Por Miguel Iribarren

La responsabilidad frente a los inversores

En la edición electrónica del periódico alemán Die Welt aparecía hace unos días un artículo sobre el escándalo de Volkswagen bajo un título muy curioso, similar al de esta entrada [Hat Volkswagen noch eine zweite Dummheit begangen? (¿Ha cometido Volkswagen una segunda tontería?), ]. Se preguntaba su autor acerca del posible incumplimiento de Volkswagen, en tanto que sociedad que cotiza en la bolsa alemana, de determinadas reglas del mercado de valores. Incumplimiento que se sumaría a la infracción de las normas medioambientales estadounidenses y al fraude a los consumidores de sus vehículos como consecuencia de la manipulación, reconocida por la propia sociedad, de los datos de las emisiones de los motores diésel. Parece ser que el BaFin, el organismo supervisor del mercado de valores alemán (equivalente a nuestra CNMV), ha iniciado ya una investigación sobre dichos incumplimientos.

No hay que olvidar que la cotización en bolsa lleva consigo -en Alemania así como en general en todos los países avanzados- un deber de plena transparencia o full disclosure. Las sociedades cotizadas, por el hecho de serlo, están obligadas a informar al mercado no ya solo sobre su situación económica o acerca de los detalles de su sistema de gobierno corporativo cada cierto tiempo, sino sobre cualquier hecho relevante que les afecte y desde el mismo momento en que sea conocido por su órgano de administración. No hacerlo es, por supuesto, sancionable administrativa e incluso penalmente, pero además justifica la responsabilidad civil ante todos aquellos inversores defraudados. En el caso de Volkswagen, me atrevería a afirmar, con los datos de que disponemos, que muy difícilmente va a poder evitar esa (onerosa) responsabilidad frente a los inversores. Me arriesgaría incluso a pronosticar que las indemnizaciones que en conjunto tendrá que pagar a quienes negociaron sobre sus acciones -y otros valores emitidos por la sociedad o relacionados con ellos- no serán -si es que no son más elevadas- muy inferiores a las multas (probablemente multimillonarias) impuestas por la administración estadounidense o a las cantidades que deberá pagar a los compradores de vehículos con los motores trucados.

El sistema alemán de protección de los inversores ante la difusión de informaciones falsas  o la omisión de información relevante es de los más exigentes. La ley alemana del mercado de valores no solo obliga a los emisores a hacer público inmediatamente cualquier hecho relevante para los inversores del que exista noticia (parágrafo 15), sino que establece expresamente, en caso de reticencia, una responsabilidad por daños frente a todos aquellos sujetos que hubieran adquirido los valores después del momento en que se debió publicar la información indebidamente omitida, con la condición -lógicamente- de que los conservaran en el momento de su publicación (parágrafo 37b). Con un ejemplo sencillo se entenderá mejor: Una persona que hubiese comprado  acciones de Volkswagen hace dos semanas por un precio de 100 euros, podría exigir una indemnización de 40 euros si, como ha ocurrido, su valor actual es de 60 euros una vez descubierto el fraude.

Además, el derecho procesal alemán da facilidades a los inversores para ejercer las acciones de responsabilidad. Sobre todo porque permite resolver en un único procedimiento -del que se pueden beneficiar todos aquellos que se encuentren en la misma situación- cuestiones o aspectos comunes a los procedimientos singulares que cada uno de los inversores perjudicados pueda instar, lo que simplifica y abarata sustancialmente los trámites de las reclamaciones singulares (p. ej. libera de la carga de probar cada uno de los presupuestos de la responsabilidad).

Un elemento clave de la responsabilidad de Volkswagen frente a los inversores, del que dependerá en buena medida la dimensión que finalmente alcance, será si sus administradores conocían la manipulación y en caso afirmativo desde cuándo, porque ese será el preciso momento en que se habrá producido el incumplimiento del mencionado deber de informar al mercado. El peor escenario para Volkswagen se daría si se demuestra que sus administradores idearon o autorizaron la manipulación de los motores, porque ello implicaría que disponían ya en ese momento inicial de la información relevante para los inversores que fue sin embargo ocultada. Martin Winterkorn, el recién dimitido presidente del consejo de dirección, ha declarado que él no tuvo nunca noticia alguna del fraude, pero no está nada claro que eso sea verdad.

El riesgo de responsabilidad frente a los inversores a que se enfrenta Volkswagen es además internacional. No existe garantía de que esa responsabilidad se reduzca al mercado de valores alemán aunque sus acciones coticen solo en ese mercado. Esto último es cierto, pero fuera de Alemania se negocian valores que toman como subyacente acciones de Volkswagen, como los ADRs estadounidenses. De ahí que no se pueda descartar que Volkswagen deba indemnizar también a inversores de otros países. Si los estadounidenses, en particular, se deciden a actuar y los jueces de ese país acceden a sus demandas de responsabilidad, los daños para Volkswagen pueden multiplicarse. Algunos inversores ya están dando pasos: un fondo de pensiones de Michigan, cuyos ADRs han perdido un tercio de su valor en apenas una semana, ha sido el primero en demandar a Volkswagen exigiendo la compensación de las pérdidas sufridas. Veremos si otros inversores perjudicados emprenden ese mismo camino.