Por Jesús Alfaro Águila-Real

 

La doctrina mayoritaria ha considerado tradicionalmente como un rasgo de la personalidad jurídica corporativa la responsabilidad limitada de los socios por las deudas sociales. Esta posición asume que habría una distinción entre la personalidad jurídica de una sociedad de personas y la de una corporación – una sociedad de capital, por ejemplo –. Ambas serían distintas. Se habla de personalidad jurídica simple – la de las sociedades de personas –  y compleja – la de las sociedades anónimas – y la diferencia estribaría en la responsabilidad de los socios por las deudas del patrimonio social en las primeras – comunicación entre el patrimonio social y el de los socios – y la responsabilidad limitada rectius, incomunicación patrimonial – en las segundas. El patrimonio de las primeras estaría ‘separado’ del patrimonio de los socios mientras que estaría ‘incomunicado’ con éste en las segundas. 

A mi juicio, esta comprensión de las diferencias entre sociedades de personas y sociedades de capital no es correcta. La personalidad jurídica es un predicado jurídico unitario.  Y se predica en el mismo sentido de una sociedad civil y una sociedad anónima (o, para el caso, de una fundación o una asociación). Un patrimonio está personificado o no lo está. Y está personificado o no con independencia de si los patrimonios de los socios o miembros de la corporación responden o no de las deudas del patrimonio social o corporativo (¿la fundación limita la responsabilidad del fundador?)

La responsabilidad limitada no es, por tanto, un elemento de la personalidad jurídica. No se exige ni deja de exigirse, para que un patrimonio esté personificado, que otros patrimonios respondan o no respondan de sus deudas. Un patrimonio está personificado si se le pueden imputar derechos – créditos y obligaciones – deudas patrimoniales (sujeto de imputación, capacidad jurídica) y está dotado de capacidad de obrar (agencia). Que respondan de esas deudas que se imputan a ese patrimonio otras personas (rectius, otros patrimonios) o que de esas deudas responda en exclusiva el patrimonio por cuya cuenta se contrajeron no es algo que modifique el contenido de la personalidad jurídica.

 

¿Cuál es el origen de toda esta confusión?

A mi juicio, la responsabilidad limitada ha sido una pieza mal definida por nuestra doctrina como consecuencia de dos errores analíticos.

El primero proviene del arrastre de concepciones “presentistas” de las sociedades mercantiles medievales y de la Edad Moderna, es decir, de la utilización de las sociedades colectivas como modelo ‘simple’ para analizar las sociedades anónimas, sin darse cuenta de que la sociedad anónima no tiene su origen en la sociedad colectiva sino en una combinación de la corporación con el condominio naval y la sociedad comanditaria (v., ampliamente, ALFARO, InDret, 2016, apartado 3).

Y es de la esencia de cualquier corporación que los socios no respondan con su patrimonio de las deudas de la corporación. Ni los vecinos respondían de las deudas de la ciudad, ni los monjes de las deudas del monasterio, ni los estudiantes de las deudas de la universidad. Era impensable, pues, que los accionistas de una sociedad anónima del siglo XVII o XVIII respondieran con su patrimonio de las deudas de la corporación – sociedad anónima. Pero como los socios colectivos sí que afianzaban con su patrimonio las deudas sociales, la literatura jurídico-mercantil del siglo XX dedujo, a contrario, la existencia de un privilegio que las leyes de sociedades anónimas habrían otorgado a los ‘capitalistas’ al establecer que los accionistas no responderían con su patrimonio de las deudas sociales.

Esta conclusión a contrario se basa en un segundo error que alcanza ahora a la naturaleza de la responsabilidad de los socios colectivos por las deudas sociales. El legislador impuso esta responsabilidad como un añadido a la de la sociedad – no en vano se asimila la posición del socio colectivo a la de un fiador de la sociedad – por los elevados costes (‘legibilidad’ en el sentido de Scott) que tenía para los terceros que se relacionaban con la sociedad colectiva distinguir el patrimonio social del patrimonio individual de los socios en las épocas pre-contemporáneas en las que no había obligación de contabilidad ni registro ni otros mecanismos que hoy reducen notabilísimamente los costes de actuar en el tráfico por cuenta de patrimonios no individuales. De hecho, y como explicara extensamente Sáez en su libro sobre la sociedad en formación, la responsabilidad del socio colectivo por las deudas sociales está más cerca de la ‘responsabilidad del actuante’ que es la «pieza típica del régimen jurídico… de las formas sociales no inscritas» que de la responsabilidad ilimitada (p 294 ss). Los actuantes, en el caso de las sociedades colectivas, inscritas o no inscritas son, de modo natural, los socios.

De forma que no había ninguna necesidad, desde el punto de vista de la política jurídica, de extender esa “fianza legal” de los socios de la colectiva a los miembros de una corporación dedicada al ejercicio del comercio como fue la sociedad anónima cuya identificación (de su patrimonio) por parte de las potenciales contrapartes no presentaba costes elevados. Es más, lo procedente es, probablemente, terminar con esta fianza legal una vez que el patrimonio de la sociedad colectiva puede identificarse y los terceros disponen de mecanismos a bajo coste para determinar qué bienes pueden atacar para cobrarse sus créditos.

 

El artículo 1698 CC

En la misma dirección apunta el tenor literal del art. 1698 CC, que bien podría añadirse a la lista de José María Miquel de los ‘desprecios al Código civil‘. En efecto, dicho precepto reza que «los socios – de la sociedad civil – no quedan obligados… respecto de las deudas de la sociedad». He omitido a propósito la palabra ‘solidariamente’ que figura también en el precepto. El precepto no puede ser más diferente del art. 127 C de c., que afirma casi simétricamente que «[t]odos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla». El contraste no puede ser más claro: los socios de una sociedad civil «no quedan obligados» por las deudas sociales mientras que los socios de una compañía colectiva «estarán obligados personal y solidariamente». A pesar de lo cual, la doctrina mayoritaria actual afirma (es un párrafo de Paz-Ares, Comentario del CC, tomo II, art. 1698, pp 1481-1482)

«La responsabilidad de los socios es personal e ilimitada. En este punto no hay dudas en la doctrina y la jurisprudencia… Un sector minoritario de nuestra doctrina considera, no obstante que los socios no responden por las deudas sociales. El argumento invocado es la personalidad jurídica de la sociedad civil. Si la sociedad civil goza de personalidad jurídica – se dice – las obligaciones se imputan a ella y, por tanto, ella – y sólo ella – es la responsable de su cumplimiento. Los socios no responden directamente porque no están obligados ni indirectamente porque la fianza, a tenor de lo dispuesto por el art. 1827, no se presume). 

cita Paz-Ares a Pérez y Alguer y a Manresa y lo critica diciendo que

Es éste, sin embargo, un planteamiento que se funda en un espejismo – lo que Kelsen denominaba la hipóstasis de la persona jurídica – y que contradice la estructura de la sociedad civil y el propio tenor del Código. El artículo 1698 I no dice que los socios no respondan; dice precisamente lo contrario, que responden pero no solidariamente… No hay duda pues de que la responsabilidad de los socios no es una responsabilidad limitada (al importe de lo que se obligaron a aportar), sino una responsabilidad ilimitada (art. 1911 CC).

Quizá Pérez y Alguer y Manresa tenían razón. Y quizá el ‘culpable’ sea Kelsen. Como he expuesto en otra entrada, una persona jurídica no es – como pretendía Kelsen – un sujeto de imputación provisional. Es un sujeto de imputación definitiva de efectos patrimoniales porque los efectos se imputan al patrimonio separado. No deja de ser llamativo, en este sentido, que la doctrina más antigua sea la que afirma que los socios de una sociedad que tiene personalidad jurídica no responden con su patrimonio de las deudas sociales (a Manresa no le pudo influir Kelsen). Como vengo explicando, esa era la concepción histórica de las personas jurídicas ¡corporativas! que se «adosó» a las sociedades de personas en la Codificación. Y si el accionista o el asociado no respondían de las deudas sociales ¿por qué había de hacerlo el socio de una sociedad civil? La regla que necesitaría de una explicación adicional no sería, pues, el art. 1698.1 CC así entendido, sino el art. 127 C de c que añade la responsabilidad de los socios colectivos a la de la sociedad y que se explica como una fianza legal impuesta por el Código para reforzar el crédito de las sociedades dedicadas al comercio en una época en la que los costes de transacción relativos a la apreciación de la solvencia de las compañías eran muy elevados. De ahí que Manresa – según dice Paz-Ares – argumentara con la ausencia de una imposición semejante por el codificador civil. En fin, no se entiende por qué el codificador civil no dijo simplemente: los socios quedan obligados subsidiariamente respecto de las deudas de la sociedad.

 

Los socios comanditarios y el socio industrial

Y lo propio cabe decir respecto de los socios comanditarios y los socios industriales en la sociedad colectiva. En relación con los primeros, es evidente que los socios comanditarios son socios de una sociedad colectiva pero también que no responden con su patrimonio de las deudas del patrimonio social. Y esta conclusión vale tanto si estamos ante una sociedad regular colectiva como ante una sociedad irregular. De forma que la doctrina según la cual el capital social sustituye a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales es inadmisible. En relación con los socios industriales, quizá sea el momento de volver a la interpretación tradicional del art. 141 C de c no consagra la responsabilidad del socio industrial por las deudas sociales sino, como dice estrictamente su tenor literal, simplemente que, en sus relaciones con los demás socios, el socio industrial no responde (por tanto, ad extra) de las deudas sociales ni participa (ad intra) en las pérdidas cuando se haya de proceder a la liquidación. O sea, una vez más, que la norma excepcional es el art. 127 C de c que añade a la responsabilidad del patrimonio social la ‘fianza’ de los socios colectivos. 

 

Una vez confundido todo…

La confusión que ha traído consigo la concepción de la responsabilidad limitada de los accionistas como un “privilegio” ha llevado a toda suerte de construcciones para limitarlo en beneficio de los acreedores de las corporaciones mercantiles sin darse cuenta de que, no sólo no supone un privilegio en el sentido etimológico de la palabra, – es más bien la regla general – sino que hacer responsables a los patrimonios de los accionistas del pago de las deudas del patrimonio corporativo supondría otorgar un windfall profit – un beneficio inmerecido – a los acreedores de la sociedad anónima que, cuando contrataron con el patrimonio social, habían de contar exclusivamente con dicho patrimonio como garantía. En cuanto a los acreedores extracontractuales (non adjusting creditors en la jerga de la literatura norteamericana sobre el particular), los criterios para determinar el patrimonio responsable frente a la víctima de los daños – y, por tanto, el que puede atacarse para obtener la indemnización de los daños – son autónomos y no se ven afectados por la separación entre el patrimonio de la sociedad anónima y el patrimonio de los accionistas (esto último lo he explicado con algo de detalle en ALFARO, J., Limited Liability of Shareholders: Status Quaestionis, 2007). Por poner un solo ejemplo para terminar: si un paseante sufre heridas a consecuencia de la caída de un tiesto desde un edificio corporativo, la víctima podrá atacar no sólo el patrimonio de la corporación propietaria del edificio, sino también el de los empleados y administradores de ésta que tenían el deber de garantizar la inocuidad de los edificios propiedad de la misma. Son los criterios de la causalidad e imputación los que determinan qué patrimonio es responsable y, por terminar con otro grupo de casos, es el legislador fiscal el que determina qué patrimonios responden de las deudas fiscales del patrimonio social además de éste.


Foto: @thefromthetree

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