Por Miguel López Martí
La sociedad mercantil irregular
Se denominan sociedades mercantiles irregulares las sociedades que, teniendo un objeto mercantil, operan en el tráfico sin estar inscritas en el Registro Mercantil. Se incluyen también las sociedades que giran en el tráfico mercantil como sociedades civiles o comunidades de bienes. Lo decisivo de la irregularidad es la falta de inscripción y la actividad mercantil. No hay sociedades civiles irregulares puesto que éstas no han de inscribirse (art. 119 del CCo, Valpuesta Gastamiza, 2015).
Se trata, pues, de un fenómeno que tiene que ver con la publicidad registral. No con la personalidad jurídica (Paz-Ares, 1991; Alfaro, 2019). Hay contrato de sociedad mercantil que se rige por las reglas de la sociedad colectiva (STS 662/2020, de 10 de diciembre, y art. 39 LSC, que «transforma» la sociedad en formación en sociedad colectiva verificada la voluntad de no inscribir o transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura). El objetivo de este régimen es la protección del tráfico ya que, junto a la responsabilidad del patrimonio social se establece, de acuerdo con el artículo 127 C de c, la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los socios.
No se trata de un fenómeno marginal. Como advirtió Jesús Alfaro en su Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2020 (STS 469/2020), “las decenas de miles de ‘comunidades de bienes’ que hay funcionando en España son, en su inmensa mayoría, sociedades civiles o colectivas irregulares. Llamarlas comunidades de bienes parece ser inocuo hasta que deja de serlo” (Alfaro, 2020). Y deja de serlo cuando se trata de aplicarles normas fiscales, laborales o registrales. Para contrastar estas conclusiones con la realidad, se realizó una aproximación práctica a partir del “Censo de locales y sus actividades” de la Comunidad de Madrid de 2026, integrado por 203.310 establecimientos. La investigación permitió localizar aproximadamente 150 comunidades de bienes en Madrid dedicadas a actividades claramente empresariales, como bares, talleres, comercios, peluquerías o restaurantes. Ahora bien, el dato debe manejarse con cautela: el censo registra establecimientos y no sociedades, y aproximadamente el 80 % de las entradas no permitían identificar la forma jurídica, por lo que el resultado constituye una aproximación y no una medición estadística representativa.
La calificación de una sociedad como civil o mercantil
Tradicionalmente, dentro de la doctrina, han coexistido dos grandes criterios (Tena Piazuelo, 1997):
El criterio formal atiende a la forma o tipo societario escogido por los socios. Este criterio solo es aplicable cuando la sociedad se ha constituido regularmente (Tena Piazuelo, 1997).
El criterio objetivo atiende a la naturaleza de la actividad efectivamente desarrollada: será mercantil cuando su objeto consista en la realización habitual de actos de comercio o en el ejercicio de una actividad empresarial (Tena Piazuelo, 1997; Muñoz Paredes, 2024).
Para las sociedades de capital, la mercantilidad por la forma opera con carácter absoluto conforme al artículo 2 LSC.
En los casos que aquí interesan sólo es útil el criterio objetivo ya que no hay una elección expresa del tipo por parte de los socios o esta elección no es ‘exitosa’ al no haberse cumplido por los socios los requisitos legales (v. STS 645/1998 y STS 1177/2006 y Tena Piazuelo, 1997).
El artículo 1670 CC introduce una matización al permitir que sociedades civiles por su objeto revistan formas reconocidas por el Código de Comercio. Las denominadas “sociedades mixtas” muestran que forma y objeto no siempre coinciden (Tena Piazuelo, 1997), aunque su relevancia práctica se ha reducido tras la consagración de la mercantilidad por la forma de las sociedades de capital (Muñoz Paredes, 2024).
Sociedades civiles con objeto mercantil
El problema contrario al del artículo 1670 CC es el de las sociedades civiles con objeto mercantil: entidades constituidas como sociedades civiles que desarrollan una actividad empresarial (Muñoz Paredes, 2024). La denominación elegida por los socios no determina por sí sola el régimen aplicable porque, como dijo la RDGRN 21-V-2013, no puede eludirse, por esa vía, la aplicación de las normas mercantiles imperativas dictadas en interés de terceros y del tráfico.
Esta doctrina ha sido consolidada por la STS 662/2020, de 10 de diciembre, que reitera que las sociedades no capitalistas deben calificarse atendiendo a la materia, objeto social o finalidad y que “no cabe considerar civil a la sociedad cuando su dedicación es una actividad comercial”.
Comunidades de bienes y sociedades civiles para actividades empresariales
Es frecuente que las sociedades mercantiles irregulares se denominen por los socios «comunidades de bienes», pero esta denominación es, simplemente, errónea. La comunidad de bienes no es una institución del derecho de sociedades. Describe la copropiedad de una cosa. Como dice el artículo 392 CC, cuando una cosa «pertenece» a varias personas, se dice que existe, sobre la cosa, una comunidad. Que, además, haya sociedad entre los comuneros depende de que se cumplan los requisitos del artículo 1665 CC o del 116 C de c. Por tanto, si varias personas ponen en común bienes, dinero o industria o crean un fondo común para invertirlo en el desarrollo de una actividad comercial o industrial o de prestación de servicios, que llamen a su relación ‘comunidad de bienes’ es irrelevante para su régimen jurídico que será el de la sociedad colectiva o, en su caso, de la sociedad civil. Estas «comunidades de bienes» son frecuentes en hostelería, restauración o comercio minorista.
Por ejemplo, la SAP Pontevedra 651/2020, de 27 de noviembre, afirma que una sociedad civil que desarrolla públicamente una actividad empresarial puede ser considerada sociedad mercantil irregular. Del mismo modo, Fdez. de Bilbao señala que, aunque una entidad se denomine “comunidad de bienes”, si existe voluntad de unión para desarrollar una actividad empresarial con ánimo de lucro, su verdadera función económica la conduce al ámbito mercantil (De Bilbao, 2011).
El debate sobre la personalidad jurídica
Antiguamente se discutía si las sociedades irregulares tenían o no personalidad jurídica. Pero esta discusión está superada (Paz-Ares, 1991). La irregularidad genera un problema de publicidad y “nada tiene que ver con la personalidad jurídica” . Desde esta perspectiva, la sociedad irregular posee personalidad jurídica desde que se celebra el contrato de sociedad con voluntad de actuar unificadamente en el tráfico o, según otros autores, desde que los socios forman un patrimonio separado del propio y lo dotan de organización, esto es, designan individuos u órganos que pueden actuar con efectos sobre el patrimonio. Todas estas sociedades tienen la personalidad jurídica que describe el artículo 38 CC y su capacidad procesal ha sido reconocida por la jurisprudencia (SAP Pontevedra 651/2020 y STS 469/2020, de 16 de septiembre).
Aplicación de las normas de la sociedad colectiva
Si el objeto social de la sociedad irregular es mercantil, el régimen aplicable será el de la sociedad colectiva salvo en lo que resulte de la falta de inscripción (arts. 120 y 127 CCo y, para las sociedades en formación, art. 39.1 LSC). Se produce una “reconducción forzosa de las sociedades efectivamente practicadas al tipo general de la sociedad colectiva” (Paz-Ares, 1991).
En consecuencia, se aplica la ‘regla de la irregularidad’ esto es, la responsabilidad solidaria con el patrimonio social del actuante, esto es, de quienes actúan en nombre de la sociedad irregular (art. 120 CCo). El término “gestor” no se limita al administrador formal, sino que comprende también a quien actúe de facto por cuenta de la sociedad no inscrita (Alfaro, 2014).
Además, de acuerdo con el artículo 127 CCo también responden todos los socios, hayan intervenido o no en la gestión.
Sobre el régimen del artículo 127 CCo v., sobre todo, Paz-Ares, 1993. Lo más discutido es la nota de la subsidiariedad. La posición mayoritaria reconoce el carácter subsidiario de esta responsabilidad a partir del artículo 237 CCo, conforme al cual los bienes particulares de los socios colectivos no pueden ejecutarse hasta después de haber hecho excusión del haber social (Muñoz Paredes, 2024). La doctrina moderna matiza que no se trataría exactamente del beneficio de excusión propio de la fianza, sino de un “requisito de procedibilidad”: el acreedor puede demandar conjuntamente a sociedad y socios, pero la ejecución sobre el patrimonio de estos últimos queda condicionada a la insuficiencia del patrimonio social (Segovia Martín, 2017; Alfaro, 2014b). Frente a esta tesis existe una posición minoritaria que propugna una responsabilidad directa de los socios, considerando que la falta de publicidad registral no debería proporcionarles una ventaja frente al acreedor (García Villarrubia, 2021; De Bilbao, 2011). En esta línea se sitúa la SAP Barcelona 884/2015, de 4 de mayo de 2017, que declaró la responsabilidad solidaria de los socios con independencia de la insolvencia previa de la sociedad (García Villarrubia, 2021).
La sociedad irregular ante la Administración tributaria y laboral
En el ámbito tributario, el artículo 35.4 LGT reconoce como obligados tributarios a las comunidades de bienes y demás entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición. Como señala Ortega Noguero, desde esta perspectiva “siempre ha estado claro” que la sociedad irregular constituye un obligado tributario con independencia de su consideración como persona jurídica (Ortega Noguero, 2025).
En el ámbito laboral sucede algo semejante. El artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores permite considerar empresario a las comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica que empleen trabajadores, mientras que el artículo 18.3 Ley General de la Seguridad Social (LGSS) las reconoce como sujetos responsables de cotización (Delgado, 2016).
La principal dificultad aparece al comparar esta aceptación práctica con el tratamiento tributario de la personalidad jurídica. Mientras la doctrina mercantilista ha priorizado tradicionalmente la naturaleza de la actividad desarrollada conforme al criterio objetivo (Tena Piazuelo, 1997), las soluciones administrativas no han sido uniformes. Las instrucciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de 2015 (ANEXO III), posteriores a la reforma del Impuesto sobre Sociedades, parten precisamente del objeto mercantil y defienden que el régimen tributario no puede quedar al libre arbitrio de los asociados. Bajo esta concepción, la actividad económica desarrollada prevalece sobre la denominación formal de la entidad. Además, para la AEAT basta que la voluntad de asociación se manifieste en un documento privado presentado para obtener el NIF, mientras que el TEAC exige inscripción registral para reconocer la “especial personalidad jurídica” requerida a efectos del IS.
Sin embargo, la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 25 de abril de 2023 adopta un planteamiento distinto: las sociedades mercantiles irregulares pueden intervenir en negocios jurídicos y ser titulares de derechos y obligaciones, pero carecen de esa “especial personalidad jurídica” necesaria para tributar por el Impuesto sobre Sociedades, debiendo atribuirse las rentas a sus socios (Sala Primera del Tribunal Económico-Administrativo Central, 2023).
La discrepancia se extiende también a las comunidades de bienes: según la posición de la AEAT recogida en el TFG, cuando tienen objeto mercantil pueden ser consideradas, a estos efectos, sociedades civiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
Finalmente, la comparación entre las instrucciones de la AEAT y la resolución del TEAC de 2023 pone de manifiesto que el debate sobre el régimen fiscal de la sociedad irregular es un debate vivo que se encuentra en un limbo normativo, ya que existen dos visiones contrapuestas: la AEAT atiende principalmente al objeto mercantil, mientras que el TEAC otorga un peso decisivo a la inscripción registral. Como recoge la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE), esta situación genera una “inseguridad jurídica importante”.
Bibliografía
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foto: Pedro Fraile

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