Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz

 

¿Habría contraído Irene Montero el coronavirus si no hubiese ido a la manifestación del día 8? Supongo que ese tipo de planteamientos contrafactuales no admiten  respuesta científica. ¿Sabía la Delegación del Gobierno en Madrid, órgano dependiente de la Administración del Estado, el riesgo de salud pública que corrían los asistentes y por tanto habría debido no permitir la reunión? Tampoco va a ser fácil disponer de una respuesta indiscutible. Aunque, habida cuenta de las circunstancias concurrentes (una manifestación de una causa muy ideologizada y que hoy coincide con el matrix gubernamental, para entendernos) y además estando la Delegación del Gobierno ocupada por un apparatchik de partido (el Secretario General de la Federación, nada menos), es de suponer que la mayoría de la opinión pública, que conoce el percal, piense que el interés general sanitario quedó pospuesto ante otro tipo de consideraciones. Los del gremio de la política no razonan y deciden sino en función de la calculadora electoral. Si acaso, hechas las sumas y las restas, el resultado acaba coincidiendo con la legalidad, o con el interés público, que algunas veces sucede, porque las flautas suenan de vez en cuando, es algo que se debe celebrar.

Los que se dedican a ese oficio tienen su propia ética, que se rige por la responsabilidad (¿qué sucede si, sea verdad o mentira, digo tal o no digo cuál?) y no por las convicciones: lo explicó Max Weber en sus famosas conferencias de Múnich hace más de un siglo, editadas en español con el nombre de “El político y el científico”. Pero -punto crucial- él pensaba que en la ponderación de esa responsabilidad no entraban los cálculos electorales. Y sucede que hoy, se insiste, esas cuitas son las únicas o casi las únicas: la famosa “democracia de audiencia”, que la sociedad de las redes sociales no ha hecho sino elevar a su máxima expresión. Con la consecuencia que es conocida: que la segunda de las preguntas del párrafo anterior ya se haya visto respondida por mucha gente por razones sólo intuitivas.

Y los primeros que no ignoran que los políticos han perdido la credibilidad son ellos mismos. No es casual que, para la información sobre la epidemia -información que tiene que no ocultar la verdad pero al tiempo no crear alarma: dar con el punto, y además, irlo ajustando a cada momento resulta complejísimo- hayan puesto a un portavoz proveniente del funcionariado: es el Catón de los Manuales de gestión de las crisis. Y sin que nadie ignore que tampoco la ciencia es objetiva ni se rige por las matemáticas.

El derecho de manifestación (“reunión pacífica y sin armas”) está proclamado por la Constitución en el Art. 21 e incluye, por supuesto, el derecho a no manifestarse, aunque el texto no lo proclame de manera expresa (como sí lo hace el Art. 28 con respecto a la libertad sindical: “nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato”). Más discutible sería el eventual derecho de los asistentes a impedir que otros los secunden, por entender que, aunque pretendan ocultarlo, su ideología es perversa y se lo impide. Por ejemplo, los militantes de Ciudadanos el pasado día 8 o, hace unos meses, en el Día del Orgullo en el centro de Madrid. Ese derecho a que otros no ejerzan ese mismo derecho resulta -para decirlo con suavidad- problemático, conceptualmente hablando. Pero sin duda estaba detrás de la convocatoria de la manifestación, de quien la autorizó y de quienes encabezaron la marcha, como se vio: la causa (aquí, el feminismo, pero el argumento se puede aplicar a cualquier otra cosa) es mía y sólo mía. Como García Lorca es de izquierdas y Muñoz Seca de derechas, porque a cada uno de ellos lo fusilaron los otros y esa barrera resulta insalvable. A la manifestación tiene que venir todo el que a mí me guste (es un verdadero deber) pero, eso sí, ni uno más.

¿Para cuando un orden público -la gestión de la calle- en manos de Administraciones independientes? ¿No lo merece más que, por ejemplo, la política monetaria o la regulación de la energía? Entre otras razones, para evitarnos, por ejemplo, que en Cataluña el espacio público estuviera lleno de lazos amarillos (o de cualquier otro color). El 8 de marzo se trataba precisamente de celebrar a toda costa la manifestación porque en realidad se trataba de un acto de partido (algo como tal no ilícito) y lo propio de los mismos es no sólo excluir sino además exhibir la exclusión, a modo de un acto de propaganda, como hacía el franquismo en la plaza de Oriente o, antes, Serrano Suñer el 24 de junio de 1941 en el balcón de Alcalá 44 llamando a la División Azul: para que todo el mundo vea cómo tienen que apechugar los que, aunque pretendan dar gato por liebre, no son en realidad de la pandilla de los buenos, que es la mía.

La partitocracia (algo necesario en democracia, pero sabiendo sus contraindicaciones) resulta especialmente peligrosa si se alimenta de guerracivilismo. En esos escenarios, ni Art. 21 de la Constitución, ni interés general sanitario ni interés general sin apellidos: todo salta por los aires porque le falta el sustrato. El más mínimo sustrato: que las cosas de todos, y la calle es una de ellas y la causa del feminismo otra, son verdaderamente de todos.

A la Ministra enferma de coronavirus (a ella y a todos los que sufren la dolencia) se le puede augurar (y debe celebrarse) una recuperación pronta. De ese problema, me refiero. Porque me temo que hay otros virus, los ideológicos, que lo ponen más difícil para curarse.Antonio

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