Por Alfonso Ruiz-Miguel
El pasado 29 de diciembre el diario El País publicó un artículo de Luigi Ferrajoli sobre su posición a propósito del independentismo catalán con la pretensión indicada en su título: “Deshaciendo un posible equívoco”. El artículo, previamente publicado en un semanario digital es, en realidad, la adaptación de una carta que respondía a varias objeciones de Perfecto Andrés Ibáñez y Manuel Atienza sobre las opiniones manifestadas por el filósofo del Derecho italiano en una mesa redonda a finales de noviembre en la Universidad Roma Tre.
En lo esencial, el texto tiene dos partes, una más sustantiva con la que concuerdo plenamente y otra más procedimental con la que discrepo considerablemente: en la primera, junto a la exclusión del derecho de autodeterminación en sistemas democráticos, cuya alegación en el caso catalán Ferrajoli es perfectamente consciente de que encubre un “secesionismo de los ricos”, se hace una denuncia de los nacionalismos identitarios y de extrema derecha que están asolando la democracia también en Europa; en la segunda, tras distanciarse claramente de la respuesta penal en varios aspectos (prisión provisional, dureza de las condenas, interpretación inapropiada de la sedición, impunibilidad de la conducta por tratarse de una tentativa imposible…), Ferrajoli insiste en que, en lugar del Derecho penal, el diálogo hubiera sido antes y sigue siendo ahora la única solución para este tipo de conflictos. Su conclusión es que, puesto que hay “algunos millones” de votantes catalanes que consideran a sus representantes víctimas de un proceso político, lo más útil para mantener la unidad y la cohesión en España, es que el gobierno promueva “una solución de clemencia”.
Cuando tuve noticia de la carta original por Perfecto Andrés, que aun compartiendo iguales discrepancias con ella que yo mismo me animaba a difundirla, la envié al Foro de Profesores, donde suscitó un cierto número de respuestas. Una de ellas, la de Jorge Cantallops Montero, inspector de educación destinado en Barcelona, me pareció que debía conocerla el propio Ferrajoli y se la reenvié el mismo día
… después de leer la carta de L. Ferrajoli que habéis divulgado (y que os agradezco) me he llevado una tremenda decepción, no sólo política, sino también ética e intelectual, por el contenido de la misma; por la incapacidad de Ferrajoli en diagnosticar, con el rigor analítico requerido, la gravísima situación que se vive bajo el régimen integrista separatista, desde hace ya décadas, pero muy agravada especialmente desde hace un par de lustros, en las cuatro provincias del nordeste español (o región española denominada -hasta el momento- como ‘Cataluña’). Y es que, después de leer Derecho y Razón o Principia Iuris (entre otros), con esa finura o rigor analíticos que caracteriza a su autor, no me hubiera podido nunca imaginar cómo su autor podría caer en esa -me permitirán- tonta y -democrática o jurídicamente- suicida ingenuidad, al ofrecer soluciones ‘políticas’ ante una tan grave amenaza, reiterado y sistemático ataque golpista separatista, antipolítico y antijurídico por anticonstitucional, de unos ‘poderes autonómicos salvajes’ (utilizando la terminología del mismo Ferrajoli) en un Estado Constitucional de Derecho (o de lo que queda de él…). Es como si en esa carta Ferrajoli atacara las tesis teórico-jurídico-políticas del mismo Ferrajoli, como si las invalidara él mismo; por una inaceptable, en un intelectual como él, miopía analítica.
Bien, quería dejar constancia de esta muy personal decepción (y me quedo ‘corto’). Y, a la vez, sugerirles si habría alguna posibilidad de responderle o que al menos sepa que hay lectores de su obra, y buenos conocedores -y sufridores- del separatismo del nordeste español, que nos han decepcionado muchísimo sus diagnósticos y propuestas“ (e-mail de Jordi Cantallop Montero al grupo del Foro de Profesores, 19 diciembre 2019).
Por mi parte, como información a Ferrajoli en el mismo mensaje, yo añadía que Jorge Cantallops es
… una persona que pertenece al grupo de catalanes prácticamente silenciado (en realidad no considerados “verdaderos” catalanes) por el catalanismo hegemónico, este último en conjunto formado por las clases más ricas no solo desde el punto de vista económico y social, sino también cultural (los jóvenes “revolucionarios” que vienen haciendo violento ruido los últimos tiempos son acompañantes que hacen el trabajo sucio y ya veremos su corta suerte cuando la burguesía consiga su secesión, si efectivamente la consigue).
No quisiera añadir muchos más argumentos al debate sobre Cataluña, porque, francamente, me siento muy pesimista ante el éxito mediático y propagandístico del independentismo. Me limitaré a decir que, argumento pragmático por argumento pragmático, el mío es el enorme riesgo que para la democracia española está teniendo la gravísima violación de la constitución y la legalidad que realizaron los dirigentes del proceso y su todavía persistente actitud de rebelión ante el Estado.
Y sobre la referencia a los millones de votantes del independentismo, poco más de dos. Lamento decir que los votantes de VOX son nada menos que tres millones seiscientos cincuenta mil. A riesgo de cansarte, pero también para justificar este escueto mensaje, te adjunto tres escritos míos sobre el tema: uno ya publicado con varias referencias a Cataluña, otro que aparecerá en el próximo “Jueces para la Democracia” y que explica más en detalle mis razones sobre el proceso separatista y otro, un comentario de urgencia a la sentencia del TS, con el que supongo que no estarás de acuerdo pero que también aclara mi posición sobre el tema.” (e-mail de Alfonso Ruiz Miguel a Luigi Ferrajoli, 19 diciembre 2019).
Unos días después recibí la siguiente respuesta de Ferrajoli:
«Gracias por tus escritos. En particular, comparto tus excelentes tesis contra el nacionalismo identitario, que también he apoyado muchas veces. Por lo tanto, no entiendo las razones de la discrepancia – más exactamente, diré, del malentendido – sobre lo que pienso acerca del doloroso asunto catalán y de los dos nacionalismos opuestos que están dividiendo sin sentido a España. Por tanto, le envío, adjunto – y también a Jordi Cantallops y a las direcciones que veo en la carta que me has enviado – mi artículo sobre el tema de la independencia catalana y el juicio contra los independentistas que aparece hoy en el diario catalán «Sin permiso» [Como resultará obvio, Ferrajoli no había caído en la cuenta de que el origen de mi mensaje y el de Cantallops era este mismo escrito: nota de ARM].
Se trata de la transformación en artículo de una larga carta con la que respondí a las cartas de Perfecto Andrés Ibáñez y de Manolo Atienza que criticaban mi discurso aquí en Roma el 28 de noviembre y que fue publicado en un periódico catalán. Para permitirme responder a todas estas críticas, y con mi consentimiento, Perfecto convirtió mi carta en este artículo, que también se publicará en “Jueces para la democracia”. En el artículo, además de la crítica a la independencia catalana como insensata y a la respuesta penal como excesiva y contraproducente, quise señalar la única respuesta racional – la amnistía de los condenados – ahora necesaria para facilitar el fin del absurdo enfrentamiento entre nacionalismos opuestos (un enfrentamiento de cuya dureza no me había dado cuenta hasta las muchas cartas que recibí) y la reafirmación de la convivencia pacífica de las diferencias en que consiste cualquier democracia digna de ese nombre. […].
P.D. En el artículo adjunto olvidé añadir […] que cuando en Italia, en 1997, se celebró el referéndum sobre la aprobación de la Declaración de Independencia de la (llamada) Padania, promovido por la Liga Norte y votado «sí» por casi 5 millones de personas, seguía vigente el artículo 241 del código fascista Rocco, que castigaba con cadena perpetua a «quien cometa un acto directo… para disolver la unidad del Estado». Ningún magistrado, y mucho menos el gobierno y la prensa, pensaron en incriminar a los líderes de la Liga por tal delito: el sentido común prevaleció, incluso antes de la tesis del delito «imposible» (en ese momento, no considerado por muchos como imposible en absoluto) y la interpretación constitucionalmente orientada de esa regla (modificada unos años más tarde con la adición del elemento de «violencia» como elemento constitutivo del delito).
Me pregunto qué habría ocurrido en Italia si se hubiera tratado un asunto político y de identidad de este tipo con la prisión perpetua para los líderes legales y la proscripción de una décima parte de la población italiana. Por eso no sólo yo, aquí en Italia, estoy desconcertado por la miopía de la reacción penal -desde la detención preventiva hasta los diez años de prisión- ante la similar manifestación independentista catalana. Hoy en día en Italia nadie se acuerda de ese acontecimiento, cuya falta de dramatización y penalización ha tenido como consecuencia la desaparición del secesionismo legista e incluso, desgraciadamente, su transformación en la más extrema soberanía nacionalista («Los italianos primero» es el lema de la actual Liga): una confirmación contundente del hecho de que la sustancia del nacionalismo identitario es, en cualquier caso, la afirmación de alguna identidad, cualquiera que sea, y la consiguiente lógica schmittiana del amigo enemigo: a la que no podemos estar subordinados si no queremos perder, además de la razón, la paz y la democracia» (e-mail de Luigi Ferrajoli a Alfonso Ruiz Miguel, 22 de diciembre de 2019).
Mi respuesta al anterior mensaje fue la siguiente:
“Muchas gracias por tu mensaje y por el artículo, que ya conocía por Perfecto. No quiero extender en exceso la polémica, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios, sobre los que también pongo en copia al mismo Perfecto y a Manolo (por lo demás, creo que tu mensaje anterior no ha podido llegar al Foro de Profesores como pretendías, porque justamente en días pasados se anuló la posibilidad de recibir mensajes colectivos en ese foro, como un efecto del excesivo número que se venían produciendo: he tenido noticias de que se está buscando alguna forma de canalizar una comunicación colectiva entre los activamente interesados y en caso de que prospere trasladaré esta correspondencia, que sin duda tiene carácter e interés público, en el sentido que teorizó Hannah Arendt).
Ante todo, creo que la responsabilidad esencial del problema no está en equilibrio entre dos nacionalismos, sino en el nacionalismo catalán, que decidió romper las reglas del juego constitucional con un referéndum declarado ilegal por diferentes tribunales, incluido el TC. Ese referéndum, el de 1 de octubre de 2017, fue organizado no por un partido, como en el caso de la Lega Nord en mayo de 1997, sino por las instituciones de la Generalitat catalana, y no tras una retórica declaración de independencia del líder del partido, como Bossi, sino después de la aprobación por el parlamento catalán de dos leyes (también declaradas inconstitucionales) en las que se preveía la proclamación de la independencia de Cataluña, algo que se realizó después, aunque fuera de forma confusa y vergonzante, quiero decir mediante una votación parlamentaria secreta.
Lo decisivo es que ese referéndum de 1 de octubre tuvo una naturaleza muy diferente a la consulta de la Lega Nord de 1997, que fue organizada por un partido y se aproxima más a la previa consulta catalana de noviembre de 2014, de todos modos organizada también oficialmente por la Generalitat, aunque declarada inconstitucional solo después de celebrada sin obstáculo alguno por parte del Estado.
La diferencia más relevante es que en el referéndum del 1 de octubre, según declara la sentencia del Tribunal Supremo, se produjeron enfrentamientos violentos con la policía enviada a cumplir la resolución judicial de impedir la votación de manera proporcionada (si fue realmente proporcionada está todavía pendiente de juicio penal en los tribunales de Cataluña). Por ello, y por el conjunto del proceso, el intento de secesión (que, como habrás podido ver en mi comentario a la sentencia, estoy lejos de creer que fuera una tentativa imposible), fue gravísimo en términos de daño y de riesgo para la estabilidad democrático-constitucional.
Por supuesto, comparto contigo el deseo de una solución que garantice la convivencia pacífica dentro del sistema democrático, pero observa que eso, la unidad pacífica del sistema democrático, es lo que han intentado romper los independentistas, lo que no han desistido de seguir haciendo y lo que al final pueden conseguir, sea por la exacerbación del nacionalismo español o porque terminen consiguiendo la secesión. Sin duda que para intentar el objetivo de convivencia en democracia se deberá negociar entre los distintos actores políticos, en primer lugar en el ámbito catalán entre los distintos partidos allí presentes, sin exclusión de los que representan a los catalanes que no participan del nacionalismo independentista, que son prácticamente la mitad de la población, silenciada por la hegemonía política, social y cultural de un nacionalismo identitario, insolidario y, en su núcleo duro (que debemos confiar en que vuelva a reducirse hasta la cuarta o quinta parte del electorado que tenía tradicionalmente), insaciable hasta la secesión; asimismo, también deberá negociarse en el ámbito nacional sin la exclusión del PP, cuya exclusión fue un error gravísimo en el que incurrió el PSOE en el proceso de elaboración del último Estatuto de Autonomía y que constituye una de las varias concausas lejanas de la exacerbación contemporánea del problema catalán.
Como tú, también yo he defendido en un escrito relativamente reciente sobre el derecho de gracia que el indulto, e incluso la amnistía (cuya constitucionalidad es un tema muy discutido por la doctrina jurídica ya desde la aprobación de la Constitución), podría ser una vía de solución oportuna y hasta necesaria para el problema, pero también creo que tales actos no son por ahora posibles ni deseables dada la actitud irredenta y recalcitrante del independentismo. Me parece que tales recursos deberían ser no previos a la negociación, cuando serían vistos por los independentistas como una confirmación de la injusticia que consideran cometida con ellos, sino consecuencia de una solución conjuntamente satisfactoria.
En cuanto a tu interpretación sobre los efectos de la no penalización del referéndum de la Lega Nord, me parece contingente y localmente limitada. En la reciente experiencia española te puedo dar tres ejemplos diferentes en sentido opuesto: (a) aquí se castigó muy levemente, con sanciones pecuniarias e inhabilitaciones, la consulta catalana de 2014 y no sirvió en absoluto para detener el referéndum de 2017; (b) salvadas las distancias, en la transición se produjeron nada menos que tres amnistías, una de ellas completa, y ETA siguió asesinando durante los 40 años siguientes como si el franquismo siguiera existiendo; y (c) por último, el intento de golpe de Estado de Tejero de 1981 fue objeto de una dura condena penal y todo indica que tuvo buenos efectos disuasorios.
Por último, en un asunto como este es a veces difícil deslindar los argumentos de principio, en el plano de la justicia y la legalidad-constitucionalidad, de los argumentos meramente consecuencialistas, por los que evaluamos las posibilidades y riesgos de unas u otras para los fines de convivencia democrática.
Una de las razones de mi respeto y admiración de tu importantísima obra teórica es precisamente la especial relevancia que en ella tiene la cultura jurídica de la legalidad, nunca disociada de una concepción ética defensora de los demás valores de un Estado de Derecho democrático. Creo sinceramente que el Estado español y sus tribunales, en lo esencial, se han mantenido dentro de esos parámetros a lo largo del largo y peligroso proceso independentista catalán, y por eso me han parecido preocupantes algunas voces de prestigiosos intelectuales extranjeros que aquí han podido interpretarse como deslegitimadoras de nuestro sistema político-jurídico, especialmente por quienes, como los independentistas catalanes, han mostrado claramente con sus actos el poco aprecio en que tienen a nuestra constitución y al conjunto de los muchos millones de conciudadanos que nos reconocemos en ella. Esa es, quizá, una de las razones de la incomprensión que ha desvelado este intercambio entre nosotros y que entre todos estamos intentando aclarar mediante el diálogo” (e-mail de Alfonso Ruiz Miguel a Luigi Ferrajoli, 23 diciembre 2019).
El 30 de diciembre, dos días después de la aparición del artículo de Ferrajoli en El País, recibí otro mensaje suyo, dirigido, además de a mí, a Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero (con copia a Perfecto Andrés Ibáñez) en el que responde a sendos mensajes de los dos últimos que, tanto en su interpretación como en la mía, son de “acuerdo sustancial” con el artículo a salvo de algunos matices. Ambos mensajes, pero citando especialmente el de Ruiz Manero, le permiten a Ferrajoli insistir en su crítica a la utilización del delito de sedición, incluso hasta llegar a generalizar un criterio:
“Quedo de hecho convencido de que en los conflictos políticos identitarios que implican a millones de personas el recurso al Derecho penal solo puede agravar las tensiones”.
No voy a insistir mucho más en la necesidad de separar los argumentos de legalidad de los de oportunidad política, sobre lo que la obra de Ferrajoli puede resultar hasta exagerada en su defensa de la absoluta prevalencia de los primeros, por añadidura desde una concepción interpretativa muy formalista. Me importa más subrayar la insuficiencia de la respuesta de Ferrajoli en la única referencia explícita que hace a mis objeciones, que es toda la respuesta que he recibido a mi último mensaje:
“Lo más importante sobre lo que estamos de acuerdo, me parece, se refiere a la oportunidad política de medidas de clemencia. El único desacuerdo (leve) con Juan y con cuanto me ha escrito Alfonso en su carta del 23 se refiere al indulto o la amnistía, que pienso no solo que es urgente, sino que debe ser un acto no negociado, sino unilateral, promovido por el gobierno, precisamente si se quiere que sea entendido como expresión de una voluntad de pacificación en vez de cómo una cesión oportunista a futuras manifestaciones independentistas. Con este fin, el PSOE y Podemos deberían encontrar la valentía de no someterse a los nacionalismos de las derechas y contraponerles, además de a los independendistas catalanes, el postulado democrático de la convivencia pacífica de las diferencias…” (e-mail de L. Ferrajoli a J. Ruiz Manero, M. Atienza y A. Ruiz Miguel, 30 diciembre 2019)
Es cierto que, en efecto, el mensaje de Ruiz Manero expresaba como “único matiz” que
“la amnistía debe producirse no antes, sino tras, o acompañando a, un acuerdo político global en torno a un nuevo marco constitucional (que podría ser, y sin duda sería lo mejor que fuera, una reforma del existente). Y, aquí es donde las cosas no las veo maduras, en absoluto. Los nacionalistas catalanes siguen por ahora empeñados en la secesión (o al menos en un referéndum que posibilite la secesión) y eso es inaceptable para las fuerzas de ámbito español. Y, por otro lado, una amnistía aprobada por un gobierno del PSOE sin acuerdo político global que excluyera la secesión sería presentada por la derecha española como un acto de rendición/traición o algo de este género. De manera que las uvas, me temo, están por ahora verdes” (e-mail de J. Ruiz Manero a L. Ferrajoli, 29 diciembre 2019).
Aunque coincido con Ruiz Manero en esta posición y en su argumentación, no me parece en absoluto de mero matiz, sobre todo si, como en mi caso, no se coincide en la denegación, minimización o desentendimiento de la gravedad de algo que no puede dejar de caracterizarse como golpe de Estado, o no se comparte la utilización de un código penal perfectamente democrático a beneficio de inventario y según el número de ciudadanos disconformes. Pero se asuman o no tales presupuestos, el principal argumento de Ferrajoli para justificar la anticipación de un indulto (y no digamos de una amnistía, que, de considerarse constitucional, sería aprobada también por los representantes de los propios interesados) carece de toda aplicabilidad en unas circunstancias como las actuales, en las que nadie en España con un mínimo conocimiento de la realidad consideraría valiente ni ajena a una negociación cualquier medida de gracia.
Y mientras se mantengan esas circunstancias no me cabe duda de que los efectos en nuestro sistema democrático de una medida de gracia serían muy distintos a los imaginados por Ferrajoli: en el mejor de los casos, no serviría para nada salvo para reafirmar al independentismo en su convicción sobre la injusticia sufrida, y en el peor terminaría por emponzoñar hasta lo irremediable la ya ancha y lamentable grieta existente entre los partidos defensores de nuestra Constitución, sin cuyo entendimiento básico (al que sería necesario añadir el de los nacionalistas que asuman lealmente las reglas del juego de un Estado de derecho democrático) no veo posible una solución aceptable y duradera. Y me temo que a falta de acuerdo en esta parte de nuestro debate, no por procedimental menos decisivo, el acuerdo en la parte más sustantiva, por importante que sea, no equivale a un “acuerdo sustancial” que nos permita ver discrepancias severas como de matiz y confiar en que estamos proponiendo un buen camino.
foto: JJBOSE
Me gustaría dejar constancia del comentario que publiqué en el blog ¿Hay Derecho? al artículo del día 28 de diciembre de 2019:
Estimado Diego. Por si te sirve de algo, creo que en ningún caso debemos sucumbir o caer en la trampa que nos propone Luigi Ferrajoli, hoy, en El País (“Deshaciendo un posible equívoco” https://elpais.com/elpais/2019/12/28/opinion/1577552586_705550.html): una grosera e inaceptable banalización de los hechos y del Derecho (constitucional y penal), en la que todo quede como si no hubiera pasado nada (o, al menos, nada grave).
Parece vergonzoso que gente de este prestigio se preste a este tipo de patrañas.
Apreciado conciudadano: sólo deseo expresarle mi más total acuerdo con su posición respecto del decepcionante artículo del profesor italiano, así como con los artículos de Alfonso Ruiz Miguel, también respecto de la endeble posición de Ferrrajoli ante el golpismo separatista. Ignoro desde qué ciudad española analiza o se pronuncia sobre la realidad del nordeste español, pero para un demócrata barcelonés resulta muy gratificante o esperanzador poder contar, al menos, con la lucidez intelectual y política de otros compatriotas de otras ciudades o provincias españolas. Porque el principal error, digamos metodológico, analítico, jurídico o político, al abordar el fenómeno, movimiento o régimen golpista separatista de la región española del nordeste, es precisamente considerarlo como un ‘asunto’ regional, y no como el principal o más grave problema, amenaza o lacra DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL; y que, por tanto, debería comprometer, preocupar u obligar, no sólo a las instituciones o poderes públicos nacionales (que poco bueno han hecho a favor o en defensa de la mayoría de la ciudadanía de esas provincias, salvo excepciones, dicho sea de paso), SINO TAMBIÉN A LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN SU CONJUNTO. Aprovecho para incorporar un breve escrito que envié al profesor italiano en donde incluía un interesante artículo de un colega.
«Apreciado profesor,
Me permito enviarle un escrito (redactado por un catedrático de una universidad española buen conocedor de la realidad de las provincias o régimen político del nordeste español) que, como respuesta al que usted publicó recientemente en un diario español, debería hacerle nuevamente reconsiderar su equívoca, parcial, endeble o mal informada, posición, valoración y juicios, sobre la realidad española; y evitar así -me permitirá que le diga con la máxima consideración hacia su persona y obra- QUE FERRAJOLI ATENTE CONTRA FERRAJOLI, política, jurídica e intelectualmente: SU OBRA -al menos la elaborada o publicada hasta ahora- NO SE LO MERECE.
https://jardindehipotesis.blogspot.com/2019/12/matizando-ferrajoli.html
Atentamente,
Jordi Cantallops »
Queridos amigos,
Como veo que la polémica sobre la carta de Ferrajoli (después publicada en El País) sigue abierta, deseo terciar en ella.
Vaya por delante que, en lo fundamental, estoy de acuerdo con Luigi y trataré de mostrar algunas de las razones de mi apoyo.
Pero, primero, algunas matizaciones. Hay algunas afirmaciones de Ferrajoli sobre el derecho procesal español que deben ser matizadas (a nadie se le puede exigir conocer exactamente el derecho procesal de otro país). En sus argumentos contra la prisión provisional (que comparto fundamentalmente), Luigi no se da cuenta que al revés que en Italia, en España no se puede juzgar y condenar penalmente en rebeldía a nadie, lo que hace nuestro sistema más garantista, pero también genera incentivos para la fuga…Y cuando se sorprende de que VOX fuera aceptado como acusación particular en el proceso, desconoce la institución peculiar española de la acusación popular (algo que, tal vez, deberíamos revisar y pensar en sustituir por algún procedimiento de amicus curiae, dado que ahora sólo sirve, casi, para que los partidos se peleen en los tribunales). Pero son cosas menores.
Una matización también a lo que dice Alfonso acerca del inmenso error del PSOE al excluir al PP de la negociación del Estatut de 2006. Es una verdad a medias. Un importantísimo, entonces, dirigente del PP catalán (me lo dijo en una conversación privada, por eso no revelo su nombre) me contó que cuando se aprobó en Comisión en el Parlament de Cataluña el proyecto de Estatut y se abrió el trámite de enmiendas, el PP catalán, que participaba en la Comisión, tenía preparadas una batería de enmiendas. Pero, desde Madrid, en concreto Soraya Sáez de Santamaría, ordenó que se presentara una enmienda de devolución. Desde el PP catalán se dijo que esto era un error político grave, que el PP se desconectaría del pulso de la sociedad catalana. Y Soraya dijo: es posible, pero esto nos da muchos votos fuera de Cataluña. Y esto sí que es, en mi opinión, un grave error al que siguió la campaña del PP contra el Estatut en toda España (que no se sabía si era contra l’Estatut o contra Cataluña) y las incalificables presiones al Tribunal Constitucional (incluida la recusación del Magistrado Pérez Tremps) que terminaron en lo que todos sabemos. No digo que el PSOE no cometiera errores en este proceso, pero el gran culpable de la ‘desafección’ (son palabras del presidente Montilla) fue el PP, en mi opinión.
Pero vayamos a lo esencial: yo también comparto las consideraciones sobre los peligros que entraña la insistencia
Continuación:
(se me disparó sin querer, continuo): sobre los peligros que entraña la insistencia de las identidades en la política actual. Las identidades, múltiples, son inevitables pero no confieren razones políticas válidas por sí solas, y en ningún caso conceden ningún derecho a la secesión. También estoy de acuerdo con que las leyes y todo el proceso de otoño de 2017 fue la mayor y más descomunal deslealtad a los valores constitucionales que ha habido en España, con la excepción del 23F. No quiero banalizarlo.
Con todo pienso, como Luigi, que la extrema reacción penal del sistema español es un error. Un erro político y jurídico. No digo que sea una reacción contraria al derecho, esto es más delicado -aunque también lo es, según creo, en diversos aspectos; pero como sabemos hay una pluralidad de respuestas posibles dentro del derecho y se ha escogido la más punitiva.
Las razones de Luigi son fundamentalmente de conveniencia política. Las comparto. La situación habría sido otra si el Tribunal Superior de Cataluña, que era el órgano con la jurisdicción más clara en este caso, hubiera castigado a los responsables de los hechos de otoños de 2017 por malversación y desobediencia y les hubiese inhabilitado, la situación sería mejor.
Y también hay razones jurídicas. No alcanzo a comprender porqué muchos de mis amigos de fuera de Cataluña no son sensibles a los diversos pronunciamientos de Tribunales europeos sobre el caso: El Tribunal alemán que no accedió a la euro-orden por rebelión en el caso de Puigdemont y, sobre todo, la decisión del Tribunal de la UE acerca de la inmunidad parlamentaria de Junqueras. Comprendo que alguien piense que están equivocados, pero sus decisiones hay que acatarlas, son también nuestros Tribunales. Y lo que dicen, si uno lo lee con atención, no presagian nada bueno para cuando el caso acabe en Estrasburgo. No alcanzo a comprender tampoco porque mis colegas de fuera de Cataluña, que viajan como yo por el mundo, no se dan cuenta que la posición de nuestros colegas extranjeros más sabios y sensatos es semejante a la de Ferrajoli: no comprenden para nada ni las razones identitarias de los partidos independentistas catalanes ni la deriva contra las instituciones del otoño de 2017, pero tampoco comprenden ni comparten la reacción sólo penal del Estado español. Piensan, como Ferrajoli y como yo, que hay que abordar políticamente este asunto, introducir en la agenda política española lo que reclaman casi dos millones de catalanes, la mayoría de su Parlamento y su gobierno. Y, ahora que parece que se abre una ventana de oportunidad para esta vía, la condenáis antes de comenzar. ¿De veras pensáis vosotros que este problema se resuelve con el código penal? ¿Que dos millones de catalanes pueden ser sometidos, en una democracia avanzada como la nuestra, por medio únicamente de la coacción? En mi opinión, lo que debería hacerse es coger el toro por los cuernos: discutir en serio la cuestión de fondo. Yo creo que las razones a favor de la secesión son muy malas, que todos perdemos con ella. Por lo tanto, ¿por qué no comenzamos a tejer una red de argumentos a favor de la unidad?. Los hay y son muy importantes. Digo algunos, la historia común que hace, por ejemplo, que el comercio exterior de Cataluña con Aragón (menos de 2 millones de personas) tenga el mismo volumen que el que mantiene con toda Francia. Que estar en España comporta formar parte de una comunidad cultural y lingüística de más de 500 millones d personas, de la cual todavía Barcelona es su capital editorial. Que los lazos familiares de millones de catalanes con millones de españoles son muy intensos (en un encuentro en Sevilla hace algo más de un año, muchos catedráticos andaluces recordaban como viajan muchos fines de semana a Cataluña para visitar a sus nietos), etc.
He insistido demasiadas veces, aunque tengo la impresión a veces de predicar en el desierto, en que necesitamos restaurar la concordia. Es el único modo de avanzar, la concordia puede generar el vínculo que precisamos para, cuando sea posible (ahí estoy de acuerdo, hay que incluir a la derecha española democrática), emprender una reforma constitucional que acomode mejor las legítimas expectativas y los intereses críticos de unos y de otros.
Por cierto, Cantallops siempre se refiere a Cataluña como las provincias del nordeste español. Este no es un buen modo, en mi opinión de abordar la cuestión, por qué no llamarla como la llamaba Dante en la Divina Comedia (al comenzar el siglo XIV, hace ya más de setecientos años) en una expresión algo ‘painful’ para los catalanes ‘lavara povertà di Catalogna’.
Un abrazo fuerte,
JJ Moreso
En la excelente contestación de Alfonso Ruiz Miguel a la decepcionante «carta» de Ferrajoli echo, quizá, en falta una referencia más clara a todas las resoluciones de tribunales ordinarios, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, que Puigdemont y los partidos que le apoyaban en el Parlament incumplieron reiterada y «ostentoreamente» (palabra inventada por Jesús Gil, pero que aquí resulta «pintiparada»). Este incumplimiento de las resoluciones del poder judicial por las autoridades públicas catalanas es el mejor ejemplo de ese moderno «golpe de estado» que su actuar en los últimos años manifiesta. Y ese incumplimiento de las resoluciones de los tribunales es lo que, además, mejor lo diferencia de lo que hicieron los «leggistas» con su referendum «de broma» en el norte de Italia. Convendría que Ferrajoli lo tuviera en cuenta, porque ¿qué diría el profesor italiano si las autoridades regionales del Veneto desobedecieran sistemáticamente lo que les ordenan los tribunales en cuanto al uso de las lenguas, las competencias de su parlamento, el uso del dinero público, la convocatoria de consultas, o la proclamación de un estado propio?
Esta reiterada violación de las reglas del estado de derecho es lo que no permite la pasividad que, en el fondo, parece defender Ferrajioli (y me temo que también Moreso) cuando reprocha al estado español la «dureza» de la sentencia del proces y el tratamiento penal de las conductas delictivas.
Respecto de las consecuencias de un tratamiento con dulzura y de las concesiones hacia los movimientos conservadores y románticos, hay muchas experiencias. No viene mal, a tal efecto, leer a Galdos en este año y recordar el siglo XIX, siglo del nacimiento del nacionalismo catalán y vasco; pero también recordar la frase de Arzalluz sobre los que mueven el arbol (ETA matando) y los que recogen las nueces (el pactista PNV).
En fin, conviene leer con cuidado. La Sentencia del Tribunal Europeo dando respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo españo, en que se reconoce la condición de eurodiputado a Junqueras, se aplica a una persona cuyos delitos fueron instruidos, juzgados y estaban vistos para sentencia, sin que fuera eurodiputado. Pero cuando uno lee las cosas que se han dicho (o los párrafos que escribe Moreso) da la impresión de que se ha cometido una tropelía y una violación de los derechos humanos, que en ningún caso la sentencia del TJUE ha afirmado. La lectura en este blog del artículo de Antonio Lascurain o del artículo de Tomás de la Quadra Salcedo en El País el día 2 son francamente útiles.
Me maravilla que quienes más gritan contra la judicializacion de la politica son los que más hacen por reducir la Razón Politica Común, abierta a cualquier ciudadano,a Razón Juridica de especialistas,más aún a formalismos estrechos leguleyos,de los que proporcionan coartadas para Ideologías subrepticias.Resulta que los nacionalistas forzaron un cambio en la redaccion del tipo penal de Rebelión que dejaba abierta la impunidad en el caso del autogolpe,cuando son las propias autoridades constituidas las golpistas, y no usan la violencia militar armada para asaltar desde fuera las instituciones porque simplemente ya las ocupan y usan sus potestades legales en fraude de Ley para destinarlas a finalidades no previstas por el Ordenamiento, a saber la destrucción de la Soberania nacional vigente,en una parte del territorio.
O sea que la estupidez de Zapatero e Izquierda unida dejó al Estado desprovisto de mecanismos eficaces para responder a la usurpación de la Soberania Nacional por fanáticos catalanistas, parapetados tras el tenor literal de la redacción ad-hoc del tipo,que de ningún modo respondió a una interpretacion de la Regla constitucionalmente orientada para promover un mayor garantismo y una resolución dulcificadora de los confluctos de interés, que evite el enconamiento extremo hacia la Guerra Civil.Se trató de una argucia perversa para facilitar el desafuero contra las Leyes Comunes y la mayoría social catalana de «charnegos»oprimidos y discriminados durante décadas de Gobiernos nacionalistas.
Los dirigentes legales catalanes desafiaron al Estado porque esperaban su completa impunidad, favorecidos por la interpretacion literalista de la» violencia»del tipo de Rebelión, que les protegería de las peores consecuencias penales.Los nacionalistas románticos del siglo XIX arriesgaban su vida en las barricadas alumbrando nuevas Soberanias contra Imperios moribundos. Los nacionalistas posmodernos son cobardes cínicos y corruptos,políticos profesionales multimillonarios que no harian nada sin garantías de impunidad personal.La sórdida trama de intereses del golpismo abarca a los comisionistas ex-convergentes que anhelan un Poder Judicial propio para mangonearlo a su gusto y a los fanáticos supremacistas,indigenistas y racistas de ERC,vinculados a una burocracia estatal de privilegios vitalicios blindados que quieren extender a sus hijos cargados de másters pero amenazados de proletarizacion y aun lumpenizacion.Para eso reclaman un federalismo asimetrico que trasvase masivamente rentas del resto de España a cataluña,violando todos los principios socialistas de «que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su necesidad»,en materua de redistribución fiscal.La teoria del farol y el delito imposible no cuela porque un farol ha de ser verosímil y por tanto incorporar acciones y daños reales(como la grave fractura de la convivencia),y el objetivo del farol es coaccionar al Estado o para forzar un Referendum imposible de Secesión o,más probablemente (por su mayor factibilidad) arrancar el privilegio intolerable del Cupo Fiscal que dejará la Hacienda Central desangrada e impotente para cumplir las obligaciones de la solidaridad fiscal entre territorios. No se ataca la Constitución sólo forzando a las bravas de inmediato la secesion con violencia armada,también los»faroles» para chantajear al Estado para que conceda el Referéndum o un Pacto Fiscal separado fuera de todos los canales legales multilaterales de las Autonomías bajo el Regimen LOFCA.Repito,eso también es un ataque radical a la Constitucion y a los derechos básicos de 42 millones de españoles. Es prodigioso que se diga no ser posible la coacción de dos millones de catalanistas,pero que sea una minucia sin interés coaccionar a 42 millones.Si alguien se cree Napoleón hay que curarlo,no negociar con él cuántos días a la semana le dejamos gobernar.El catalanismo basa todos sus agravios en patrañas inventadas en cuarenta años de propaganda,la verdad historiografica no se negocia. El Programa catalanista es,de cabo a rabo,ilegal tanto como ilegítimo en procedimientos y objetivos.
La Razon politica común, material y no formal, abierta a la más amplia consideracion de los hechos contextuales históricos,en su globalidad,autoriza al Estado a defenderse del riesgo de Guerra Civil por los medios necesarios a su alcance,bloqueando todo intento de parte del Poder Constituido de la Constitución Formal por alterar y romper la Constitucion material,dato obligatorio heredado de la historia, consistente en la unidad devenida no planificada arbitrariamente por nadie del Sujeto Constituyente. El principal combate es con medios politicos amplios, pero eso significa precisamente desemmascarar la revuelta fiscal de los ricos y privilegiados no rendurse a ella,ni blanquearla,ni legitimarla ni celebrarla con ditirambos.Asi que a la transgresión penal,respuesta penal proporcional, y si la Rebelión es el delito político mas grave,castigese con las mayores penas previstas.Porque cualquier sospecha de impunidad alimenta la ilusión de la Soberania separada por encima de las leyes comunes españolas. Hay que reconocer potestad al Supremo para una interpretacion sensu lato de la violencia porque la Razón Politica material, con primacía sobre el formalismo leguleyo, no puede permitir que una maliciosa redaccion ad-hoc del tipo penal de Rebelión decida toda la cuestion,provocando una laguna de impunidad para el caso del Autogolpe sin tiros (como fue el origen de la Dictadura Nazi,que ni siquiera derogó la Constitución de Weimar,sólo suspendió indefinidamente parte del articulado).La Razón de Estado no contradice al Derecho porque el derrumbe del Estado en la Guerra Civil(y este es nuestro destino si sigue la intransigencia golpista por su querencia intransugente por una Utopía Injusta) es lo que niega toda condicion de posibilidad de cualquier derecho en general.
Pero de acuerdo que la via penal ha de ser mero complemento de la lucha política ideológica, pero eso no dulcificara la situación sino que la enconara,porque la rabia victimista no la engendra ninguna injusticia real sufrida,al revés su fanatismo irracional define a priori la injusticia como cualquier contradiccion que reciban sus pretensiones tan ignorantes como arrogantes. Ferrajoli identifica bien al catalanismo en la teoría pero en la práctica táctica de oportunidad su razonamiento yerra porque le faltan datos materiales facticos fiables, porque la propaganda exterior catalanista, nunca contrarrestada desde España,para dulcificar y no enconar,ha cegado totalmente a la opinión. No sabe nada de lo que ocurre en Cataluña,la clemencia seria útil con rectificación y arrepentimiento,pero lo que hay es chuleria, contumacia y agresividad in crescendo.»Lo volveremos a hacer» es su exabrupto permanente. Y es absurdo culpar a un nacionalismo español que lleva cuarenta años ausente y que sólo se despereza ahora como pura reacción a li intolerable. Y basta ya de la matraca del PP y del Estatuto,porque en 2010,esperándose la sentencia del TC,las encuestas oficiales del Govern arrojaban¡ Un 5%!de interés de los catalanes en esa cuestión, el agitprop full-time del Govern fabricó a toda prisa una opinión «popular» desde arriba, justo después de las grandes revueltas sociales y el acoso judicial a los corruptos, desviando el odio ciudadano desde la hegemonia nacionalista al chivo expiatorio de «España nos roba». A buen entendedor…
Yo creo que resulta sencillamente imposible para un jurista italiano comprender el grado de deslealtad del nacionalismo catalán. Deslealtad a la Ley, empezando por la Ley suprema; sencillamente imposible comprender cómo el Estado, el Poder judicial ante todo, tiene la obligación moral de amparar y defender a millones de ciudadanos que confían en la legalidad, en sus instituciones. Pero aunque fuera solo uno. El combate por la Constitución en Cataluña es el combate de la Ley contra la fuerza. O hemos de tener en cuenta el arraigo social de la Mafia, , de la Camorra, para legitimar una negociación con el Estado italiano? La decepción con Ferrajoli no es intelectual sino moral. Y late en su posición una condescendencia y una preocupacion narcisista (preservar ante todo la ptopis auto imagen) que realmente no necesitamos.
Yo creo que resulta sencillamente imposible para un jurista italiano comprender el grado de deslealtad del nacionalismo catalán. Deslealtad a la Ley, empezando por la Ley suprema; sencillamente imposible comprender cómo el Estado, el Poder judicial ante todo, tiene la obligación moral de amparar y defender a millones de ciudadanos que confían en la legalidad, en sus instituciones. Pero aunque fuera solo uno. El combate por la Constitución en Cataluña es el combate de la Ley contra la fuerza. O hemos de tener en cuenta el arraigo social de la Mafia, , de la Camorra, para legitimar una negociación con el Estado italiano? La decepción con Ferrajoli no es intelectual sino moral. Y late en su posición una condescendencia y una preocupación narcisista (preservar ante todo la ptopis auto imagen) que realmente no necesitamos.