Por Alfonso Ruiz-Miguel

 

El pasado 29 de diciembre el diario El País publicó un artículo de Luigi Ferrajoli sobre su posición a propósito del independentismo catalán con la pretensión indicada en su título: “Deshaciendo un posible equívoco”. El artículo, previamente publicado en un semanario digital es, en realidad, la adaptación de una carta que respondía a varias objeciones de Perfecto Andrés Ibáñez y Manuel Atienza sobre las opiniones manifestadas por el filósofo del Derecho italiano en una mesa redonda a finales de noviembre en la Universidad Roma Tre.

En lo esencial, el texto tiene dos partes, una más sustantiva con la que concuerdo plenamente y otra más procedimental con la que discrepo considerablemente: en la primera, junto a la exclusión del derecho de autodeterminación en sistemas democráticos, cuya alegación en el caso catalán Ferrajoli es perfectamente consciente de que encubre un “secesionismo de los ricos”, se hace una denuncia de los nacionalismos identitarios y de extrema derecha que están asolando la democracia también en Europa; en la segunda, tras distanciarse claramente de la respuesta penal en varios aspectos (prisión provisional, dureza de las condenas, interpretación inapropiada de la sedición, impunibilidad de la conducta por tratarse de una tentativa imposible…), Ferrajoli insiste en que, en lugar del Derecho penal, el diálogo hubiera sido antes y sigue siendo ahora la única solución para este tipo de conflictos. Su conclusión es que, puesto que hay “algunos millones” de votantes catalanes que consideran a sus representantes víctimas de un proceso político, lo más útil para mantener la unidad y la cohesión en España, es que el gobierno promueva “una solución de clemencia”.

Cuando tuve noticia de la carta original por Perfecto Andrés, que aun compartiendo iguales discrepancias con ella que yo mismo me animaba a difundirla, la envié al Foro de Profesores, donde suscitó un cierto número de respuestas. Una de ellas, la de Jorge Cantallops Montero, inspector de educación destinado en Barcelona, me pareció que debía conocerla el propio Ferrajoli y se la reenvié el mismo día

… después de leer la carta de L. Ferrajoli que habéis divulgado (y que os agradezco) me he llevado una tremenda decepción, no sólo política, sino también ética e intelectual, por el contenido de la misma; por la incapacidad de Ferrajoli en diagnosticar, con el rigor analítico requerido, la gravísima situación  que se vive bajo el régimen integrista separatista, desde hace ya décadas, pero muy agravada especialmente desde hace un par de lustros, en las cuatro provincias del nordeste español (o región española denominada -hasta el momento- como ‘Cataluña’). Y es que, después de leer Derecho y Razón o Principia Iuris (entre otros), con esa finura o rigor analíticos que caracteriza a su autor,  no me hubiera podido nunca imaginar cómo su autor podría caer en esa -me permitirán- tonta y -democrática o jurídicamente- suicida ingenuidad, al ofrecer soluciones ‘políticas’ ante una tan  grave amenaza, reiterado y sistemático ataque golpista separatista,  antipolítico y antijurídico por anticonstitucional, de unos ‘poderes autonómicos salvajes’ (utilizando la terminología del mismo Ferrajoli) en un Estado Constitucional de Derecho (o de lo que queda de él…). Es como si en esa carta Ferrajoli atacara las tesis teórico-jurídico-políticas del mismo Ferrajoli, como si las invalidara él mismo; por una inaceptable, en un intelectual como él, miopía analítica.

Bien, quería dejar constancia de esta muy personal decepción (y me quedo ‘corto’). Y, a la vez, sugerirles si habría alguna posibilidad de responderle o que al menos sepa que hay lectores de su obra, y buenos conocedores -y sufridores- del separatismo del nordeste español, que nos han decepcionado muchísimo sus diagnósticos y propuestas“ (e-mail de Jordi Cantallop Montero al grupo del Foro de Profesores, 19 diciembre 2019).

Por mi parte, como información a Ferrajoli en el mismo mensaje, yo añadía que Jorge Cantallops es

… una persona que pertenece al grupo de catalanes prácticamente silenciado (en realidad no considerados “verdaderos” catalanes) por el catalanismo hegemónico, este último en conjunto formado por las clases más ricas no solo desde el punto de vista económico y social, sino también cultural (los jóvenes “revolucionarios” que vienen haciendo violento ruido los últimos tiempos son acompañantes que hacen el trabajo sucio y ya veremos su corta suerte cuando la burguesía consiga su secesión, si efectivamente la consigue).

No quisiera añadir muchos más argumentos al debate sobre Cataluña, porque, francamente, me siento muy pesimista ante el éxito mediático y propagandístico del independentismo. Me limitaré a decir que, argumento pragmático por argumento pragmático, el mío es el enorme riesgo que para la democracia española está teniendo la gravísima violación de la constitución y la legalidad que realizaron los dirigentes del proceso y su todavía persistente actitud de rebelión ante el Estado.

Y sobre la referencia a los millones de votantes del independentismo, poco más de dos. Lamento decir que los votantes de VOX son nada menos que tres millones seiscientos cincuenta mil. A riesgo de cansarte, pero también para justificar este escueto mensaje, te adjunto tres escritos míos sobre el tema: uno ya publicado con varias referencias a Cataluña, otro que aparecerá en el próximo “Jueces para la Democracia” y que explica más en detalle mis razones sobre el proceso separatista y otro, un comentario de urgencia a la sentencia del TS, con el que supongo que no estarás de acuerdo pero que también aclara mi posición sobre el tema.” (e-mail de Alfonso Ruiz Miguel a Luigi Ferrajoli, 19 diciembre 2019).

Unos días después recibí la siguiente respuesta de Ferrajoli:

«Gracias por tus escritos. En particular, comparto tus excelentes tesis contra el nacionalismo identitario, que también he apoyado muchas veces. Por lo tanto, no entiendo las razones de la discrepancia – más exactamente, diré, del malentendido – sobre lo que pienso acerca del doloroso asunto catalán y de los dos nacionalismos opuestos que están dividiendo sin sentido a España. Por tanto, le envío, adjunto – y también a Jordi Cantallops y a las direcciones que veo en la carta que me has enviado – mi artículo sobre el tema de la independencia catalana y el juicio contra los independentistas que aparece hoy en el diario catalán «Sin permiso» [Como resultará obvio, Ferrajoli no había caído en la cuenta de que el origen de mi mensaje y el de Cantallops era este mismo escrito: nota de ARM].

Se trata de la transformación en artículo de una larga carta con la que respondí a las cartas de Perfecto Andrés Ibáñez y de Manolo Atienza que criticaban mi discurso aquí en Roma el 28 de noviembre y que fue publicado en un periódico catalán. Para permitirme responder a todas estas críticas, y con mi consentimiento, Perfecto convirtió mi carta en este artículo, que también se publicará en “Jueces para la democracia”. En el artículo, además de la crítica a la independencia catalana como insensata y a la respuesta penal como excesiva y contraproducente, quise señalar la única respuesta racional – la amnistía de los condenados – ahora necesaria para facilitar el fin del absurdo enfrentamiento entre nacionalismos opuestos (un enfrentamiento de cuya dureza no me había dado cuenta hasta las muchas cartas que recibí) y la reafirmación de la convivencia pacífica de las diferencias en que consiste cualquier democracia digna de ese nombre. […].

P.D. En el artículo adjunto olvidé añadir […] que cuando en Italia, en 1997, se celebró el referéndum sobre la aprobación de la Declaración de Independencia de la (llamada) Padania, promovido por la Liga Norte y votado «sí» por casi 5 millones de personas, seguía vigente el artículo 241 del código fascista Rocco, que castigaba con cadena perpetua a «quien cometa un acto directo… para disolver la unidad del Estado». Ningún magistrado, y mucho menos el gobierno y la prensa, pensaron en incriminar a los líderes de la Liga por tal delito: el sentido común prevaleció, incluso antes de la tesis del delito «imposible» (en ese momento, no considerado por muchos como imposible en absoluto) y la interpretación constitucionalmente orientada de esa regla (modificada unos años más tarde con la adición del elemento de «violencia» como elemento constitutivo del delito).

Me pregunto qué habría ocurrido en Italia si se hubiera tratado un asunto político y de identidad de este tipo con la prisión perpetua para los líderes legales y la proscripción de una décima parte de la población italiana. Por eso no sólo yo, aquí en Italia, estoy desconcertado por la miopía de la reacción penal -desde la detención preventiva hasta los diez años de prisión- ante la similar manifestación independentista catalana. Hoy en día en Italia nadie se acuerda de ese acontecimiento, cuya falta de dramatización y penalización ha tenido como consecuencia la desaparición del secesionismo legista e incluso, desgraciadamente, su transformación en la más extrema soberanía nacionalista («Los italianos primero» es el lema de la actual Liga): una confirmación contundente del hecho de que la sustancia del nacionalismo identitario es, en cualquier caso, la afirmación de alguna identidad, cualquiera que sea, y la consiguiente lógica schmittiana del amigo enemigo: a la que no podemos estar subordinados si no queremos perder, además de la razón, la paz y la democracia» (e-mail de Luigi Ferrajoli a Alfonso Ruiz Miguel, 22 de diciembre de 2019).

Mi respuesta al anterior mensaje fue la siguiente:

“Muchas gracias por tu mensaje y por el artículo, que ya conocía por Perfecto. No quiero extender en exceso la polémica, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios, sobre los que también pongo en copia al mismo Perfecto y a Manolo (por lo demás, creo que tu mensaje anterior no ha podido llegar al Foro de Profesores como pretendías, porque justamente en días pasados se anuló la posibilidad de recibir mensajes colectivos en ese foro, como un efecto del excesivo número que se venían produciendo: he tenido noticias de que se está buscando alguna forma de canalizar una comunicación colectiva entre los activamente interesados y en caso de que prospere trasladaré esta correspondencia, que sin duda tiene carácter e interés público, en el sentido que teorizó Hannah Arendt).

Ante todo, creo que la responsabilidad esencial del problema no está en equilibrio entre dos nacionalismos, sino en el nacionalismo catalán, que decidió romper las reglas del juego constitucional con un referéndum declarado ilegal por diferentes tribunales, incluido el TC. Ese referéndum, el de 1 de octubre de 2017, fue organizado no por un partido, como en el caso de la Lega Nord en mayo de 1997, sino por las instituciones de la Generalitat catalana, y no tras una retórica declaración de independencia del líder del partido, como Bossi,  sino después de la aprobación por el parlamento catalán de dos leyes (también declaradas inconstitucionales) en las que se preveía la proclamación de la independencia de Cataluña, algo que se realizó después, aunque fuera de forma confusa y vergonzante, quiero decir mediante una votación parlamentaria secreta.

Lo decisivo es que ese referéndum de 1 de octubre tuvo una naturaleza muy diferente a la consulta de la Lega Nord de 1997, que fue organizada por un partido y se aproxima más a la previa consulta catalana de noviembre de 2014, de todos modos organizada también oficialmente por la Generalitat, aunque declarada inconstitucional solo después de celebrada sin obstáculo alguno por parte del Estado.

La diferencia más relevante es que en el referéndum del 1 de octubre, según declara la sentencia del Tribunal Supremo, se produjeron enfrentamientos violentos con la policía enviada a cumplir la resolución judicial de impedir la votación de manera proporcionada (si fue realmente proporcionada está todavía pendiente de juicio penal en los tribunales de Cataluña). Por ello, y por el conjunto del proceso, el intento de secesión (que, como habrás podido ver en mi comentario a la sentencia, estoy lejos de creer que fuera una tentativa imposible), fue gravísimo en términos de daño y de riesgo para la estabilidad democrático-constitucional.

Por supuesto, comparto contigo el deseo de una solución que garantice la convivencia pacífica dentro del sistema democrático, pero observa que eso, la unidad pacífica del sistema democrático, es lo que han intentado romper los independentistas, lo que no han desistido de seguir haciendo y lo que al final pueden conseguir, sea por la exacerbación del nacionalismo español o porque terminen consiguiendo la secesión. Sin duda que para intentar el objetivo de convivencia en democracia se deberá negociar entre los distintos actores políticos, en primer lugar en el ámbito catalán entre los distintos partidos allí presentes, sin exclusión de los que representan a los catalanes que no participan del nacionalismo independentista, que son prácticamente la mitad de la población, silenciada por la hegemonía política, social y cultural de un nacionalismo identitario, insolidario y, en su núcleo duro (que debemos confiar en que vuelva a reducirse hasta la cuarta o quinta parte del electorado que tenía tradicionalmente), insaciable hasta la secesión; asimismo, también deberá negociarse en el ámbito nacional sin la exclusión del PP, cuya exclusión fue un error gravísimo en el que incurrió el PSOE en el proceso de elaboración del último Estatuto de Autonomía y que constituye una de las varias concausas lejanas de la exacerbación contemporánea del problema catalán.

Como tú, también yo he defendido en un escrito relativamente reciente sobre el derecho de gracia que el indulto, e incluso la amnistía (cuya constitucionalidad es un tema muy discutido por la doctrina jurídica ya desde la aprobación de la Constitución), podría ser una vía de solución oportuna y hasta necesaria para el problema, pero también creo que tales actos no son por ahora posibles ni deseables dada la actitud irredenta y recalcitrante del independentismo. Me parece que tales recursos deberían ser no previos a la negociación, cuando serían vistos por los independentistas como una confirmación de la injusticia que consideran cometida con ellos, sino consecuencia de una solución conjuntamente satisfactoria.

En cuanto a tu interpretación sobre los efectos de la no penalización del referéndum de la Lega Nord, me parece contingente y localmente limitada. En la reciente experiencia española te puedo dar tres ejemplos diferentes en sentido opuesto: (a) aquí se castigó muy levemente, con sanciones pecuniarias e inhabilitaciones, la consulta catalana de 2014 y no sirvió en absoluto para detener el referéndum de 2017; (b) salvadas las distancias, en la transición se produjeron nada menos que tres amnistías, una de ellas completa, y ETA siguió asesinando durante los 40 años siguientes como si el franquismo siguiera existiendo; y (c) por último, el intento de golpe de Estado de Tejero de 1981 fue objeto de una dura condena penal y todo indica que tuvo buenos efectos disuasorios.

Por último, en un asunto como este es a veces difícil deslindar los argumentos de principio, en el plano de la justicia y la legalidad-constitucionalidad, de los argumentos meramente consecuencialistas, por los que evaluamos las posibilidades y riesgos de unas u otras para los fines de convivencia democrática.

Una de las razones de mi respeto y admiración de tu importantísima obra teórica es precisamente la especial relevancia que en ella tiene la cultura jurídica de la legalidad, nunca disociada de una concepción ética defensora de los demás valores de un Estado de Derecho democrático. Creo sinceramente que el Estado español y sus tribunales, en lo esencial, se han mantenido dentro de esos parámetros a lo largo del largo y peligroso proceso independentista catalán, y por eso me han parecido preocupantes algunas voces de prestigiosos intelectuales extranjeros que aquí han podido interpretarse como deslegitimadoras de nuestro sistema político-jurídico, especialmente por quienes, como los independentistas catalanes, han mostrado claramente con sus actos el poco aprecio en que tienen a nuestra constitución y al conjunto de los muchos millones de conciudadanos que nos reconocemos en ella. Esa es, quizá, una de las razones de la incomprensión que ha desvelado este intercambio entre nosotros y que entre todos estamos intentando aclarar mediante el diálogo” (e-mail de Alfonso Ruiz Miguel a Luigi Ferrajoli, 23 diciembre 2019).

El 30 de diciembre, dos días después de la aparición del artículo de Ferrajoli en El País, recibí otro mensaje suyo, dirigido, además de a mí, a Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero (con copia a Perfecto Andrés Ibáñez) en el que responde a sendos mensajes de los dos últimos que, tanto en su interpretación como en la mía, son de “acuerdo sustancial” con el artículo a salvo de algunos matices. Ambos mensajes, pero citando especialmente el de Ruiz Manero, le permiten a Ferrajoli insistir en su crítica a la utilización del delito de sedición, incluso hasta llegar a generalizar un criterio:

“Quedo de hecho convencido de que en los conflictos políticos identitarios que implican a millones de personas el recurso al Derecho penal solo puede agravar las tensiones”.

No voy a insistir mucho más en la necesidad de separar los argumentos de legalidad de los de oportunidad política, sobre lo que la obra de Ferrajoli puede resultar hasta exagerada en su defensa de la absoluta prevalencia de los primeros, por añadidura desde una concepción interpretativa muy formalista. Me importa más subrayar la insuficiencia de la respuesta de Ferrajoli en la única referencia explícita que hace a mis objeciones, que es toda la respuesta que he recibido a mi último mensaje:

“Lo más importante sobre lo que estamos de acuerdo, me parece, se refiere a la oportunidad política de medidas de clemencia. El único desacuerdo (leve) con Juan y con cuanto me ha escrito Alfonso en su carta del 23 se refiere al indulto o la amnistía, que pienso no solo que es urgente, sino que debe ser un acto no negociado, sino unilateral, promovido por el gobierno, precisamente si se quiere que sea entendido como expresión de una voluntad de pacificación en vez de cómo una cesión oportunista a futuras manifestaciones independentistas. Con este fin, el PSOE y Podemos deberían encontrar la valentía de no someterse a los nacionalismos de las derechas y contraponerles, además de a los independendistas catalanes, el postulado democrático de la convivencia pacífica de las diferencias…” (e-mail de L. Ferrajoli a J. Ruiz Manero, M. Atienza y A. Ruiz Miguel, 30 diciembre 2019)

Es cierto que, en efecto, el mensaje de Ruiz Manero expresaba como “único matiz” que

“la amnistía debe producirse no antes, sino tras, o acompañando a, un acuerdo político global en torno a un nuevo marco constitucional (que podría ser, y sin duda sería lo mejor que fuera, una reforma del existente). Y, aquí es donde las cosas no las veo maduras, en absoluto. Los nacionalistas catalanes siguen por ahora empeñados en la secesión (o al menos en un referéndum que posibilite la secesión) y eso es inaceptable para las fuerzas de ámbito español. Y, por otro lado, una amnistía aprobada por un gobierno del PSOE sin acuerdo político global que excluyera la secesión sería presentada por la derecha española como un acto de rendición/traición o algo de este género. De manera que las uvas, me temo, están por ahora verdes” (e-mail de J. Ruiz Manero a L. Ferrajoli, 29 diciembre 2019).

Aunque coincido con Ruiz Manero en esta posición y en su argumentación, no me parece en absoluto de mero matiz, sobre todo si, como en mi caso, no se coincide en la denegación, minimización o desentendimiento de la gravedad de algo que no puede dejar de caracterizarse como golpe de Estado, o no se comparte la utilización de un código penal perfectamente democrático a beneficio de inventario y según el número de ciudadanos disconformes. Pero se asuman o no tales presupuestos, el principal argumento de Ferrajoli para justificar la anticipación de un indulto (y no digamos de una amnistía, que, de considerarse constitucional, sería aprobada también por los representantes de los propios interesados) carece de toda aplicabilidad en unas circunstancias como las actuales, en las que nadie en España con un mínimo conocimiento de la realidad consideraría valiente ni ajena a una negociación cualquier medida de gracia.

Y mientras se mantengan esas circunstancias no me cabe duda de que los efectos en nuestro sistema democrático de una medida de gracia serían muy distintos a los imaginados por Ferrajoli: en el mejor de los casos, no serviría para nada salvo para reafirmar al independentismo en su convicción sobre la injusticia sufrida, y en el peor terminaría por emponzoñar hasta lo irremediable la ya ancha y lamentable grieta existente entre los partidos defensores de nuestra Constitución, sin cuyo entendimiento básico (al que sería necesario añadir el de los nacionalistas que asuman lealmente las reglas del juego de un Estado de derecho democrático) no veo posible una solución aceptable y duradera. Y me temo que a falta de acuerdo en esta parte de nuestro debate, no por procedimental menos decisivo, el acuerdo en la parte más sustantiva, por importante que sea, no equivale a un “acuerdo sustancial” que nos permita ver discrepancias severas como de matiz y confiar en que estamos proponiendo un buen camino.

foto: JJBOSE