Daumier, “Un motivo famoso”

Por Juan S. Mora-Sanguinetti

Una cuestión polémica y repetida constantemente por jueces y abogados es si la estructura del mercado de la abogacía está relacionada con la litigiosidad en un país y, por tanto, con la alta carga de trabajo de los tribunales. Los abogados defienden usualmente que solo llevan a los juzgados los casos realmente necesarios y que, de hecho, resuelven, sin llegar a juicio, un gran número de conflictos en la sociedad. Los académicos del Derecho y los jueces, por el contrario, responden usualmente que una mayor competencia en el mercado de la abogacía (más abogados, al fin y al cabo) reduce los precios y eso conlleva una mayor tasa de litigios. Algunos autores recuerdan que es un mercado en el que la información no es simétrica (entre abogado y cliente) y que eso puede llevar a que el abogado aconseje ir a juicio más de lo necesario (como, de hecho, puede ocurrir en la sanidad privada y las pruebas médicas). Otros autores argumentan que el exceso de regulación de los honorarios de los abogados tampoco ayuda.

La discusión está servida, cada lado tiene su parte de razón y, por tanto, no está de más dejar hablar a los datos para centrar el debate. La cuestión no es fácil de resolver en términos estadísticos. Los datos nos dirán casi siempre que la relación entre “abogacía” y “litigación” es endógena (a más abogados más litigación, pero a más litigación, más abogados porque hay más espacio profesional en el que trabajar). Debido a ello, la respuesta a la pregunta que titula esta entrada, a veces es positiva y a veces no. Para Estados Unidos, algunos autores respondieron que sí, pero otros no encontraron evidencia clara. Para Italia o Japón, los académicos responden a la pregunta de forma afirmativa. Para Austria, en cambio, no hay evidencia determinante.

Sin poner más ejemplos ¿Qué es lo que ocurre en España? De inicio, parece un caso interesante de estudio. España posee la tercera tasa más alta de litigiosidad per cápita de la OCDE (como se midió en su estudio de 2013). También posee un alto número de abogados en términos per cápita. La figura más abajo muestra la media del número de abogados per cápita en cada provincia en el período 2001-2009. Hay diferencias importantes. La correlación entre litigación y abogados en cada provincia española parece también sugerente (es positiva y bastante alta: 0’68). En cualquier caso, sin un estudio profundo, que tenga en cuenta las relaciones endógenas (circulares) entre unas observaciones y otras, poco se puede concluir sobre el problema.

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Por ello, Nuno Garoupa y yo mismo nos pusimos manos a la obra y construimos una amplia base de datos que cubriera las observaciones del funcionamiento del mercado de la abogacía en España a nivel local (en cada provincia) y la litigiosidad en la jurisdicción civil para un período amplio y homogéneo (2001-2010). Es decir, lo ocurrido entre la entrada en vigor de la nueva LEC y la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la abogacía. Si se desea saber más sobre este campo de estudio y la metodología utilizada, puede descargar el artículo recientemente publicado en International Review of Law and Economics

Como es natural, tuvimos en cuenta que hay muchos motivos por los cuales la litigiosidad aumenta sin que por ello tenga que haber intervención directa de los abogados: cabe esperar que una provincia más rica y más compleja sea más litigiosa, que una ciudad con más empresas y asociaciones tenga más conflictos y que no reaccione igual el mercado de la abogacía de una provincia como Madrid o Barcelona (con sedes de los mayores despachos continentales) que el de otros lugares. Este tipo de correcciones y otras muchas se incluyeron en el modelo econométrico que aplicamos a los datos.

Una cuestión que merece un punto de atención especial es que también tuvimos en cuenta que los abogados no aparecen “porque sí” sino que son “producidos” por las facultades de Derecho. Esto parece clave para romper el argumento circular señalado arriba. Por tanto, corregimos también los resultados por la presencia “actual” de facultades (medida en 1968, justo antes de la creación de la UNED) e “histórica”, es decir, dónde era posible estudiar Derecho en España en 1845, cuando las provincias estaban encerradas en sus distritos universitarios históricos y había que desplazarse a estudiar Derecho desde Canarias hasta Sevilla, por ejemplo. Todo ello es importante porque, si bien algunos abogados se mueven de una provincia a otra y trabajan para clientes en distintas provincias, lo normal es que la abogacía sea más bien un mercado local (sobre todo fuera de los lugares en donde los grandes despachos tienen sus sedes). La figura más abajo muestra la localización (y el número) de las facultades de Derecho (públicas o privadas) en 1968.

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¿Qué concluimos? Parece que en España, en línea con algunos otros países (pero no en todos, como vimos), un mayor número de abogados está relacionado con una mayor tasa de litigiosidad a nivel local. Es decir, las provincias con más abogados también se caracterizan con un mayor número de conflictos que llegan a los tribunales civiles. Más en detalle, el resultado econométrico concreto es que un aumento de un 1% en el número de abogados per cápita genera un aumento de aproximadamente un 1’4% en la tasa de litigiosidad. Sin embargo, los resultados no parecen mostrar una evidencia clara de que haya “endogeneidad” (circularidad) en el caso español: si bien más abogados están relacionados con más casos litigiosos, no está claro que más casos litigiosos atraigan a más abogados al mercado.


 

Juan S. Mora-Sanguinetti es economista titulado en el Servicio de Estudios del Banco de España y abogado (ICAM). Mi investigación se centra en el Análisis Económico del Derecho, materia en la que doy clase en la Universidad Complutense y en la Universitat de Barcelona. Parte de mi labor investigadora puede ser consultada en: https://ideas.repec.org/f/pmo286.html.