Por Gonzalo Quintero Olivares
La convocatoria de las elecciones provoca el decaimiento de todos los proyectos y proposiciones de ley que en ese momento se encuentren en tramitación. Entre ellos se encontraba la proposición de reforma del Código penal impulsada inicialmente por Sumar, y a la que se adhirieron Bildu y ERC, y también el PSOE. La propuesta, no muy novedosa, se dirigía a eliminar los llamados delitos de opinión o de expresión, entre los cuales se ubican las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales y la glorificación del terrorismo. Sea cual sea el resultado de las elecciones, es de prever que esos temas se volverán a plantear, pues unos, como son los pequeños grupos independentistas, no van a renunciar a insultar al Rey y a exigir la supresión de la Monarquía parlamentaria, en lo que pueden contar con el actual PSOE, así como a borrar todo lo que se refiera al Reino de España, deseo incompatible con la subsistencia de la penalización de los ultrajes a los símbolos de la Nación. Todo ello es muy abstracto y requiere análisis más profundos, pero ese es el aspecto de la puerta de entrada al debate. En cuanto a otros delitos de opinión, como son las ofensas a los sentimientos religiosos, el problema es diferente, pues, por una parte, se exige respeto a la libertad de expresión, pero, por otra, se condena el antisemitismo o la islamofobia, lo cual entraña una cierta contradicción.
Vaya por delante que la libertad de opinión y expresión es una conquista irrenunciable, pero eso no empece para esperar un mínimo respeto a las condiciones de la convivencia y al marco constitucional en que ésta se desarrolla, aunque en caso de conflicto, y como regla, haya de prevalecer el favor libertatis.
En primer lugar, hay que llamar la atención sobre algo que no es una mera cuestión técnica sin especial alcance: no existe un “delito de opinión”, como n tampoco existe un delito de “expresión”, al igual que tampoco hay en el CP un delito de “corrupción”, a pesar de que el tema de la corrupción está en el centro de los debates, y no solamente en tiempos electorales. Pero al igual que sucede con los delitos de corrupción – que, dicho muy resumidamente, persiguen el funcionamiento desviado, en pro de intereses personales, de lo que sucede en el sector público – los llamados delitos de opinión parten de un interés o bien jurídico amplio, de base constitucional, y consubstancial al Estado de Derecho social y democrático que es bifronte: por un lado es preciso defender y proteger la libertad de opinión y de expresión, pero, por otro, es también obligado proteger el honor y la dignidad de las personas.
De otra naturaleza es la exigencia de respeto a instituciones y valores supra personales, como son la Corona, la Nación, y otros, como los Tribunales de Justicia o las Fuerzas Armadas. Así pues, cuando se alude críticamente a los delitos de opinión en realidad se está haciendo referencia a un heterogéneo conjunto de infracciones que difícilmente pueden justificarse con una argumentación análoga, pues entre esos delitos lo único que se puede considerar como nota común son dos aspectos: a) que todos esos delitos se cometen a través de la palabra, la escritura, los medios de comunicación (o las redes, como se acostumbra a decir en la actualidad), y, especialmente, b) que en todos ellos se considera que el autor ha abusado de su libertad constitucional de opinión y expresión.
Más allá de eso, cada uno de esos hechos típicos requiere una justificación específica, que no se puede zanjar con argumentaciones basadas sin concreción en el interés político-criminal o en el fomento de conductas positivas con el castigo de aquellas que son nocivas para la convivencia: hace falta algo más que eso, pues estamos ante la limitación de un derecho fundamental, y eso no consiente la falta de rigor. Por eso mismo, es poco ponderada una demanda de “supresión” de los delitos de opinión sin valorar separadamente la razón de ser, si la tiene, de cada uno de los delitos que se suele integrar bajo esa calificación común, y ahí es donde se ubican los problemas más enconados.
Dejando de lado lo que podemos calificar como valoraciones “bondadosas”, el debate y la génesis de la petición de reforma del CP viene históricamente provocado por los procesos penales abiertos en relación con injurias al Rey y a la Corona, o la quema de banderas u otras clases de ultrajes a símbolos del Estado, o los actos que se han considerado de escarnio a la religión católica. No acaban ahí los delitos que se pueden cometer con la palabra o la escritura, pues no se puede olvidar el enaltecimiento del terrorismo o la incitación a la violencia callejera (recordemos, recientemente, con ocasión de la llamada huelga general, a un personaje político invitando a llenar de fuego las calles). Pero cada una de esas figuras penales entraña una problemática diferente.
El objetivo de la supresión de las injurias al Rey se ha querido siempre disimular añadiendo la simultánea supresión de los delitos de injurias a las Altas Instituciones del Estado o a las Fuerzas Armadas. El argumentario parte de un axioma: que ese delito es incompatible con la democracia, aunque nada se dice sobre cuál sería el criterio si en lugar del Rey se tratara de un Presidente de la República. Seguro que sería diferente, lo que conduce a la conclusión de que lo que se impugna no es tanto la presencia de un tipo penal dedicado a la dignidad del Jefe del Estado, sino la existencia de la Monarquía parlamentaria como su forma constitucional.
Cuestión diferente es la elección de la injuria como conducta a reprimir, pues se trata de un delito excesivamente valorativo que pugna con la obligada taxatividad de la ley penal y con la libertad de expresión, por lo que sería más prudente limitar la tipicidad a la difamación, como sucede en Francia (respecto del Presidente de la República) en USA, así como en Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal o Suecia. En suma: es normal castigar la difamación del Jefe del Estado, sea Rey o Presidente de la República. La difamación consiste en la imputación de hechos falsos, y eso no puede ser amparado por la libertad de expresión, pues en el caso del Jefe del Estado, la difamación puede transcender a su persona y dañar a la imagen misma del Estado, lo que explica una respuesta jurídica severa. En suma, es preciso cambiar la anticuada formulación del delito de injurias, objetivando la intervención penal en torno a la difamación, y eso ha de alcanzar a todos los ciudadanos, también al Rey, y acabar con la idea de que lo “progresista” es no respetar su figura.
La demanda de supresión de los delitos de opinión o de expresión no alcanza solo a las calumnias o injurias contra el Rey. El grupo de delitos que se suele incluir es mucho más amplio, y el debate sobre la justificación de cada figura es diferente, y no puedo analizar en profundidad cada uno de los temas sin desbordar la extensión razonable de estas notas. Esas figuras penales tienen en común el ser una excepción a la protección constitucional de la libertad de expresión y eso solo puede admitirse cuando se produce un enfrentamiento con otro bien jurídico, no con un sentimiento, por respetable y legítimo que sea.
Quemar banderas de España es una de las preferidas maneras de expresarse de los movimientos independentistas en sus manifestaciones. La respuesta que merece eso es tema de difícil o imposible solución, pues son muchos los que consideran que es un acto imperdonable e indignante, pero no son tantos los que estiman que debe ser calificado como delictivo, y consideran que sería suficiente una sanción administrativa. El tema ha sido objeto de largas discusiones (un excelente resumen de las posturas enfrentadas puede verse en J.A. Lascuraín, Labios como espadas: libertad de expresión y derecho penal, Almacén de Derecho, 29-4-2021). La causa de las dudas sobre la criminalización puede no ser única, y depende, por supuesto, de las ideas políticas de cada cual, pero al ser el objeto del ataque un sentimiento (como sucede con los escarnios a la religión católica o a otra) es difícil colmar la necesaria cantidad de consenso sobre la antijuricidad que se precisa para recurrir al derecho penal que es, no se olvide, la más severa de las reaccione del Estado.
Características muy diferentes tiene la punición de la glorificación terrorismo o de terroristas, que prevé el art.578 CP. En el debate político es comprensible que esté presente el recuerdo de la sangrienta actividad de las organizaciones terroristas y la indignación que entre las víctimas y gran mayoría de la sociedad provocan los actos expresamente dedicados a glorificar las acciones terroristas o a tratar a sus protagonistas como héroes nacionales, justificando expresa o tácitamente sus crímenes. Por esa razón es posible afirmar que existe un amplio consenso en pro de la penalización de esa clase de acciones.
Cuestión diferente también es la referente al criterio jurídico-penal con que eso se puede hacer. No hay que olvidar que el art.18 CP contiene ya la incriminación de la apología del delito, y de esa norma se ha dicho que es discutible su utilidad y conveniencia en el plano político-criminal, razón que explica la actitud crítica que sobre esa incriminación mantiene una buena parte de la doctrina penal, que considera que los objetivos perseguidos con la tipificación de la apología también se pueden alcanzar con una adecuada interpretación de la provocación para delinquir, pues esa acción, cuando se pueda considerar como generadora de riesgo de comisión de delitos, puede merecer una respuesta penal, que, incluso, cabría sintonizar con la gravedad de los delitos a los que se dirige la provocación. La promoción de un delito reúne, en principio, razones suficientes para integrar la antijuricidad penal.
Si se eliminan esos necesarios componentes de incitación directa o indirecta a emular conductas criminales y la represión penal se justifica exclusivamente por la repugnancia que a la inmensa mayoría de los españoles provoca la glorificación del terrorismo, habrá que buscar otra clase de justificación para mantener esa figura delictiva. En esa línea se ha señalado que la falta de respeto a los sentimientos de las víctimas puede ser fundamento bastante para una respuesta penal – del mismo modo´, con todas las diferencias que se quiera incluir, que se castiga la negación del holocausto – y eso no tiene nada que ver con la incriminación de formas más o menos disimuladas de incitación al delito, sino con la percepción de que la crueldad no se olvida.
Claro está que, si se acepta esa explicación del delito habrá que reformularlo para no mezclar problemas diferentes: el de la incitación a la emulación de criminales y la ofensa a los sentimientos de las víctimas de delitos.
foto: Pedro Fraile

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