Por Alejandro Huergo Lora

En una reciente entrada, Juan Martínez Calvo explica la nueva regulación europea del contrato de concesión (es decir, la propuesta de Reglamento europeo de contratos públicos, presentada por la Comisión el 9 de septiembre de 2026), y critica a la doctrina española que “exige la transferencia de riesgo de demanda o niega que el pago por disponibilidad baste para configurar una concesión”, citando, en esa corriente, mi trabajo «El riesgo operacional en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, Documentación Administrativa, n.º 4 (nueva época), 2017, págs. 31-51.

Esa afirmación no es correcta, al menos en mi caso. En el artículo citado digo expresamente lo contrario, es decir, que no hace falta que el concesionario asuma el riesgo de demanda: “ha quedado claro que no es necesario que el concesionario asuma el riesgo de construcción (que puede no existir en determinadas concesiones) ni el riesgo de demanda” (página 46). E incluso lo repito: “se elimina el riesgo de demanda (que puede ser sustituido por el de disponibilidad)” (página 47). En cuanto a los pagos por disponibilidad, también digo que “la LCSP permite expresamente que el concesionario sea retribuido mediante pagos por disponibilidad independientes de la demanda” (página 49) y también lo repito (“a partir de la regulación general del riesgo operacional, podría haber concesiones sin asunción del riesgo de demanda, en las que, por tanto, se prevean pagos no ligados a la utilización o demanda de la obra o servicio, sino al riesgo de suministro”, página 49).

Cualquier debate, también el jurídico, tiene que basarse en la verdad, y por eso me veo obligado a hacer esas precisiones. No me extraña que el autor utilice el manido recurso de la “carta persa” (al modo de Montesquieu), porque unos hipotéticos lectores persas no advertirían ese tipo de datos incorrectos.

El autor comienza hablando de “el origen y las razones de la regulación del contrato de concesión en la Unión Europea en 2014”. Añadiendo que la Directiva 2014/23/UE “[s]e aprobó, fundamentalmente, para garantizar la concurrencia en las licitaciones de determinados contratos concesionales en aquellas tradiciones jurídicas — muy destacadamente la alemana y la austriaca, pero también la de otros Estados del centro y norte de Europa — en las que la adjudicación directa, sin concurrencia, era una práctica habitual”.

Da la casualidad de que quien ha explicado en España ese origen de la Directiva, demostrándolo con numerosos datos del Derecho alemán, he sido yo, en el artículo ya citado de 2017 (páginas 36-38, que el propio Martínez Calvo cita en otros trabajos suyos), igual que años antes lo había hecho con la Directiva de recursos contractuales, también dirigida a poner fin a prácticas de incumplimiento del Derecho europeo por parte de Alemania [en el trabajo “La nueva regulación de los contratos públicos en Alema­nia. Refle­xiones desde el derecho espa­ñol”, en El Derecho Admi­nistrativo en el umbral del Siglo XXI. Homenaje al Prof. Dr. D. Ramón Martín Mateo, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, vol. II, págs. 1841-1878]. Me parece especialmente llamativo que se me impute una postura con la que no estoy de acuerdo y se olvide lo que sí he aportado.

En el próximo número de la Revista de Administración Pública (RAP) se publica un artículo mío titulado “El trilema de las concesiones: contabilidad pública, reparto de riesgos y desindexación”, en el que también se analiza el régimen de las concesiones en la propuesta de nuevo Reglamento de contratos públicos, y en el que, por supuesto, se citan publicaciones de un experto en el tema como Juan Martínez Calvo (aunque sin atribuirle opiniones distintas de las suyas).

La Directiva de 2014, primera que reguló los contratos de concesión (que, hasta ese momento, estaban básicamente excluidos del Derecho europeo de contratos públicos), intentó frenar lo que denominé “huida a las concesiones”, es decir, la tendencia (sobre todo en Alemania) a calificar como concesiones ciertos contratos que no se querían someter a licitación y que, en realidad, no respondían a las características básicas de ese contrato de concesión, tal como era definido en las Directivas anteriores [por ejemplo, artículo 1.d) de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras] y en la Comunicación de la Comisión de 29 de abril de 2000.

La Directiva 93/37/CEE del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, define a la concesión (de obra) como un contrato que tiene por objeto la ejecución de una obra “con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de un precio” [artículo 1.d)]. La Directiva de 2014 define a las concesiones utilizando el concepto de “riesgo operacional” (operating risk). Concretamente, la Directiva mantiene, en su artículo 5, apartado 1, la definición de 1993, solo que ampliada también a las concesiones de servicios:

“contrato a título oneroso celebrado por escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la ejecución de obras [en otro apartado, la prestación y la gestión de servicios] a uno o más operadores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar las obras objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago”.

Añadiendo a continuación que

“[l]a adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable”.

¿Cuál es la razón de este añadido del “riesgo operacional”? Con toda probabilidad, el hecho de que, en los años transcurridos entre 1993 y 2014, habían aparecido y se habían difundido nuevas experiencias de colaboración público-privada (a partir, entre otros casos, de la Private Finance Initiative británica de 1992), en las que el capital privado contribuye a la construcción de activos utilizados por la Administración (no solo carreteras o vías férreas, sino también prisiones, hospitales o edificios de oficinas) y en las que la Administración recurre a esta fórmula, no para que los ciudadanos costeen la infraestructura mediante un peaje (inaplicable en muchos de estos casos), sino para poder ejecutar estos proyectos sin sobrepasar los límites legales al déficit y la deuda públicos, puesto que en estos casos, cuando se cumplen los requisitos legales, solo computa a efectos presupuestarios el importe de los pagos anuales al concesionario, no el importe total de la inversión. La Comunicación de la Comisión de 29 de abril de 2000, sobre las concesiones, decía que “el concesionario no sólo asume los riesgos vinculados a cualquier construcción, sino que deberá también soportar los riesgos vinculados a la gestión y frecuentación del equipamiento”, lo que supone una alusión al riesgo de demanda, pero posteriormente se prodigaron las concesiones basadas en pagos por disponibilidad, sin riesgo de demanda, y la Directiva (de 2014) les da cobertura mediante el concepto de “riesgo operacional”, que puede ser de demanda o de disponibilidad.

En esa Directiva se unen, como expliqué en mi artículo de 2017 y en otro titulado “Skin in the game: riesgo operacional y responsabilidad patrimonial administrativa” [El Cronista, 74 (2018), págs. 20-33], dos fuentes distintas: la jurisprudencia del TJUE que, interpretando las Directivas anteriores, establece qué es concesión (excluida de esas Directivas) y qué no lo es, y la normativa de contabilidad pública (el Reglamento SEC-2010), que explica en qué casos los proyectos de colaboración público-privada (muchas veces canalizados a través de concesiones) “consolidan” a efectos de déficit y deuda pública y en qué casos “no consolidan”, de forma que en las cuentas públicas solo cuentan los pagos periódicos al concesionario y no el importe total de la inversión en el año de su realización.

En cuanto a la transposición de la Directiva de 2014 en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de 2017, y a diferencia de lo que dice Juan Martínez Calvo, fue totalmente lógico que el legislador español de 2017, en la Ley de Contratos del Sector Público, incorporara la definición de concesión de la Directiva 2014/23/UE, de la que forma parte el riesgo operacional. Y ello porque lo contrario (es decir, mantener categorías nacionales que pueden encajar, o no, con las europeas) supone un riesgo de incumplimiento del Derecho de la UE, que puede ser declarado por el TJUE. Precisamente lo que se ha criticado al legislador español (y a los de otros Estados) es haber incorporado las Directivas al Derecho interno añadiendo una capa de regulación en lugar de sustituir la regulación nacional por la europea, de forma mucho más sencilla (es decir, el denominado “goldplating”). La propuesta de Reglamento de contratos públicos persigue justamente acabar con esta práctica.

Además, aunque es cierto (y así lo he sostenido en mis publicaciones y en múltiples intervenciones públicas e informes en estos años) que en España no se producía el problema de Alemania, puesto que las concesiones, aunque excluidas de las Directivas, sí estaban sometidas a la legislación nacional de contratos y a procedimientos de licitación públicos y transparentes, había contratos que se denominaban de concesión y que en realidad eran contratos de servicios camuflados para beneficiarse de un plazo de duración más largo, precisamente porque en ellos no había asunción del riesgo operacional.

Por otro lado, el artículo 29.9 LCSP, como consecuencia de una sorpresiva enmienda, establece que el plazo de duración de las concesiones se determine a través de una fórmula procedente del Reglamento de la Ley de Desindexación (Real Decreto 55/2017), en la que se incluye una tasa de descuento que se convierte en la tasa de rentabilidad de cualquier concesión, con independencia de su objeto y del riesgo asumido por el concesionario. Esto no solo resulta ilógico y ha contribuido al abandono casi total de la figura en estos años (muy pocas concesiones importantes y, en muchos casos, con solo un licitador en el procedimiento), sino que es, a mi juicio, contrario a la propia Directiva, como explico con más detalle en el artículo mencionado de próxima aparición.

En cuanto a la idea “doctrinal más que normativa” (según la entrada que comento) “de que riesgo operacional equivale a la posibilidad de incurrir en pérdidas por motivos no vinculados a la actuación del concesionario”, tampoco es ninguna ocurrencia, sino que deriva del preámbulo de la Directiva de 2014 (apartado 20), cuando establece:

“[u]n riesgo operacional debe derivarse de factores que escapan al control de las partes. Los riesgos vinculados, por ejemplo, a la mala gestión, a los incumplimientos de contrato por parte del operador económico o a situaciones de fuerza mayor, no son determinantes a efectos de la clasificación como concesión, ya que tales riesgos son inherentes a cualquier tipo de contrato, tanto si es un contrato público como si es una concesión”.

Idea que tiene, por otro lado, origen jurisprudencial, puesto que la sentencia del TJUE de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst, Asunto C-274/09, apartado 38, dice:

“riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación del operador económico no son determinantes a efectos de calificar un contrato como contrato público o como concesión de servicios, puesto que tales riesgos, en efecto, son inherentes a cualquier contrato, ya se trate de un contrato público de servicios o de una concesión de servicios”.

No hablamos, por tanto, de “pseudoproblemas doctrinales”, ni es algo que exista solo en España, sino que surge justamente de datos normativos europeos (acertados o equivocados, esa es otra cuestión).

En mi artículo de próxima aparición explico cómo este rasgo o requisito que tenía el riesgo operacional en la Directiva de 2014, que ciertamente genera problemas e incertidumbres y que está mal regulado (puesto que aparece en el preámbulo, pero no en la parte dispositiva), no procede, al contrario que el resto de la figura, de la normativa de contabilidad (SEC-2010), con la que choca, y ha desaparecido en la propuesta de Reglamento de contratos públicos.

Por otro lado, decir que “[l]a Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratos públicos y concesiones integra todo el régimen concesional en un único instrumento de aplicación directa y lo reduce, en su Parte IV (arts. 114 a 126), a trece artículos —frente a los 54 de la Directiva de 2014—“ no es correcto, porque ahora las concesiones son un contrato más de los regulados en el Reglamento, de forma que se les aplica todo el Reglamento y no solo los pocos artículos del capítulo que se les dedica (artículo 114.2), mientras que antes tenían una Directiva entera, en la que tenían que incluirse todas las normas relativas a las concesiones. El Reglamento mantiene el concepto de “operating risk”, aunque ahora traducido como riesgo operativo y no como riesgo operacional, y lo flexibiliza en el sentido de que no exige que se concrete precisamente en riesgo de demanda o riesgo de suministro, sino que establece una lista no exhaustiva de posibles riesgos: “tales como los riesgos vinculados a las incertidumbres que afectan a la demanda, los ingresos, los costes de explotación, la disponibilidad, las condiciones técnicas y operativas o el rendimiento”.

Las concesiones son un instrumento que sirve para canalizar la colaboración público-privada, útil y conveniente siempre que se estructure de forma adecuada (como se intenta verificar a través de exámenes “value for money”). Su regulación debe ser coherente y respetuosa con el marco jurídico europeo, lo que no puede decirse de la remisión al Real Decreto 55/2017, que debería quedar desplazado por el Reglamento de contratos públicos. Pero tenemos que partir de los datos normativos (primero la Directiva, ahora la propuesta de Reglamento), no de una “tradición concesional” que cada uno interpreta como quiere, y mucho menos poner en boca de los demás posturas que no han defendido.


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