños que querían utilizar el “invento” corporativo pero que preferían que determinadas decisiones sólo pudieran adoptarse con el consenso de todos los miembros. A estos, el legislador los condenó a utilizar los “viejos” instrumentos de las sociedades de personas, instrumentos donde el respeto por las decisiones de los miembros es completo (art. 121 C de c)

Establecer la regla de la mayoría como regla de adopción de decisiones en el seno de un grupo implica equiparar la voluntad de la mayoría a la voluntad de todos los miembros del grupo. Es, realmente, un resultado “maravilloso” ya que el acuerdo así adoptado, se considerará, jurídicamente, como si se hubiera aceptado por todos los miembros del órgano que lo hubiera adoptado. Eso es, precisamente, lo que dice el art. 159.2 LSC

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general.

Dejamos, para otra ocasión, explicar que este resultado “maravilloso” no repugna a un sistema que pone en el centro al individuo y a su voluntad – como el Derecho occidental – porque (i) el individuo se convierte voluntariamente en miembro del grupo, de la corporación y (ii) porque el grupo no puede decidir sobre cualquier cosa. Sólo puede hacerlo en asuntos de su “competencia”, de manera que el individuo que se va a someter a los dictados de la mayoría puede conocer con relativa precisión por adelantado qué bienes o derechos de su patrimonio se verán afectados por las decisiones de la mayoría.

Se entiende inmediatamente que la legitimidad de la regla de la mayoría en el ámbito de las agrupaciones humanas no voluntarias sea mucho más compleja. Por ahora, solo una pista: los particulares que se afilian voluntariamente a una corporación pueden, normalmente, abandonarla a la vista de cómo les haya ido en ella y, con ello, liberarse del yugo de esa mayoría. En el ámbito público, es fácil cambiar el municipio, incluso la región donde uno vive. Cambiarse de país o de profesión, no tanto.


Foto: JJBose