Por Jorge Agudo González

El ideal: la investigación libre de sesgos

La libertad investigadora es un derecho fundamental reconocido en el art. 20.1.b) de la Constitución. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que este derecho protege frente a intromisiones e injerencias en la actividad investigadora. La lógica iusfundamental está orientada, por tanto, a atajar las amenazas externas al ejercicio del derecho que condicionan qué investigamos, cómo investigamos, cómo publicamos…

Complementariamente a ese contenido del derecho fundamental, existe otro rasgo esencial e inherente a la actividad investigadora. Investigar implica un compromiso ético. Los investigadores tenemos gran responsabilidad a la hora de determinar qué investigamos y, especialmente, cómo investigamos. Debemos liberarnos de sesgos cognitivos que perturben nuestro proceso epistemológico. Solo así obtendremos un resultado objetivo, fundado, verificable y susceptible de crítica.

En el mundo del Derecho la correspondencia entre una investigación sujeta a criterios científicos y libre de sesgos, y una investigación libre de injerencias ajenas, es un óptimo al que debemos intentar acercarnos, pero que no es tan fácil cumplir.

La realidad a la que nos sometemos: las limitaciones a la libre investigación y la difícil liberación de los sesgos

La realidad de la investigación en el mundo del Derecho es, a mi juicio, distinta. Existen injerencias con diferente procedencia e intensidad, incluso no necesariamente negativas, que inciden en nuestra actividad investigadora. Las corrientes postpositivistas-historicistas de la Teoría de la Ciencia -con Thomas Kuhn o Imre Lakatos – mostraron que la evolución de la ciencia no sólo depende del método y de la refutabilidad de los resultados -Karl Popper-, sino también del contexto institucional y personal. Si la investigación en las ciencias naturales sujetas al método científico por antonomasia encuentra condicionantes de esa naturaleza -A. Diéguez (2024): La ciencia en cuestión -, ¡cómo será en la Ciencia Jurídica! Su especialidad como ciencia -J. Vega (2000): La idea de ciencia en el Derecho, Pentalfa-, las singularidades de su método y las particularidades académicas así lo corroboran -J. Agudo (pendiente): De Tribunales y Ciencia Jurídica, 2024-.

Las injerencias en la investigación jurídica tienen un origen diverso. Una tipología primaria permite distinguir hasta tres tipos: las de origen institucional o académico (i), las de naturaleza administrativa-burocrática (ii) y las de carácter editorial (iii).

(i) Desde que un investigador comienza su carrera académica concurren circunstancias que condicionarán su investigación. La más importante es la jerarquía. Que nuestra carrera académica dependa de quienes están por encima de nosotros, fomenta que la investigación no se salga de los patrones marcados por quienes están arriba en el escalafón. Seguir las pautas imperantes en la comunidad científica a la que pertenecemos ayuda a que los resultados sean asumibles y, por tanto, a que sean valorados positivamente por quienes pueden influir en nuestra progresión académica.

Esta realidad se constata ya en los jóvenes doctorandos. Los directores de tesis son clave en la selección de temas y en el modo de abordar su estudio. Esa influencia, a su vez, tiene una fundamentación cíclica, pues se basa en preconcepciones que son el resultado de pertenecer a una escuela, de haberse sometido a las jerarquías académicas… Tradicionalmente el saber compilado en las publicaciones de los maestros ha limitado el planteamiento de nuevos temas o el abordar problemas jurídicos clásicos de un modo original. Sus obras “cercaban” las realidades relevantes y, sobre todo, el modo de asumir las ya estudiadas. Plantear problemas innovadores podía suponer abrir un ámbito de conocimiento desconsiderado por el maestro -“¿Para qué va a estudiar usted eso?”-. Abordar un tema clásico de un modo original podía poner en tela de juicio su sabiduría.

Las cosas han cambiado bastante, aunque a veces uno echa de menos a los antiguos maestros. En algunas Facultades hay catedráticos ‘jóvenes’ que intentan emular al viejo maestro. Son profesores con una carrera investigadora notable que han conseguido crear ‘círculos de confianza’ del que forman parte un pequeño grupo de “discípulos”. La confianza de estos profesores en sí mismos es proporcional a su capacidad persuasiva. Van adquiriendo pedigrí institucional gracias a su exposición constante -en la gestión universitaria, en eventos académicos…-, lo que les hace significarse como alguien a tener en cuenta. Tratándose de investigar, los ‘neo-maestros’ no sólo condicionan a sus leales, sino que menosprecian abiertamente a quienes no se ajustan a sus criterios: son especialistas en decirnos cómo hay que hacer las cosas. Sólo ellos están al nivel, de modo que van construyendo una especie de élite autoproclamada que pone las cosas más difíciles a quienes no se suben al carro. Por suerte, ya no todo depende de ellos.

Una manera para librarse, al menos parcialmente, de esas tutelas es mantener varias líneas de investigación. Es fundamental tener una línea de estudio que realmente nos apasione, aunque no esté de moda. Son muchos fines de semana y días de vacaciones dedicados a temas que quizá nunca vean la luz porque no hay lugar para su publicación. Aquí reside el resquicio esencial de la libertad investigadora.

Cuanto mayor se es, más fácil es todo esto, pues ya se han cubierto los expedientes que te obligan a hacer lo que otros te reclaman. La dependencia y las influencias ajenas son menores y la madurez intelectual nos permite elegir con criterio propio. No obstante, con los años las preconcepciones también son más fuertes. Esto nos anquilosa en cierta medida, cuando no, nos vuelve cómodos y nos hace redundar sobre los mismos temas.

(ii)Aparte de esas líneas de investigación personal, también tenemos otras más ajustadas a los “cánones oficiales”; temas novedosos muchas veces impuestos por las necesidades. Aquí entro en la segunda fuente de intromisiones que antes he calificado como administrativas o burocráticas.

Esas otras líneas de estudio nos abren las puertas de la financiación de proyectos. Conozco a colegas que han perdido el interés por solicitarlos, no porque no quieran investigar, sino porque conocen las limitaciones de las convocatorias. Una importante es la relativa a quién debe solicitar el proyecto para tener ciertas garantías de éxito: ¿Para qué hacer el esfuerzo, si hay una alta probabilidad de no tener recompensa porque no tengo la categoría académica que facilita obtenerla, es decir, no soy Profesor Titular y sobre todo Catedrático-? La segunda limitación es temática. Quienes optamos por solicitar la financiación de proyectos de investigación, tenemos que aceptar que el tema elegido se enmarque en los temas prioritarios de cada convocatoria. A los investigadores principales nos podrá gustar más o menos el tema, pero tengo mis dudas de que suceda lo mismo con quienes se ven obligados a participar en el equipo de investigación para ganar méritos y/o para no quedar mal con el profesor que toma la iniciativa y que en el futuro podría condicionar su vida académica.

Esos temas innovadores abren las puertas de las editoriales y de muchas revistas científicas. Facilitan publicar en las mejores condiciones para lograr los sexenios de investigación o ser acreditado como Profesor Titular o Catedrático. De hecho, es clave en ese apasionante mundo de la burocracia de la evaluación académica en el que todos hemos estado involucrados para no perder el carro de las promociones universitarias.

(iii) Temas “con mercado” permiten publicar en las editoriales mejor clasificadas en los rankings nacionales e internacionales y en las revistas científicas de mayor prestigio.

La idea de que las editoriales se rijan por criterios económicos tiene consecuencias importantes para los avances de la ciencia jurídica: i) Buenos trabajos de investigación no encuentran lugar para su publicación porque son temas que no venden; ii) Bastantes editoriales “se han acostumbrado” a pedir financiación por publicar ya para asegurar la inversión, ya como pago por publicar en las mejores editoriales… Los trabajos “sin mercado” deben recurrir a la autofinanciación para poder ser publicados; también sucede lo mismo con trabajos sin calidad, de modo que el conocimiento no avanza necesariamente gracias a los mejores trabajos, sino a los mejor financiados. Estas limitaciones llevan a algunos colegas a publicar en editoriales desconocidas o, incluso, a recurrir a la autoedición en internet, con las consecuencias negativas que esto tiene en las evaluaciones académicas.

En relación con las revistas científicas y algunas editoriales el problema no es económico, sino ético y vinculado a la evaluación de originales. Ya he tenido ocasión de pronunciarme sobre la tiranía del peer review. Se me permitirá reiterar las conclusiones a las que llegué en ese momento: i) Es un deber intelectual y académico someternos al escrutinio de otros investigadores; ii) Es una cuestión de probidad que los evaluadores sean neutrales y constructivos -véase también A. Sokal (2024): How ideology threatens to corrupt science-; y iii) Es responsabilidad de los editores no influenciar en el proceso de revisión, así como garantizar que los evaluadores sean honestos intelectualmente.

Porr último, una breve alusión a los sesgos. Nuestro bagaje académico sesga nuestro entendimiento tanto sobre qué merece la pena investigar -lo cual puede ser perfectamente legítimo-, como sobre los métodos a emplear para afrontar la investigación -lo que puede desvirtuar los resultados-. En ocasiones, de forma inconsciente ponemos nuestra capacidad intelectual al servicio de intereses que objetivamente no se corresponden con nuestra posición institucional. La peor manifestación de ese sesgo intelectual es la investigación dirigida a resultados: la hipótesis de trabajo es, en realidad, un resultado anticipado y todo el proceso investigador está articulado para ratificar esa conclusión. La ética de trabajo está en la conciencia de cada uno y tenemos la difícil tarea de limitar al máximo algo que, muchas veces, nos resulta imperceptible.

Otra realidad que algunos eligen conscientemente y que cada vez se hace más patente: el activismo académico

El activismo académico no es un fenómeno nuevo. Sí es un fenómeno creciente. Una cosa es que nuestras investigaciones estén condicionadas institucional y administrativamente y otra bien distinta que la investigación esté dirigida por las necesidades políticas. Una cosa es que nuestros estudios puedan tener una carga de sesgos evitables y otra muy distinta que una investigación esté orientada exclusivamente para satisfacer exigencias ideológicas. Cuando eso nos sucede, nos convertimos en “pseudoinvestigadores-consultores” de alto nivel.

Hay muchas formas de activismo académico, pero todas comparten características comunes -T. Khaitan (2022): On Scholactivism in Constitutional Studies: Skepticals Thoughts, ICON 20(2): i) Tienen horizontes cortoplacistas, pues tienden a satisfacer necesidades políticas inmediatas, lo que es incompatible con el tiempo que exige toda investigación científica que se precie; ii) Exigen una actitud de certeza basada en planteamientos tajantes y absolutos resistentes a la crítica y difícilmente compatibles con su refutabilidad; y iii) Son celebradas y recompensadas. Esto es lo más importante.

Decía que hay muchas formas de activismo. Yo destacaría tres.

La primera podría calificarse como el “activismo light o informal” que puede favorecer futuras publicaciones, proyectos de investigación, cátedras de patrocinio… A veces se hace motu proprio, por ejemplo, acudiendo a eventos organizados por partidos políticos para dejarse ver y ganarse el afecto del político; otras asistiendo previa invitación para mostrar abiertamente apoyo; otras publicando opiniones sesgadas en redes; otras aceptando dictar conferencias sobre temas conflictivos en un sentido (pre-)determinado…

Un nivel de activismo más delicado es el de la “ingeniería jurídica”. Unos más que otros hemos colaborado con Administraciones en la elaboración de dictámenes. Esto es una forma de transferencia de conocimiento totalmente aceptable. A mi juicio, el activismo va más allá. El activismo implica la aceptación de encargos totalmente dirigidos, poniendo toda una ingeniera jurídica a la carta al servicio del político con el fin de justificar lo injustificable. Estos casos no sólo superan todos los límites de la ética académica, sino que, además, consienten asumir que no hay límites jurídicos. Algunas afirmaciones que he escuchado hace poco -por ejemplo: “La Constitución es lo que diga el Tribunal Constitucional”- muestran una deriva que “manosea” principios y valores fundamentales que deberían estar fuera de cualquier debate jurídico.

Un tercer nivel de activismo tiene una más clara relación con la investigación. Es la “investigación dirigida legislativamente”. En los últimos años han proliferado más de una decena de leyes con una carga ideológica muy fuerte. Sus preámbulos justifican la necesidad de generar transformaciones en la mentalidad social. Estas leyes también promueven la investigación. Ahora bien, sólo fomentan la que es compatible o está dirigida a cumplir con los objetivos legales. Quien se ajusta a lo que la ley impone, tiene recompensa: investiga lo que la ley dice y con la orientación que ésta quiere. Quien se atreve a pensar críticamente queda fuera de la financiación.

El activismo es incompatible con la libertad investigadora y rompe nuestro compromiso ético. La quiebra de nuestras responsabilidades tiene varias derivadas -G. Zagrebelsky (2024): Tiempos difíciles para la Constitución,-. La primera es el descrédito académico. La segunda es la pérdida de autonomía por la aceptación de injerencias externas. La tercera, y consecuencia de lo anterior, es la sumisión al poder.

¿Pero por qué pagar ese precio? La respuesta está en las recompensas. Recordemos, el activismo se premia. Medrar para conseguir “tocar poder”: tu opinión adquiere una influencia que difícilmente tendría de otro modo… aunque el gran premio es el nombramiento. Desde luego que hay profesores muy meritorios que han sido nombrados en altos cargos con todo el merecimiento e, incluso, en Gobiernos de distinto signo político. Esto es laudable. El nombramiento al que me refiero es otro, es aquel que recompensa a quien puso su militancia política desde la academia al servicio del poder -“se dice el pecado, pero no el pecador”-.

Mea culpa

La universidad es una institución paradójica. Pocas instituciones son tan progresistas de cara al exterior y tan conservadoras hacia sus adentros. La universidad es progresista porque sus fines así lo exigen: la investigación y la ciencia lo son por definición. Sin embargo, la comunidad humana que integra la universidad ha conformado estructuras de poder que no solo son contradictorias con esos fines, sino que son marcadamente reaccionarias. Esas estructuras condicionan el quehacer de sus miembros, pero también sirven como “palancas de promoción” hacia otras responsabilidades.

A las contradicciones de la universidad se añade ahora la creciente polarización política. Como miembros de la sociedad, los profesores también comenzamos a tomar partido en niveles preocupantes. El paso en falso hacia el activismo es una línea muy fina. Alcemos la voz para evitar la degeneración de la universidad.

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