Por Gonzalo Quintero Olivares

Una de las ventajas de estar jubilado es que el espectáculo de lo que es la Universidad actual duele y asombra algo menos de lo que puede suponer para los que hoy son sus profesores. Con ello no quiero decir, por supuesto, que el tiempo pasado fue mejor en todo, porque eso no es verdad, si bien el balance comparativo inclina la balanza a favor de épocas anteriores.

La mirada no nostálgica se debe dirigir a tres objetivos: lo que es la Universidad para la sociedad española, el profesorado y el alumnado. Por supuesto que mi opinión no tiene pretensión alguna de oráculo, pero también estoy persuadido de que muchos docentes, de ayer y de hoy,  estarán de acuerdo conmigo.

España tiene 50 Universidades públicas y 46 privadas, a las que hay que añadir un total de 278 centros adscritos. El número es realmente elevado, y se sitúa por encima de las cantidades de otros Estados europeos, muy especialmente en lo que se refiere a Universidades privadas – en un tiempo muy pocas y prestigiosas –  que en nuestro país han proliferado como hongos, y sin que su creación y aprobación haya tenido que someterse a filtros especialmente rigurosos, especialmente en lo relativo al profesorado, carente de cualquier cualificación o evaluación pública reconocida – con las excepciones que se quiera – pues solo así se puede explicar la facilidad de su multiplicación.

El mal ya está hecho y no hay vuelta atrás, al margen de que algunos centros puedan ir muriendo de inanición. Las Universidades públicas se mantienen básicamente por la Administración, pues la aportación de los estudiantes vía matrícula es claramente insuficiente.  Pero se impuso la regla de que ningún español podía estar a menos de cien kilómetros de una Universidad (más o menos) y se ejecutó el programa vía creación de Universidades o de sucursales llamada centros adscritos. En ello, además, iba la dignidad y orgullo de cada ciudad en la que se instalaba un centro universitario.  Que la producción de graduados o licenciados en algunas materias sea desproporcionada a la población y que un alto porcentaje esté destinado a no poder vivir de lo que ha estudiado no preocupa a nadie.

Hablando de lo que se ha estudiado, en España se ofrecen carreras que en países de mayor nivel económico solo se imparten en uno o dos centros. Lejos de eso, aquí se pueden encontrar las titulaciones más variadas en cualquier lugar. Ya conozco la crítica a esa apreciación: es elitista porque todos han de tener derecho a todo, y la Universidad no ha de preocuparse del futuro laboral, sino solo del acceso a la cultura como bien y derecho. Podría aceptar ese hermoso planteamiento, si no fuera porque es, en buena medida, falso, pues lo impide el modo de impartirse la enseñanza, la pobreza de los contenidos, en muchos casos, y la frecuente mediocridad de los docentes, pues es imposible garantizar un alto nivel académico en todo, para todo y en cualquier lugar.

He de reconocer que, por deformación profesional, estoy influido por lo que sucede en las Facultades de Derecho, posiblemente los centros más numerosos de España (más de cien, entre Universidades públicas y privadas, sin contar con las llamadas Facultades “on line”). Esperar excelencia académica en todos ellos es, simplemente, absurdo.

Dirijamos la mirada ahora al profesorado. En mi opinión, que puede no ser compartida, el eje del llamado “movimiento de los pnn”, era conseguir, para el acceso al profesorado, la supresión de toda prueba presencial, denostando las oposiciones en cualquier formato. Lo han conseguido, y eso no tiene nada que ver con que muchos actuales profesores lo hubieran sido o debido serlo también con cualquier otro sistema. Eso no quita que el actual modo de evaluación, prioritariamente, “a peso” de papel publicado, ha permitido a muchos mediocres subir a las tarimas universitarias sin haberse sometido antes a una comparecencia y actuación pública, salvo casos aislados de concurrencia de más de un aspirante acreditado o casos en los que, pese a no ser obligado, se ha desarrollado públicamente un ejercicio.

No estaría completo el cuadro sin hacer una mención al llamado “carácter patriarcal” de la Universidad de hace unos años. El sistema de oposiciones, la importancia de los trabajos de investigación, y, en suma, el curriculum demostrativo de una sólida preparación académica, pertenecen por igual a lo que actualmente, desde sectores del feminismo radicas, se moteja como “patriarcal”, calificativo que sirve tanto para las relaciones universitarias como para valorar el sistema judicial o las causas de la violencia de género.

Es notable que esa lucha contra las oposiciones se ha librado en la Universidad, y no en otros importantes cuerpos de la Administración pública o de la justicia – a esta última, si de Sánchez depende, también podría llegar otra supresión de controles de rigor y preparación -. Por supuesto que me parecería bien un sistema de concursos bien organizado, con examen riguroso de las publicaciones, por su calidad y no por su número, sin que su valor dependa de aspectos accidentales como eso de la “indexación”, que, en contra de lo que se dice, nada demuestra sobre la calidad del estudio o del ensayo.

Para completar el panorama de disparates se da a la gestión académico-administrativa valor “científico”, esto es, que contribuye a medir la calidad de un docente, al punto de que se ha transformado en mérito evaluable, lo cual es tan descabellado como dar puntos al aspirante a la acreditación como profesor por sus habilidades atléticas o cinegéticas, y, además, da pie a que entre el profesorado haya pugnas para ocupar cargos o carguillos académicos como condición precisa para la carrera académica.

Ya está hecho, y no habrá quien lo cambie. Hoy es fácil encontrar en una Universidad y en una sola área de conocimiento más de diez Catedráticos y otros muchos profesores Titulares. Al profesor visitante extranjero  eso le parece incomprensible, y lo es, y, claro está, el sistema de acceso no es ajeno a ese fenómeno, que, insisto, no descalifica a los buenos profesores, que han tenido que pasar por un itinerario igualitarista y sometido a la voluntad de quien mande en cada grupo, para conseguir ser incluido en líneas de investigación, lo cual también “da puntos”, con independencia de lo que realmente haga cada uno de los miembros de esa línea, y, repito una vez más, con las excepciones que se quiera.

Me he referido antes a la sorpresa que se llevan los profesores extranjeros cuando son informados de algunas taras de la Universidad española, que aquí se presentan como “victorias democráticas”. Entre ellas se puede citar la participación de los estudiantes y del personal de administración y servicios en la elección de Directores de departamento, de Decanos y de Rectores. Lo peor es que esa hispana y demagógica regulación es considerada “normal”, al igual que normal se considera el valorar la gestión del mismo modo que se valora la investigación, aunque no tenga (nada más faltaría) el mismo valor.

Lo que he comentado hasta aquí es motivo de tristeza para todos los que en algún momento de nuestra vida tuvimos una imagen distinta de la Universidad, y, ¡cómo no reconocerlo!, un legítimo orgullo por ser Profesor o Profesora de Universidad. Pero los tiempos han cambiado, y la Universidad se asemeja a unos grandes almacenes de bienes de consumo en donde rige el lema acuñado por H.G. Selfridge en el s.XIX: “el cliente siempre tiene razón”, y el cliente, claro está, es el alumnado.

En muchas Universidades, por diversas razones, una de ellas, el exceso de oferta, hay pánico a perder estudiantado, y no solo por la matrícula. Desde los órganos de gobierno de esas Universidades se envían discretos mensajes al profesorado para que no se exceda en su celo y en su deber de controlar mínimamente los conocimientos. Sobre las Universidades se ha abatido el “Plan Bolonia”, que no se sigue en muchos de los países que en su día lo suscribieron, y que, entre otras cosas conllevaba una reducción de conocimientos, y, tras anunciar una reducción de la duración de los estudios, se ha producido lo contrario: un alargamiento por la dificultad de completarlos en menos tiempo, a lo que se añaden los imprescindibles masters, que suponen un encarecimiento de la formación académica, pues el master no está subvencionado por el Estado y suele tener un precio alto. Abreviar los programas, claro está, fue bien recibido por muchos docentes, poco sensibles a los vacíos formativos que eso suponía.

Del Plan Bolonia no tienen la culpa los estudiantes, que realmente no son responsables de nada, y van recibiendo “regalos” que degradan la Universidad y que han sido ideados por Partidos políticos que se autopresentan como paladines de la juventud que lucha por labrarse un futuro. Esa tropa política está detrás de bodrios como el Proyecto de Real Decreto Estatuto del Estudiantado Universitario, recientemente anunciado por la Ministra del ramo, con el que, según ella, se «van a garantizar nuevos derechos para el estudiantado y transitar hacia un futuro de progreso dentro del mundo universitario».

El tuétano de tan brillante programa es dejar en manos de los estudiantes las decisiones sobre cuáles son los conocimientos necesarios, decidir sobre los planes de estudio, realizar paros si les parece oportuno y sin que ello se traduzca en consecuencia negativa de especie alguna. A eso se añade la atribución de mayores competencias en la evaluación y control de los docentes. Así como la corresponsabilidad en el gobierno de la Universidad a través de la participación en todos sus órganos.

La demagogia gubernamental no se detiene a pensar en que, además del muy diferente nivel en que se sitúan las tareas de docentes y discentes, los primeros componen un colectivo que es responsable y permanente, en tanto que los segundos, siendo el centro del sistema, integran un colectivo transitorio cuya responsabilidad, como conjunto, es inexistente. Conformar la cantidad, calidad y contenido de las enseñanzas al “gusto del cliente”, despojando al profesorado de la obligación de trazar un camino del conocimiento y una metodología para la exposición y transmisión de las materias, es, simplemente, un despropósito colosal.

Por descontado que en medios estudiantiles más o menos politizados, sin olvidar a los muchos que aplaudirán la reducción del programa, y, ya puestos, el derecho a un “aprobado general revolucionario” si así lo decide el alumnado. Es lo menos que se puede esperar de un proyecto que concede al estudiante no ya un lógico derecho a que sus peticiones, dudas y protestas sean debidamente atendidas, sino el derecho a cogobernar la Universidad, incluyendo la docencia y la investigación. Lo básico no será que el docente enseñe y controle el nivel de aprendizaje, sino que el estudiante decida lo que necesita aprender y evalúe la idoneidad del docente para cumplir con sus expectativas. ¡Apaga y vámonos!

El problema es que el precio de tanto dislate caerá sobre la sociedad, expectante e impotente ante los caprichos del Gobierno. Pero sería un error conceder el beneficio de la ingenuidad al Ejecutivo, o aceptar que ha asumido, sin pararse a analizarlas, las peticiones estudiantiles como razonables y positivas. Creo, y supongo que no seré el único, que en el fondo de todo este disparatado e insensato proyecto está la proximidad de las elecciones y la obsesiva caza de posibles votos, y, a buen seguro, las cabezas pensantes del Gobierno, atenazado por un sombrío futuro electoral, han discurrido que el estudiantado universitario es un irrenunciable caladero de votos.

Que el daño para la Universidad española pueda ser terrible no es cosa digna de la preocupación del actual Gobierno, ni eso ni cosas aún más graves. Es posible que este malhadado proyecto no alcance a ver la luz, y sería lo mejor que podría pasar, pues el cuerpo universitario ya está bastante apaleado. Pero en todo caso sirve como cata de terreno para medir el nivel de respeto a la institución universitaria que tiene el actual PSOE y sus socios.

Foto de Porter Raab en Unsplash