Por José Antonio Segura Prieto

El contratista acepta un proyecto modificado o una ampliación del plazo para poder terminar la obra. Meses después reclama los sobrecostes del retraso y la Administración le opone que firmó sin reservas.

¿Ha perdido por ello el derecho a reclamar?

La respuesta es no, al menos no por ese único motivo. Pero sería igualmente equivocado concluir que la falta de reserva carece de consecuencias: el contenido del acuerdo y la conducta de las partes pueden resultar decisivos.

Aceptar la nueva obra o el nuevo calendario no equivale necesariamente a aceptar todas sus consecuencias económicas. Para rechazar la reclamación no basta con señalar que el contratista guardó silencio; hay que examinar qué aceptó realmente. La STS 372/2026, de 25 de marzo, recurso 1078/2024, permite analizar las consecuencias de firmar sin reservas y la relevancia de la conducta del contratista.

Antes de hablar de reservas: ¿qué se está aceptando?

No son lo mismo aprobar nuevas unidades de obra, fijar su precio, ampliar el plazo y acordar una compensación por el retraso. Un modificado puede remunerar prestaciones adicionales sin incluir los costes de permanecer más tiempo en la obra. También puede incorporar una solución económica que sí cubra determinadas consecuencias. Lo relevante no es la etiqueta del documento, sino su contenido, esto es, qué prestaciones modifica, cuáles son las partidas que abona y qué cuestiones deja pendientes.

Tampoco deben confundirse modificación y ampliación temporal. La STS 1088/2025, de 21 de julio, recurso 4247/2022, distingue ambas figuras: la prórroga incide en el tiempo, mientras que el modificado altera condiciones sustantivas, aunque pueda incorporar un nuevo plazo. En las obras conviene precisar, además, si se habla de la prórroga de duración del artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), o de la ampliación del plazo de ejecución por retrasos no imputables al contratista del artículo 195.2. No son categorías intercambiables.

También debe atenderse a la legislación aplicable a cada contrato. La sentencia de marzo de 2026 resuelve un litigio planteado bajo el prisma de la Ley 30/2007. El auto de admisión identificó como normas a interpretar sus artículos 23.2 y 197.2 y, como equivalentes vigentes, los artículos 29.2 y 195.2 de la LCSP. Sus criterios sobre la aceptación sin reservas son relevantes para interpretar situaciones actuales, pero no permiten prescindir del régimen legal aplicable a cada contrato ni identificar sin matices las reglas históricas y las vigentes.

Firmar sin reservas no equivale automáticamente a renunciar

La jurisprudencia rechaza que la sola aceptación de un modificado sin objeciones cierre toda reclamación posterior. La renuncia debe constar expresamente o poder colegirse razonablemente de los hechos; no puede deducirse únicamente del hecho de que el contratista aceptara continuar la obra en las nuevas condiciones. Así lo reflejan las SSTS de 13 de julio de 2015, recurso 1592/2014, y de 13 de febrero de 2018, recurso 2832/2015. La STS 1688/2019, de 10 de diciembre, recurso 2294/2016, rectificó precisamente una denegación que se apoyaba en esa aceptación sin examinar suficientemente las circunstancias y el contenido del modificado.

El contratista puede estar conforme con ejecutar las unidades añadidas y con el precio que las remunera, sin aceptar que ese importe cubra también los perjuicios de una demora anterior o posterior. Para considerar saldadas esas consecuencias económicas es necesario comprobar si quedaron comprendidas en lo pactado. No basta con presumir que todo aumento de presupuesto absorbe cualquier sobrecoste de prolongación.

La STS 1088/2025 aplica expresamente ese enfoque a las prórrogas y exige una respuesta “necesariamente casuística”. En aquel asunto, las instancias habían rechazado la reclamación relativa a las primeras ampliaciones por la falta de reserva y por la aceptación de modificados y nuevos precios. El Supremo consideró insuficiente ese razonamiento, ya que debía examinarse la causa de los retrasos y si los acuerdos económicos habían incluido los daños reclamados. Tras valorar esos extremos y la prueba, reconoció el derecho a indemnización por las cuatro primeras prórrogas, con cuantificación en ejecución de sentencia.

Ahora bien, esa regla no significa que solo una renuncia escrita pueda perjudicar al contratista. La conducta, el contenido de los documentos y las circunstancias pueden permitir una conclusión desfavorable. La STS 372/2026 reitera el rechazo de los automatismos, pero confirma una desestimación respecto de dos ampliaciones aceptadas sin reservas.

Conviene separar, por tanto, tres preguntas: (i) si el contratista renunció o aceptó una solución que comprendía las consecuencias económicas discutidas; (ii) si el retraso es imputable a la Administración; y (iii) si los daños reclamados existen y están acreditados. Constatar que no hubo renuncia no resuelve las otras dos. Tampoco la mera ausencia de culpa del contratista demuestra, per se, la responsabilidad administrativa.

¿Puede una reserva posterior proteger las ampliaciones anteriores?

La reserva posterior puede formar parte del contexto que se valore, pero no demuestra por sí sola que el contratista mantuviera idéntica posición cuando aceptó una ampliación anterior.

COMSA ejecutaba las obras del tramo Túnel de la Canda-Vilavella de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. El plazo inicial, de veintiséis meses, fue objeto de ocho prórrogas. La contratista no se opuso a ellas, aunque desde la tercera dejó constancia expresa de su intención de reclamar los perjuicios de la prolongación. La controversia sobre el alcance de esa conducta quedó centrada, a efectos de la cuestión casacional, en las dos primeras ampliaciones (STS 372/2026, fundamentos primero, segundo y quinto).

Al valorar esas dos ampliaciones, la Audiencia Nacional no se limitó a señalar la falta de reserva: tuvo en cuenta la conformidad prestada, su aprobación sin incremento presupuestario y el contraste con las reservas formuladas después. Apreció un mutuo acuerdo para fijar nuevos plazos. El Supremo consideró que esa valoración no era arbitraria ni irrazonable y destacó que COMSA no había explicado por qué su conducta fue distinta al principio.

La contratista pretendía que las reservas posteriores revelasen también la voluntad mantenida al aceptar las primeras prórrogas. La Sala rechazó esa inferencia automática porque “invierte el orden temporal de sus manifestaciones” (fundamento quinto). Invocar que la renuncia no se presume tampoco bastaba para eludir el examen del comportamiento concreto de las partes.

La sentencia no establece que una reserva posterior nunca pueda ayudar a interpretar actos anteriores, ni que toda ampliación sin aumento de presupuesto cierre una reclamación. Confirma que, en aquel contexto, la reserva tardía no neutralizaba por sí sola la valoración de las primeras aceptaciones.

La reserva no sustituye la prueba del sobrecoste

Incluso cuando no se aprecia renuncia, la reclamación puede fracasar por motivos distintos. En el asunto COMSA, los restantes períodos tropezaron con problemas de imputación del retraso o de acreditación de los perjuicios.

El fundamento sexto de la STS 372/2026 aborda subsidiariamente la prueba de costes, advirtiendo que esa cuestión había quedado fuera del interés casacional delimitado en la admisión. Su objeción no es una prohibición general de los porcentajes. El informe sobre gastos generales utilizaba datos del área de infraestructuras de la empresa sin vincular suficientemente el incremento a la obra concreta ni distribuirlo entre sus distintos contratos. No quedaba acreditado qué gasto adicional se debía a la prolongación y qué gasto se habría producido igualmente.

La sentencia conecta esta exigencia con las SSTS 1542/2025, de 27 de noviembre, recurso 5384/2022; 40/2026, de 21 de enero, recurso 2491/2023; y 268/2026, de 5 de marzo, recurso 7059/2023. Estas resoluciones tratan los gastos generales derivados de suspensiones o paralizaciones de la obra bajo la Ley 30/2007: exigen acreditar la producción del daño y permiten, en las condiciones que precisan, estimar su cuantía mediante porcentajes cuando la prueba del alcance no resulte determinante. No autorizan a presumir un perjuicio por la mera aplicación de un porcentaje.

Cómo reducir el riesgo sin convertir cada firma en un recurso

  • Expresar qué se acepta y qué queda pendiente. Cuando ya se identifique un posible perjuicio, conviene precisar que la conformidad se refiere al modificado, a determinadas unidades o al nuevo plazo, y aclarar si las consecuencias económicas de la demora quedan pendientes. Para reducir ambigüedades, es preferible relacionar la reserva con la ampliación y los perjuicios de que se trate, en lugar de confiar exclusivamente en una fórmula genérica.
  • Revisar los documentos posteriores según su contenido. No existe una regla general que obligue a repetir idéntica reserva en toda certificación o acta. Sí resulta prudente comprobar si una adenda, una certificación final, la recepción o la liquidación incorporan una solución económica o pueden presentarse como cierre de una cuestión pendiente. Importa qué se liquida o reconoce realmente, y si es compatible con las reclamaciones ya comunicadas.
  • Evitar contradicciones. No es lo mismo aceptar una fecha de terminación que declarar compensados todos los perjuicios. Las reservas, solicitudes de ampliación, acuerdos de precios y liquidaciones deberían reflejar una posición consistente.
  • Preparar la prueba desde la ejecución. Conviene separar los períodos de demora, sus causas y su imputación, así como conservar los datos que permitan identificar los costes adicionales y su relación con el contrato. La concesión de una ampliación sin penalidades no sustituye ese trabajo: puede excluir la responsabilidad del contratista por el retraso sin demostrar que la Administración deba indemnizarlo.
  • Distinguir reserva y reclamación. Dejar constancia de una posición no sustituye la justificación, cuantificación y formulación de la pretensión por el cauce y dentro de los plazos aplicables. La reserva tampoco elimina la necesidad de examinar una resolución posterior que decida expresamente sobre el derecho económico discutido.
  • Examinar qué decide el acto antes de impugnarlo. La aceptación sin reservas de una ampliación no es lo mismo que dejar firme una desestimación expresa de daños. El artículo 28 de la Ley 29/1998 impide recurrir actos que sean reproducción de otros anteriores y firmes o confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Su posible aplicación exige identificar el contenido del acto previo y la pretensión posterior.

Conclusión: firmar sin reservas no extingue siempre el derecho, pero aumenta la incertidumbre

La falta de reserva expresa no basta, por sí sola, para concluir que el contratista ha renunciado a reclamar sobrecostes. Es necesario determinar qué comprendía el acuerdo y valorar la conducta de las partes. Ese examen puede favorecer al contratista, como en la STS 1088/2025, o conducir a rechazar la reclamación relativa a determinadas ampliaciones, como en la STS 372/2026.

Si las consecuencias económicas siguen abiertas, conviene decirlo desde el primer momento relevante y mantener la coherencia de esa posición: una reserva posterior no aclara automáticamente las aceptaciones anteriores. Si se reclama por una prolongación imputable a la Administración, habrá que acreditar esa imputación, el perjuicio efectivo y su relación causal con la demora. La reserva ayuda a delimitar lo que se aceptó; no crea la indemnización ni sustituye su prueba.