El capital social y la solvencia de los bancos

“El capital social es la forma más simple, efectiva y beneficiosa de reducir los subsidios a la banca y de mejorar la solvencia y seguridad del sistema financiero”

Por Jesús Alfaro Águila-Real

No hay una empresa manufacturera que tenga un capital social inferior al 30 % del total de sus activos (o sea, que si todos los bienes y derechos de la compañía suman 100 de valor, 30 son aportaciones de los socios). Los bancos, sin embargo, rara vez superan el 10 % de capital sobre activos y, a menudo, ni el 5 %. En el siglo XIX, estas proporciones eran mucho más elevadas y superaban incluso el 50 % de los activos del banco a lo que había que añadir la responsabilidad ilimitada de los accionistas que se mantuvo en algunos países hasta bien entrado el siglo XX. Sin duda que la tolerancia hacia niveles de capital tan bajos como los que observamos hoy tiene mucho que ver con que el negocio bancario se ha hecho mucho menos arriesgado gracias a la imposición de las obligaciones de contabilidad; de producción de información y a la supervisión prudencial por parte de los Bancos Centrales.

¿Por qué los bancos tienen tan poco capital?

En otras palabras, ¿por qué son empresas tan endeudadas?

La respuesta es sencilla: los bancos viven de explotar la cuenta corriente que mantienen con sus depositantes, a los que pagan un interés inferior al que reciben de aquellos a los que han prestado dinero. Al prestar a terceros los depósitos pero “jurar” a los depositantes que pueden recuperar su dinero “a la vista” o “a primera demanda”, los bancos hacen magia. Y sus balances reflejan que deben muchísimo dinero (la suma de los depósitos) y que les deben muchísimo dinero (la suma de los préstamos). Su balance está formado en su inmensa mayor parte, por créditos y deudas, no por activos físicos o por aportaciones de los accionistas, o sea, no por bienes propiedad del banco adquiridos con los beneficios generados en el pasado ni por el capital social (que no hay que devolver sino en caso de liquidación del banco y después de haber pagado a todos los acreedores).

El capital social es una pequeña fracción del volumen de créditos que otorgan los bancos por lo que si un porcentaje no demasiado grande de estos créditos no es devuelto por los prestatarios, el banco quiebra porque esos fallidos se “comen” rápidamente el capital y el banco no tiene bienes suficientes para devolver el dinero a los depositantes. El capital “absorbe pérdidas” – dicen los economistas – porque los que lo ha puesto – los accionistas – no son acreedores del banco más que subsidiarios, de manera que el capital puede – debe – utilizarse para pagar a los acreedores privilegiados (los depositantes) y ordinarios (los proveedores) antes de devolverlo a los accionistas.

Los depósitos de los clientes no son jurídicamente depósitos sino préstamos y, como préstamos, no soportan las pérdidas del banco porque éste no puede elegir utilizarlos para pagar a otros acreedores del banco. Así, si los fallidos se comen el capital, el banco ha de considerarse insolvente y someterse a un procedimiento concursal (o “paraconcursal” como el previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión).

No es de extrañar que, tras la crisis, las voces que piden que se aumente el capital de los bancos significativamente hayan ganado fuerza. Y el argumento de los que se oponen es que exigir mucho más capital se haría a costa de la rentabilidad de los bancos – para sus accionistas – de modo que nadie querría comprar acciones bancarias y el crédito se resentiría.

Esto segundo es falso. Lo que se pide es que los préstamos que los bancos realizan se financien (el dinero para dar esos préstamos) con aportaciones de los socios que soporten el riesgo del negocio y no, casi exclusivamente, con el dinero de los depositantes. En definitiva, que los bancos se parezcan más a fondos de inversión que prestan su propio dinero. Ahora, los bancos prestan el dinero de los depositantes a los que se les dice que no asumen el riesgo de tales préstamos. Y para que esa promesa sea creíble, el Fondo de Garantía de Depósitos y, en última instancia, los Estados han de “garantizar” que los bancos pagarán todas sus deudas.

La cosa se ha puesto peor porque los bancos se financian, cada vez más, como el resto de las empresas, en el sentido de que emiten bonos u obligaciones y destinan los recursos obtenidos con estas emisiones, a prestarlos.

Pues bien, una empresa que se dedica a dar préstamos y que lo hace con dinero ajeno es una empresa muy arriesgada. Los bancos pueden calcular razonablemente cuántos fallidos tendrán en circunstancias normales, pero no cuántos tendrán si se producen circunstancias extraordinarias como una recesión profunda, el estallido de una burbuja o una catástrofe natural o política de grandes dimensiones. En esos casos, quiebran rápidamente y su quiebra se extiende a otras empresas y a muchos consumidores (riesgo sistémico). Es cierto que estos acontecimientos son raros. Pero cuando los daños que causan estos “siniestros” son enormes, la Sociedad hará bien en asegurarse frente a los mismos exigiendo a los que pueden causarlos que paguen la prima correspondiente y que reduzcan su nivel de actividad hasta el punto de que el análisis coste-beneficio conduzca a un valor positivo para el segundo en términos de bienestar social. Los modelos que atribuyen ineficiencias en términos de proporcionar liquidez al mercado han sido criticados por “camaleónicos”.

Pero es que, además,

Los activos de los bancos son muy difíciles de valorar

Son contratos – de préstamo o financiación – y es muy difícil determinar el valor de un contrato (que da derecho a que un tercero haga o no haga o entregue una cantidad de dinero en una fecha si se dan unas determinadas circunstancias). Por eso se dice que los balances de los bancos son “opacos”. Si se suman las dificultades de valoración de los activos individuales y se piensa en un gran banco, la desviación entre lo que el banco dice que vale y el valor real puede ser del orden de varios e incluso decenas de miles de millones de euros. Añádase que los depositantes desconfiados de la solvencia de su banco pueden adelantarse a pedir que les devuelvan sus depósitos y tenemos el riesgo de un pánico bancario que arruine Economías enteras.

De ahí que tenga todo el sentido que se les exija estar suficientemente capitalizados (que puedan soportar un nivel de pérdidas elevado en sus préstamos) como para resistir incluso uno de esos acontecimientos. Eso reduce, naturalmente, la rentabilidad – beneficios privados – de las acciones bancarias.

“No hay nada en el negocio de los bancos que exija o haga conveniente que los bancos operen con los muy bajos niveles de capital que observamos. Al contrario, los bancos están en mejores condiciones de dar préstamos al precio adecuado y de proporcionar liquidez a los depositantes y otros acreedores si fueran más seguros porque dispusieran de más capital. Un banco más seguro tiene menos probabilidad de experimentar problemas de liquidez o sufrir una corrida de sus clientes y, dado que es más probable que sea solvente cuando sufre un problema de liquidez, el banco central está en mejores condiciones de cumplir con su función de prestamista de último recurso”

Los bancos, naturalmente, prefieren que las cosas sigan como están. Por dos razones. Porque una inversión financiada con deuda en lugar de con capital propio es más rentable, ceteris paribus, en el sentido de que, si las cosas van bien, gano, si van mal, pierde el que me prestó el dinero y, fiscalmente, los pagos de intereses al que me prestó el dinero son deducibles, deducibilidad que ha sido considerada por The Economist como la “gran distorsión” de los incentivos de los que toman decisiones en los bancos y las grandes empresas.

Pero financiar una inversión con deuda (en nuestro caso, los préstamos que los bancos hacen a sus clientes) genera el famoso conflicto entre accionistas y acreedores que aparece en cualquier compañía con responsabilidad limitada de sus accionistas. Los bancos tienen incentivos para asumir más riesgo del que asumirían si el dinero que prestan fuera suyo. Es más, si las cosas van mal, tienen incentivos para aumentar el nivel de riesgo esperando que ocurra un milagro y obtengan lo suficiente para pagar a sus acreedores y que todavía quede algo para los accionistas. Si añadimos que se trata de un banco too big to fail y que el Estado acudirá al rescate de los acreedores, los gestores tienen todavía más incentivos para tomar decisiones arriesgadas ya que sólo pueden salir beneficiados y nunca perjudicados más allá del capital aportado al banco.

Dice Admati que los bancos se emborrachan, por así decirlo, con la deuda porque los depositantes no se preocupan de vigilar qué hacen los bancos con su dinero (están asegurados) y éstos pueden utilizar los activos “comprados” con los depósitos como garantía en la asunción de nueva deuda.

Por ejemplo, imaginemos que el Banco da 500 préstamos al consumo para adquirir coches a 500 de sus clientes. El dinero para comprar esos coches viene de los depósitos que el banco ha logrado. Una vez prestado el dinero a esos 500 clientes, el banco tiene 500 derechos de crédito por la suma prestada más los intereses. Esos 500 derechos de crédito pueden cederse a otro banco o a un fondo de inversión. De esta forma, el banco recupera los fondos prestados. Eso se llama titulización. Pero también pueden usarse por el banco para pedir más dinero al mercado. Es decir, el banco emite 500 obligaciones y, en garantía de que las pagará a su vencimiento, pignora a favor de los obligacionistas los 500 préstamos para comprarse el coche que dio a sus 500 clientes. Y, como el banco cumple – entrega su dinero a los depositantes cuando estos lo demandan –, da una apariencia de solvencia que puede no ser real, es decir, el banco puede ser insolvente mucho antes de carecer de liquidez para ir “atendiendo al cumplimiento de sus obligaciones”. Para cuando el banco deja de pagar, los daños que resultan de la quiebra habrán crecido enormemente.

Las medidas propuestas en los últimos años van desde exigir a los bancos un aumento significativo del capital social (y demás activos que soporten pérdidas como las participaciones llamadas preferentes pero que son, en realidad, preferentes respecto de los accionistas pero subordinadas al pago de cualquier otro acreedor del banco) o exigirles que paguen una “prima” al Estado, según su nivel de riesgo, a cambio de que el Estado les asegure el salvamento en caso de que las cosas se tuerzan.

Admati critica

La nueva regulación del capital de los bancos (Basilea III)

Básicamente por tres razones. Porque permite niveles de capital demasiado bajos; porque continúa utilizando el criterio de “activos ponderados por su nivel de riesgo” (RWA) para determinar la solvencia de un banco y porque, aunque se crea el concepto de “amortiguador”, de manera que si el capital del banco cae por debajo del 7 % de los activos ponderados por riesgo, el banco no puede repartir dividendos ni bonus a sus directivos, añadiéndose restricciones si cae por debajo del 4,5 %,

“la ratio de endeudamiento introducida por Basilea III requiere que el capital sea, al menos, del 3 % de los activos totales, es decir, permite que los activos sean incluso superiores a 30 veces el capital medido por el valor contable de aquellos”

Hay reglas especiales para los bancos espantosamente grandes cuya quiebra tendría efectos sistémicos en todo el mundo. Estos bancos tienen que tener más capital que los demás (un 2,5 % más) y endeudarse de forma q esta deuda absorba pérdidas. Además, tienen que tener un “plan” – un testamento – que permita liquidarlos minimizando los efectos sistémicos de la quiebra. Esto último es una medida de gestión del riesgo extensible a cualquier empresa manufacturera. Cuanto más complejo y opaco sea el balance de una empresa, más difícil será reestructurarla si tiene dificultades de liquidez o se avecina la insolvencia.

Admati critica la utilización del criterio de RWA para determinar qué capital debe tener un banco porque la discrecionalidad en la valoración de los activos hace que sea una guía muy poco fiable para determinar si un banco es solvente o no. A lo que se añade que la proporción de capital exigida sigue siendo muy baja y que la deuda-que-soporta-pérdidas es “compleja, no consigue los objetivos que pretende y es francamente inferior al capital”.

¿Por qué sería deseable elevar significativamente la proporción de capital de los bancos?

“Aumentar sustancialmente las exigencias de capital proporciona muchos beneficios que van más allá de la capacidad de absorber pérdidas que permite a los bancos continuar prestando dinero tras haber incurrido en pérdidas sin necesidad de salvamento. Con más capital, los problemas de liquidez, las corridas bancarias y cualquier forma de contagio resultan menos probables. Es más, cualquier pérdida en el valor de los activos representa una proporción menor del capital, de manera que el banco necesita vender menos activos precipitadamente para hacer frente a las pérdidas. Mejor aún, las distorsiones en las decisiones de financiación y de dar crédito debidas al sobreendeudamiento se reducen. En fin, más capital es la mejor forma de reducir el subsidio implícito en forma de garantía estatal que distorsiona los mercados y premia la asunción disparatada de riesgos”

Critica Admati un reciente informe del Banco de Inglaterra. Las autoridades financieras británicas han perdido buena parte de su reputación porque, siendo Londres la capital financiera del mundo, el riesgo de captura de sus autoridades por parte de la City es tan brutal que no resulta extraña la abultada factura que han pagado los ingleses por la crisis bancaria ni que los peores derivados puramente especulativos fueran “santificados” en Londres y, desde ahí, extendidos por todo el mundo. La crítica al informe se basa en que

“los autores presumen, erróneamente, que todos los préstamos aumentan el bienestar social y olvidan que todos los préstamos que no debieron ser concedidos (recuérdese lo que hicieron las Cajas en el pico de la burbuja) son puro despilfarro y que demasiado crédito arriesgado puede colocar a los bancos que tienen poco capital en riesgo de insolvencia lo que, a su vez, crea disrupciones y reduce el nivel de crédito incluso si no hay crisis o las pérdidas son absorbidas por los accionistas”.

Lo que habría que hacer es – dice Admati – exigir a los bancos que eleven progresivamente su capital mediante aumentos de capital y formación de reservas (no repartiendo dividendos). Si un banco tiene dificultades para que el mercado de acciones le finance, tendremos una información preciosa sobre la confianza que merece su balance.

Los bancos tendrían que tener – continúa Admati – un capital equivalente al 30 % del valor de sus activos, es decir, niveles de capital semejantes a los de las empresas manufactureras. Parece razonable ¿o hay algo en la actividad de los bancos que permita considerar que soportan en menor medida el riesgo de devenir insolventes cuando se eleva su endeudamiento? Más bien, cabría pensar lo contrario si se tiene en cuenta que, como hemos dicho, valorar los activos de los bancos es más difícil y menos seguro que valorar los activos de una empresa manufacturera. ¿cuánto vale un crédito? Depende de la solvencia del deudor, solvencia que se modifica continuamente y que depende, a su vez, de la confianza del “mercado” en tal solvencia. Dados los sesgos en la conducta de los grupos humanos (conducta de rebaño, desaparición del mercado cuando muchos tratan de deshacerse de un activo al mismo tiempo); la complejidad de los productos financieros que incorporan esos créditos de manera que no se sabe con certeza ni el rango del acreedor, ni el nivel de garantía del que se disfruta en relación con la totalidad o una parte del crédito… etc., si hay razones para hacer algo es para exigir más capital a un banco que a una empresa manufacturera.

No te hagas trampas al solitario

Admati ataca, a continuación el RWA.

Esto consiste en que el riesgo asignado a cada activo es diferente en función de la probabilidad de que resulte fallido (¿qué probabilidad hay de que el deudor del banco no devuelva a éste el capital y los intereses pactados? ¿qué probabilidad hay de que el banco tenga que hacer buena la garantía que otorgó a uno de sus clientes?). Pues bien, al asignar riesgo cero a los activos clasificados (por las agencias de rating) con una triple AAA, aumentaron la demanda y, naturalmente, provocaron un aumento de la oferta de tales activos. Los financieros se dedicaron a “producir” activos con esa clasificación aunque, para hacerlo (no es posible que todos los niños de un pueblo sean más altos que la media de los niños de ese pueblo) tuvieran que generar créditos basura en enormes cantidades (en esto consistían los CDOs) elevando así, el riesgo sistémico en caso de que ocurriera un “desastre” como el estallido de la burbuja, burbuja, a su vez, generada por esa demanda de activos “seguros” propiciada por la propia regulación de Basilea II. Además, al asignar un riesgo más bajo a la deuda pública, distorsionaron las decisiones de los bancos que se dedicaron, conforme aumentaba el riesgo de recesión, a acumular deuda de sus gobiernos dando lugar a que la suerte de los Estados y de sus bancos se estrechara hasta el punto de poner en peligro la supervivencia del euro.

Si a estas distorsiones le añadimos la reluctancia de los bancos a aumentar capital, el RWA conduce a los bancos a mantener elevados niveles de determinados tipos de deuda, probablemente, la menos deseable desde el punto de vista del bienestar social porque no es la que se crea cuando los bancos financian las actividades empresariales, sino los deseos de especular de los inversiones financieros.

“Sólo debería ponderarse por nivel de riesgo para aumentar el volumen de capital requerido, cuando la opacidad dificulta la estimación del riesgo. El sentido de la regulación del capital es preparar al banco para lo “desconocido desconocido”. Tener demasiado capital no debería ser una preocupación en el futuro».

Asigna el riesgo al que puede diversificarlo mejor: los accionistas

La segunda crítica de Admati se refiere a los títulos de deuda que fungen como capital (el famoso Tier 2). Citando a Persaud, califica a estos como una quimera porque no es realista que las autoridades tengan los arrestos para imponer pérdidas a los titulares de esta deuda antes de que se haya abierto el proceso de reestructuración o liquidación del banco ante el temor de desatar un pánico bancario y mucho menos cuando son muchos los bancos que están sufriendo las dificultades simultáneamente.

¿Para qué necesitamos un instrumento complejo, difícil de implementar, si tenemos a disposición uno simple y transparente como es el del capital social? ¿Qué ganamos asignando a varios niveles de stakeholders diferentes rangos y riesgos de soportar las pérdidas si podemos asignarlos de forma transparente y simple a una sola categoría, esto es, a los que aportan el capital? Una vez más, las ganancias de eficiencia de una mejor asignación de los riesgos en función del “apetito” por el riesgo de los inversores están sobrevaloradas, sobre todo cuando se trata de colocar ese riesgo entre el público inversor que sufre enormes asimetrías de información respecto a los que diseñan esta asignación del riesgo y que son remunerados extraordinariamente por ahorrar a un banco un punto porcentual de capital (common shares). Es cierto que obligar a los bancos a tener mucho más capital parece la respuesta más simple y robusta.

En este punto, las reticencias de los reguladores a subir drásticamente la cifra de capital de los bancos puede tener que ver con los directivos y empleados de alto nivel de los bancos. Si se reduce la rentabilidad de los bancos – lo que parece que ha ocurrido en los últimos años – y los accionistas han de ser remunerados a cambio de su capital, es obvio que la menor rentabilidad se traducirá en una reducción de la remuneración que reciben los directivos de los bancos (y un reforzamiento del incentivo de los banqueros para aumentar su tamaño para aumentar la base sobre la que se calcula su salario). Y esta reducción, paradójicamente, mejora el bienestar social porque reduce los incentivos de los directivos para asumir riesgos (en una situación de riesgo moral porque no soportan las pérdidas) y reduce la desigualdad en la Sociedad si se tiene en cuenta que el mayor peso de los ingresos del sector financiero es, en alguna medida, culpable del incremento de la desigualdad.