Por Juan Martínez Calvo

Desde los célebres escritos de Montesquieu en los que simula ser un escritor persa para destacar las irracionalidades de la sociedad francesa y europea del siglo XVIII en sus “Cartas Persas”, este recurso se ha utilizado en innumerables ocasiones. No he podido resistirme a hacerlo yo. Pero en este caso sería incluso más fácil, pues no necesitaríamos a ningún jurista persa: cualquier especialista en concesiones de cualquier país de la Unión Europea se sorprendería de la forma en la que en España la doctrina administrativa y académica mayoritaria han interpretado elementos esenciales de los contratos concesionales. La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta de nuevo reglamento del parlamento europeo y del consejo sobre contratos públicos y concesiones. La lectura y explicación de las novedades de esta propuesta de reglamento, en lo que se refiere a los contratos de concesión, nos da una perspectiva muy útil para explicar la discutible interpretación que se ha hecho en España de la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de los contratos de concesión.

El problema en el Derecho de la Unión y en el Derecho español: una falta de comprensión estructural del problema desde la transposición de la directiva de concesiones.

La primera pregunta relevante es la de cuál es el origen y las razones de la regulación del contrato de concesión en la Unión Europea en 2014. La Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, no se aprobó porque hubiera una laguna armonizadora en los Estados que ya conocían la figura concesional al modo clásico español, francés o italiano. Se aprobó, fundamentalmente, para garantizar la concurrencia en las licitaciones de determinados contratos concesionales en aquellas tradiciones jurídicas — muy destacadamente la alemana y la austriaca, pero también la de otros Estados del centro y norte de Europa — en las que la adjudicación directa, sin concurrencia, era una práctica habitual.

El precio de ese consenso político que permitiera abrir dichos contratos a la libre concurrencia fue una definición deliberadamente abierta de qué es un contrato de concesión. El artículo 5.1 de la Directiva, con las notas desarrolladas en los considerandos 18 a 20, introduce el concepto de «riesgo operacional» como criterio determinante para calificar un contrato como concesión. El resultado es un texto consensual, oscuro como pocos, cuya función principal — vista desde Bruselas — era precisamente evitar que la mayoría de aquellos contratos tradicionalmente no licitados en el centro de Europa pudieran seguir excluyéndose del Derecho de la contratación pública europea. Es decir, el centro de gravedad de la norma estaba en forzar la concurrencia en las jurisdicciones que no la practicaban, no en reformar las que ya la practicaban desde hacía décadas.

¿Qué ocurrió en la legislación y en la práctica concesional españolas?

La normativa de contratación pública española no planteó nunca problema alguno de publicidad y concurrencia en los contratos concesionales. El TRLCSP de 2011, como el TRLCAP de 2000 y su reforma de 2003 antes que él, sometía las concesiones de obra pública y de gestión de servicios públicos a licitación con pleno respeto a los principios del Tratado. La transposición de la Directiva 2014/23/UE debería haberse limitado, por tanto, a verificar la plena coherencia de nuestro régimen tradicional con el texto comunitario y a introducir los ajustes puntuales imprescindibles (muy pocos en realidad).

Pero el legislador español de 2017 optó, para sorpresa del jurista persa, por el camino contrario. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), prescindió inexplicadamente de nuestra tradición jurídica y trasladó de forma casi literal el contenido de la Directiva en la definición del contrato de concesión de obras y de servicios (arts. 14 y 15 LCSP). El concepto de «explotación», que vertebraba nuestras leyes de contratos hasta 2017 y que servía de puente natural entre la figura concesional y la noción de servicio público, quedó formalmente desplazado por un «riesgo operacional» cuyos contornos nadie en España había tenido necesidad de precisar hasta entonces.

A ello se sumó la aprobación del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, cuyo artículo 10 impuso — desde una norma cuyo objeto no es la contratación pública — un método de cálculo del plazo máximo de duración de las concesiones basado en la recuperación de la inversión anclado a la rentabilidad del bono español a diez años y, lo que es más llamativo, exigió de forma inconsistente y no fundamentada eliminar los costes financieros del modelo de cálculo.

Todo ello se completó con la creación, por el artículo 333 LCSP, de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), concebida como órgano consultivo para evaluar la sostenibilidad financiera de los contratos concesionales con pagos de la Administración. El diseño institucional, sin embargo, fue erróneo desde el inicio: el órgano llamado a apoyar técnicamente a las administraciones en la estructuración correcta de sus concesiones acabó operando como una suerte de órgano cuasi-interventor, con una práctica preceptiva y, en los hechos, vinculante, en la que no son infrecuentes resoluciones con votos particulares entre sus miembros, lo que resulta de difícil defensa en un órgano que se diseñó como técnico. Sobre este sustrato se desarrolló en estos años una serie de informes de la ONE — y, con menor intensidad, resoluciones de alguna junta consultiva y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales — con una lectura muy restrictiva de los requisitos para licitar un contrato concesional que, en resumen, se fundamentaron en una interpretación errónea del concepto de “Riesgo operacional”. La gran calidad de los equipos que han formado la oficina técnica de la ONE se han encontrado con un Pleno no técnico y deliberativo que ha realizado interpretaciones que deben ser criticadas.

He desarrollado la crítica a esta interpretación del riesgo operacional en J. Martínez Calvo, «Riesgo operacional en los contratos concesionales: sobre la pretendida necesidad de transferir riesgo de demanda y el significado de la traslación del riesgo de suministro» (2019). Allí se analizan las posiciones de los órganos consultivos —Informe 9/2016, de 1 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, e Informe 2/2014, de 22 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón— y de la doctrina que exige la transferencia de riesgo de demanda o niega que el pago por disponibilidad baste para configurar una concesión: D. Sanz Pérez y M. Reverter Baquer, «La Directiva de Concesiones: especial atención al riesgo operacional y su aplicación práctica en nuestro ordenamiento», en M. A. Recuerda Girela (coord.), Problemas prácticos y actualidad del Derecho Administrativo. Anuario 2016, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2016; A. Huergo Lora, «El riesgo operacional en la nueva Ley de Contratos del Sector Público», Documentación Administrativa, n.º 4 (nueva época), 2017, págs. 31-51; A. Román Márquez, «El riesgo en las concesiones de obras y servicios públicos: orígenes, evolución y situación actual en el ordenamiento jurídico comunitario», Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 182, págs. 445-481; y M. E. López Mora, El nuevo contrato de concesión: el riesgo operacional, Atelier, 2019, págs. 143-184. La lectura de estos trabajos ilustra perfectamente el enfoque erróneo de lo que es el riesgo operacional que cualquier jurista persa se sorprendería de leer.

Nueve años de interpretaciones restrictivas: el riesgo operacional como «posibilidad de perder aunque se gestione bien»

El saldo de estos nueve años es muy conocido. La ONE ha venido construyendo una lectura del riesgo operacional extraordinariamente restrictiva y, sobre todo, sin base legal clara en el artículo 14 LCSP ni en la Directiva. El punto culminante de esa línea es la idea defendida por la ONE — doctrinal más que normativa — de que riesgo operacional equivale a la posibilidad de incurrir en pérdidas por motivos no vinculados a la actuación del concesionario. Dicho de otro modo: aunque la sociedad concesionaria preste el servicio correctamente, debe poder perder dinero. Esta construcción no sólo carece de apoyo expreso en el texto comunitario, sino que resulta contraria a la naturaleza misma del contrato administrativo, que ordena la actividad a un fin público cuyo cumplimiento no debería penalizar al concesionario diligente y transforma un contrato sinalagmático en un contrato aleatorio lo que es completamente contrario al mínimo sentido jurídico.

Sobre ese cimiento se ha llegado a cuestionar incluso que los pagos por disponibilidad — reconocidos de forma expresa por el artículo 267.4 LCSP y por el considerando 20 de la Directiva 2014/23/UE — sean compatibles con la naturaleza concesional en Derecho español, y en algunos informes se ha reducido el margen práctico para su empleo a extremos que ningún operador internacional comprendería. La doctrina española, con honrosas excepciones, ha asumido en buena medida esa lectura y la ha trasladado a sus manuales y comentarios.

La realidad es que todas estas construcciones son pseudoproblemas doctrinales. Estructurando con rigor la matriz de riesgos, el reparto de ingresos y los mecanismos de reequilibrio, es perfectamente posible licitar concesiones de obra pública en España hoy, con el actual texto de la LCSP. El ejemplo más elocuente es el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de la Red Autonómica de Aragón (PEIC), que ha estructurado y licitado once concesiones de obra pública por un importe conjunto superior a los 800 millones de euros, cuyas inversiones están ya ejecutadas prácticamente en su totalidad. El PEIC prueba, con cifras y obras, que la ortodoxia interpretativa de la doctrina que hemos referido no se corresponde con las exigencias materiales de la Directiva ni con las necesidades reales de la contratación concesional en España.

El nuevo Reglamento comunitario: no es «flexibilización» del régimen concesional, sino plena aceptación de la licitación concurrencial

La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratos públicos y concesiones integra todo el régimen concesional en un único instrumento de aplicación directa y lo reduce, en su Parte IV (arts. 114 a 126), a trece artículos — frente a los 54 de la Directiva de 2014 —. La doctrina española que ha empezado a comentar el texto subraya esta reducción como un ejercicio de flexibilización y simplificación

Así, por ejemplo, el comentario de Hernández González, Lazo Vitoria y Noguera de la Muela publicado en el Observatorio de Contratación Pública, ISSN 2952-3109, bajo el título «La flexibilización del régimen de las concesiones en el futuro marco europeo de contratación pública». No podemos estar más en desacuerdo con esta visión.

El jurista persa diría con seguridad que esa caracterización no capta el movimiento de fondo. La reducción no es una concesión del legislador comunitario a quienes quieren contratar con menos exigencias: es exactamente lo contrario. Es la constatación de que, tras una década de aplicación, la licitación concurrencial de los contratos concesionales ha sido finalmente asumida en Alemania, Austria y las demás jurisdicciones que resistían el modelo. Desaparecida la razón histórica del consenso ambiguo, los servicios de la Comisión han podido redactar, por fin, una norma de concesiones que no está construida — como suele ocurrir en el Derecho de la Unión — sobre transacciones lingüísticas que generan textos oscuros y alambicados. Es una norma técnica, no un pacto.

Esta es, en lo esencial, la conclusión que ya hizo el informe desarrollado por Deloitte para la Oficina Nacional de Evaluación con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (EPEC) sobre el régimen concesional español, que ya había apuntado la insuficiencia estructural del enfoque «financiero-restrictivo» aplicado en España.

Este informe de recomendaciones estratégicas puede consultarse aquí: https://www.hacienda.gob.es/es-es/oirescon/paginas/one-acuerdobei.aspx. El informe, en el que el autor de este artículo trabajó como experto jurídico, se redactó tras un trabajo de entrevistas con las principales agencias responsables de contratos concesionales (Alemania, Francia, Portugal e Italia). En ninguno de dichos países los expertos públicos percibían el “problema patrio” del riesgo operacional.

Sólo desde la perspectiva doctrinal y práctica española — muy marcada por el reglamento de desindexación, que recordemos no es un reglamento de contratación pública — se entienden las dificultades interpretativas de estos años. Vistos desde Bruselas, los arts. 114 a 126 del nuevo Reglamento no son un salto hacia la laxitud, sino una vuelta a la normalidad técnica del contrato concesional, que la tradición española pre-2017 conocía bien.

Lo que dice en lo básico el nuevo Reglamento sobre concesiones

Sin pretensión de exhaustividad, puede sintetizarse en seis líneas lo que estos trece artículos aportan respecto de la Directiva 2014/23/UE, y por extensión respecto de la LCSP.

a) Nueva definición de la concesión: vuelta al concepto tradicional de explotación y reaparición indirecta del régimen jurídico del servicio. El artículo 115.1 define la concesión como el contrato oneroso por el que uno o varios compradores públicos confían la ejecución de obras o la prestación y gestión de servicios a uno o varios operadores económicos «en beneficio de los usuarios», cuya retribución consiste en el derecho a explotar las obras o los servicios — bien exclusivamente, bien junto con un pago del comprador público — y que implica la transferencia al concesionario del riesgo de explotación. El considerando 48 de la Propuesta aclara que el centro de la definición se desplaza desde categorías rígidas de riesgo (demanda, oferta) a la «exposición del concesionario a resultados económicos inciertos que puedan afectar a la recuperación de las inversiones y los costes de explotación en condiciones normales de mercado». Esta definición encaja perfectamente en el concepto tradicional de «explotación» de nuestras leyes de contratos hasta 2017. Además, el artículo 115.1.b) — al imponer al poder adjudicador la obligación de determinar la «naturaleza, el alcance y las condiciones de la ejecución» y de fijar «requisitos específicos» durante toda la vigencia de la concesión — reintroduce de forma indirecta el concepto de régimen jurídico del servicio. Nada más parecido al tradicional contrato español de gestión de servicios públicos.

b) Caben contratos concesionales mixtos. El artículo 116 regula expresamente los contratos de concesión mixtos, que combinan elementos de concesión y de otros contratos públicos, y determina el régimen aplicable en función de su separabilidad y, en su defecto, del objeto principal.

c) Las concesiones de aguas siguen excluidas (y en España sigue siendo irrelevante). El artículo 117.1.c) y d) mantiene la exclusión del régimen comunitario para las concesiones vinculadas al suministro de agua potable, los proyectos hidráulicos cuando el agua destinada a boca supere el 20 % del volumen y la evacuación o tratamiento de aguas residuales. La exclusión no tiene ningún efecto práctico en España: la LCSP sigue, y seguirá, sometiéndolas a su régimen general.

d) Indicadores de calidad en la ejecución de la concesión. El artículo 119.2 exige que, cuando proceda, las condiciones obligatorias se articulen como requisitos de rendimiento claros, objetivos y cuantificables, incluyendo indicadores sobre calidad del servicio, disponibilidad y continuidad, eficiencia y fiabilidad, y sostenibilidad y resiliencia. El jurista persa se sorprendería que esto se destaque en España por los comentaristas del nuevo texto como novedad, puesto que los artículos 211 y 285.2 permiten anudar a los KPI consecuencias (incentivos o deducciones) en la ejecución. Lo que la norma europea impone con mayor claridad es la lógica «KPI-indexada» ya conocida en el mercado anglosajón de PPP.

e) Evaluación estructurada de riesgos: la matriz de riesgos pasa a ser obligatoria. El artículo 120 exige que, con carácter previo al inicio del procedimiento, el comprador público lleve a cabo una evaluación de los principales riesgos económicos, identificando categorías y determinando sobre bases objetivas su reparto entre las partes, con posibilidad de mecanismos de ajuste conformes al artículo 125 que no desnaturalicen la concesión. Es decir: matriz de riesgos obligatoria desde el pliego. Este debe ser el criterio clave. El “punto muerto financiero” que utiliza la ONE es un instrumento de análisis extraordinariamente más limitado.

f) Duración: se desvincula del solo plazo de recuperación de la inversión. El artículo 122 mantiene como referencia el período necesario para recuperar la inversión junto con una rentabilidad razonable, pero obliga a determinar la duración atendiendo también al «objeto de la concesión y el interés público en preservar la competencia y el acceso al mercado», al reparto de riesgos, al ciclo de vida tecnológico, normativo y medioambiental, y a la «necesidad de garantizar una exposición periódica a la competencia». El jurista persa no entenderá que este concepto estuviera regulado en España — en opinión contra legem de quién suscribe — por un reglamento de desindexación de la economía. Con el nuevo Reglamento este margen interpretativo desaparece: el RD 55/2017 será contrario al Derecho comunitario en el momento en que se apruebe el Reglamento, y la fijación de la duración volverá a la flexibilidad que la tradición española tenía antes de 2017 y que sólo la transposición literal hizo problemática.

A ello se suma, a modo de corolario práctico (arts. 124 y 125), una flexibilización relevante (aquí sí) del régimen de ajustes y modificaciones.

La conclusión del jurista persa

Si un jurista persa aterrizara hoy en España con el borrador de Reglamento en la mano, tras leer los artículos 114 a 126 y los considerandos 47 a 50, diría tres cosas.

Primera: la nueva norma no inventa nada que la tradición concesional española, francesa o italiana no conociera ya. Habla de explotación, de régimen jurídico del servicio, de equilibrio económico, de reversión de activos, de interés público como causa de resolución. Es, en el fondo, nuestro contrato administrativo tradicional, revestido de un lenguaje técnico armonizado y liberado del lastre dialéctico que la Directiva de 2014 arrastraba desde su génesis consensual.

Segunda: el problema español de estos nueve años no estuvo en la tradición jurídica, sino en su abandono. La transposición literal de 2017, el RD 55/2017 operando como norma de contratación sin serlo, y una práctica consultiva muy restrictiva, construyeron un cuerpo de doctrina que ha dificultado durante casi una década lo que el Programa Extraordinario de Carreteras de Aragón demuestra que es perfectamente posible: licitar y ejecutar concesiones de obra pública de gran envergadura con pleno respeto a la Directiva y a la LCSP.

Tercera: a partir de la aprobación del Reglamento, varias de esas construcciones quedarán sencillamente desplazadas. El reglamento de desindexación, en lo que aún ata la fijación de la duración de las concesiones, será contrario al Derecho de la Unión. La definición de riesgo operacional como «posibilidad de perder aunque se gestione bien» se quedará sin encaje normativo. Los pagos por disponibilidad no tendrán ya margen razonable de discusión. La matriz de riesgos pasará a ser pieza central del pliego, por delante del punto muerto financiero. Y los indicadores de calidad quedarán firmemente anclados en el régimen jurídico del contrato.

El jurista persa, al cerrar el libro, no entendería cómo pudieron desarrollarse en España estos nueve años de debates. Nosotros, que no somos persas, tenemos quizá el deber de releer con calma el borrador y, antes incluso de que entre en vigor, reconsiderar algunas de las posiciones adoptadas por nuestros órganos consultivos.


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