Por Cecilia O’Neill de la Fuente
Un mismo caso, dos respuestas
Hace algo más de cuarenta años, el Tribunal Supremo alemán y el Tribunal Supremo español resolvieron dos casos casi idénticos. En ambos, el arrendatario de una finca rústica debía pagar la renta anual en una fecha fija. El segundo año pidió pagar tres meses más tarde, tras la cosecha, y el arrendador aceptó. Los años siguientes siguió pagando después de la cosecha, sin pedir permiso y sin que nadie protestara. Varios años después, el arrendador demandó la resolución del contrato por incumplimiento y la restitución de la finca.
Los jueces alemanes rechazaron la demanda: la tolerancia repetida había generado en el arrendatario una confianza fundada, que el arrendador debió desactivar con una advertencia para el futuro. Los jueces españoles la estimaron: el contrato era claro y la fecha de pago debía respetarse. Dos ordenamientos con las mismas piezas básicas (fuerza obligatoria del contrato, desahucio, buena fe) llegaron a resultados opuestos.
Ese contraste resume el problema que me ocupó durante años y que está en el origen de mi libro La doctrina de los actos propios en el Derecho de los contratos (Tirant lo Blanch, 2026), que nace de mi tesis doctoral. Aunque toma como referencia el Derecho peruano, su objeto no es ese ordenamiento, sino un problema común del Derecho de los contratos. La pregunta es sencilla de formular y difícil de responder: qué es y para qué sirve la doctrina de los actos propios. Detrás de ella hay una tensión permanente entre la libertad de cambiar de opinión, que es parte de la autonomía privada, y la expectativa que razonablemente generó en otro nuestra conducta anterior.
Mi respuesta, que desarrollo en cinco capítulos, es esta: la doctrina de los actos propios es un principio de derecho derivado de la buena fe. Sirve para impedir que un sujeto actúe de manera incoherente con su conducta anterior cuando esta generó en otro una confianza que merece protección, porque este asumió razonablemente que la conducta no variaría. Requiere tres presupuestos (una conducta vinculante, una contradicción posterior e identidad de sujetos), limita e incluso puede extinguir los derechos de quien se contradice y es de aplicación residual.
En lo que sigue recorro las ideas centrales de cada capítulo.
Una herramienta que no nació en un laboratorio
La aspiración de no contradecirse es antigua y común a sistemas jurídicos muy distintos. El primer capítulo lo muestra desde tres ángulos: la historia, el common law y la lex mercatoria.
El Derecho romano, hostil a la abstracción, no formuló una doctrina general, pero repudió la contradicción en casos concretos. El más citado es el del pater familias que emancipó solemnemente a su hija y, cuando esta murió tras otorgar testamento, pretendió negar la validez de la emancipación para dejar sin efecto el testamento. Ulpiano se lo impidió (D. 1.7.25). Lo relevante no es que el padre se contradijera, pues contradecirse es humano, sino que la incoherencia producía un resultado inicuo.
La máxima venire contra factum proprium nulli conceditur no es romana, sino medieval. Es un brocardo de los glosadores, atribuido a Azzo, que comentaristas y canonistas desarrollaron después con especial atención a la buena fe. Las Siete Partidas recogieron ya en el siglo XIII la solución de Celso para las servidumbres. Con la Edad Moderna y la centralidad de la fuerza vinculante del contrato, la máxima perdió protagonismo, hasta que el Derecho contemporáneo la recuperó de la mano de la buena fe.
El common law llegó a un lugar parecido por otro camino: el estoppel. Sin necesidad de un principio general de buena fe, sus tribunales impiden que alguien niegue un estado de cosas que él mismo presentó como cierto, con palabras o con su conducta. Me detuve en dos modalidades: el promissory estoppel, recogido en la sección 90 del Restatement (Second) of Contracts, y el estoppel by representation. Ambas cumplen una función subsidiaria. Es más, en el Reino Unido el estoppel opera como escudo y no como espada, mientras que en Estados Unidos admite ambos usos.
Por último, analicé cómo la lex mercatoria trata la incoherencia: los Principios UNIDROIT, los Principios Trans-Lex, el DCFR, la Convención de Viena sobre compraventa internacional y la práctica arbitral. Revisé 36 decisiones de comercio internacional. En 23 se acogió la doctrina de los actos propios o el estoppel, y en 13 se rechazó. Pero ninguna la rechazó por inexistente: cuando se desestimó, fue por falta de prueba de sus presupuestos.
De ese recorrido extraigo tres ideas. La primera es que la doctrina de los actos propios carece de vocación constructivista: no se diseñó en un laboratorio jurídico para luego inocularse en la realidad, sino que surgió caso a caso. La segunda es que funciona como un comodín que se adapta a situaciones de hecho muy diversas, precisamente las que se escapan del Derecho positivo. La tercera es que no admite un remedio único, por lo que una fórmula flexible y escueta como la del artículo 1.8 de los Principios UNIDROIT es la adecuada: una parte no puede actuar en contradicción con un entendimiento que ella ha suscitado en su contraparte y conforme al cual esta ha actuado razonablemente en consecuencia y en su desventaja.
¿Principio o regla? La buena fe como raíz
Si la doctrina de los actos propios es tan adaptable, conviene preguntarse qué lugar ocupa en el ordenamiento. Para responder necesité explicitar mi propia concepción del Derecho, que llamo «funcional»: el Derecho es el resultado de la interacción humana y existe para evitar y resolver problemas, no para enredarse en abstracciones donde la forma prime sobre el fondo. Esa visión no excluye la moral. Al contrario, admite nociones como la buena fe, cuya función es reducir la incertidumbre y proteger la confianza.
Los códigos civiles suelen proteger a quien adquiere de buena fe frente a la acción pauliana, en la concurrencia de acreedores, en la usucapión o en la fe pública registral. Lo que esas normas tienen en común es que protegen a quien actúa creyendo, y tener fe es, en buena cuenta, creer. La lex mercatoria confirma además una intuición del profesor Robert Summers: la buena fe funciona como un excluder, una expresión sin significado general propio que sirve para descartar una gran variedad de conductas desleales. Entre ellas, la conducta oportunista de quien se contradice.
Sobre esa base, adopté la distinción entre reglas y principios que se discute desde el debate entre Hart y Dworkin. Las reglas operan a la manera de todo o nada, por subsunción. Los principios tienen una dimensión de peso y se aplican gradualmente, por ponderación. Los principios facilitan la aplicación de las reglas, las atemperan, las integran o permiten crear otras nuevas.
En un trabajo anterior, de 2005, sostuve que la doctrina de los actos propios era una regla de derecho. He cambiado de opinión. También la Corte Suprema peruana la calificó como regla en el Primer Pleno Casatorio Civil (Casación 1465-2007-Cajamarca), aunque sin explicar por qué. Hoy creo que es un principio y que las objeciones habituales no lo impiden:
- Que la libertad de contradecirse sea la regla general no lo impide. Ocurre aquí lo que Atienza y Ruiz Manero llaman ilícitos atípicos: una conducta en principio permitida se vuelve ilícita por oponerse a un principio. Cambiar de opinión es lícito hasta que defrauda una confianza razonable.
- Que derive de otro principio, la buena fe, tampoco lo impide. Negar que un principio pueda emanar de otro supone tratar los principios como categorías absolutas, propias de una visión constructivista del Derecho.
- Su carácter subsidiario no es un obstáculo, sino una consecuencia de su condición de principio. Donde no llegan los remedios del incumplimiento, la doctrina de los actos propios llena las rendijas por las que se filtran los comportamientos oportunistas.
- Que pueda pactarse contra algunas de sus manifestaciones no la degrada. El common law protege la confianza mediante el estoppel sin haber necesitado invocar un principio general de buena fe, lo que demuestra que la protección de la confianza es en sí misma un principio.
No le atribuyo la condición de principio para darle linaje ni sonoridad. Lo es porque merece serlo, no porque lo necesite. Y la calificación tiene un efecto práctico: para decidir las consecuencias de un cambio de conducta hay que ponderar con estándares de comportamiento, no subsumir en un supuesto de hecho cerrado.
Esa conclusión impone también actuar con cautela. La confianza excesiva puede convertirse en riesgo moral: quien confía sin tomar las precauciones mínimas para verificar que tenía buenas razones para hacerlo no debería poder trasladar a otro el coste de su falta de diligencia.
Requisitos y consecuencias
Que sea un principio no significa que opere sin presupuestos. El tercer capítulo propone tres: una conducta relevante, inequívoca y objetiva; una conducta ulterior de carácter contradictorio; e identidad de sujetos.
La conducta vinculante. Se valora con un estándar de buena fe objetiva, no con el estado de ánimo de quien confía. No basta con alegar una ferviente expectativa. Quien invoca la doctrina debe probar qué le dio a entender la contraparte y por qué una persona razonable en sus circunstancias habría esperado lo mismo. ¿Cuántas repeticiones hacen falta? No puede fijarse de antemano: depende de la periodicidad de las prestaciones, la duración del contrato, la sofisticación de las partes o la fluidez de sus comunicaciones.
La conducta, además, debe ser lícita y válida. Quien alega haber actuado por error o por dolo tiene que probarlo, y mientras no lo haga la conducta inicial se presume válida, lo que alivia la carga de quien invoca la doctrina. Frente a la nulidad absoluta, el punto de partida es que la doctrina de los actos propios no puede sanar lo que el ordenamiento prefiere erradicar. Sin embargo, no todas las causales tienen el mismo peso de interés público. La falta de forma es la más dúctil: no es lo mismo la inscripción constitutiva de la hipoteca, que protege a terceros, que la escritura pública de la donación, que protege la reflexión del donante. En este segundo supuesto, si no hay terceros afectados, cabe al menos discutir si el donatario puede oponer la doctrina al donante que pretende recuperar el inmueble contra sus propios actos contundentes.
La contradicción. Contradecirse es un derecho y una manifestación de la libertad. La doctrina no busca congelar las actuaciones jurídicas ni presumir la infalibilidad humana. La contradicción deja de ser legítima cuando, sin constituir un incumplimiento, se aparta de una conducta que por su claridad o su persistencia generó una confianza razonable.
La identidad de sujetos. Parece el requisito más sencillo y no lo es. Exige analizar la sucesión, la representación, el contrato a favor de tercero, las reorganizaciones societarias y, sobre todo, el Estado. Cuando la confianza la genera una entidad pública y la contradicción proviene de otra, hay que preguntarse si existía una apariencia razonable de que la primera vinculaba al Estado en su conjunto.
Las consecuencias. La aplicación correcta de la doctrina limita el ejercicio del derecho de quien se contradice y, según las circunstancias, puede extinguirlo. Su efecto, sin embargo, está acotado: no crea un derecho a favor de quien la invoca ni modifica el contrato. La protección dura mientras dure el estado de confianza, que desaparece cuando la contraparte anuncia su cambio de criterio para el futuro. Pensemos en un suministro de cinco años del producto X en el que, desde el segundo año, el proveedor entrega el producto Y sin reclamo alguno. El comprador puede volver a exigir X, pero no puede tratar como incumplimiento lo que toleró ni desconocer los embarques de Y que el proveedor contrató confiando en esa tolerancia.
***
Tres cuestiones prácticas cierran el capítulo. La doctrina puede invocarse dentro o fuera de un proceso, como acción o como defensa. El juez puede aplicarla de oficio, en virtud del iura novit curia y sin alterar las pretensiones. Y las partes no pueden excluir en general la buena fe, pero sí pactar específicamente que ciertas conductas, como la tolerancia o el silencio, no generarán confianza: en tal caso no hay confianza que proteger.
Lo que la doctrina no es: una herramienta residual
Decir qué es la doctrina de los actos propios es insuficiente si no se dice también qué no es. Distinguir sirve para fortalecer. El cuarto capítulo la separa de dos grupos de instituciones que también rechazan la incoherencia.
El primero son las categorías negociales. Si la conducta anterior es una declaración de voluntad, desconocerla es un incumplimiento y basta el pacta sunt servanda. Si las partes acordaron, aunque sea tácitamente, cambiar los términos del contrato, hay una modificación del negocio. Si la conducta sirve para desentrañar el sentido de lo pactado, estamos ante la interpretación por los actos de ejecución. Si el titular abandonó su derecho, hay una renuncia. Y si el silencio tiene valor de declaración por ley, pacto o usos, es una manifestación de voluntad. El segundo grupo son las categorías no negociales: el abuso del derecho, la prescripción extintiva, el retraso desleal (la Verwirkung alemana) y la protección de la apariencia.
Una vez trazados esos linderos, la conclusión es que la doctrina de los actos propios es residual: opera cuando la ley no ofrece una solución expresa a la conducta contradictoria, ya sea para impedirla o para permitirla. Esto no contradice su condición de principio, sino que la explica. El venire contra factum proprium y el pacta sunt servanda son dos caras de la misma moneda: ambos inhiben la incoherencia, pero cada uno en su ámbito. El contrato vincula durante toda su vigencia; la doctrina de los actos propios, solo mientras dura la confianza razonable.
Para reducir esas confusiones, en el libro propongo un test de catorce preguntas, que recorre los tres presupuestos de la doctrina, pero funciona sobre todo como un filtro de descarte. Antes de llegar a los actos propios, obliga a verificar si hay una regla que regule la contradicción, si la conducta estaba pactada o sirve para interpretar el contrato, si supone una renuncia o una modificación, y si la conducta inicial era válida. Solo superados esos filtros se examina si la confianza alegada era razonable y si existe identidad de sujetos, con especial atención a la representación, la sucesión o la intervención del Estado. El test no es una pócima milagrosa, pero orienta la búsqueda, en los hechos del caso, de las señales que indican si la solución está en la doctrina de los actos propios o en otra parte.
Los jueces peruanos y una propuesta de reforma
Sin alcance práctico, la teoría es insuficiente. Por eso el último capítulo contrasta todo lo anterior con la práctica judicial peruana. El punto de partida es el Primer Pleno Casatorio Civil (Casación 1465-2007-Cajamarca), que parte de una decisión de la Corte Suprema que rechazó una demanda invocando la doctrina de los actos propios. En el capítulo 5 explico por qué discrepo de su razonamiento, no del resultado. La contradicción de la demandante no era otra cosa que el desconocimiento de un negocio jurídico. Un voto en minoría lo advirtió con acierto. Aun así, el Pleno tuvo un mérito: dejó sentado, con carácter vinculante, que la doctrina existe y sirve para resolver casos concretos.
Analicé además 35 sentencias de las Salas Comerciales de la Corte Superior de Lima y de la Corte Suprema, agrupadas en anulación de laudos, nulidad de actos jurídicos, obligaciones de dar suma de dinero, ejecución de garantías, otros asuntos civiles y contradicciones procesales. El balance tiene luces: los jueces reconocen la doctrina, aunque no esté legislada. Pero también tiene sombras: las decisiones son erráticas, rara vez verifican los requisitos, no precisan las consecuencias y casi nunca la reconocen como residual. Con frecuencia aparece como argumento «a mayor abundamiento» o como un “cajón de sastre”.
Propongo que es conveniente, aunque no indispensable, incorporar expresamente la doctrina de los actos propios al Título Preliminar del Código Civil peruano. No es indispensable porque los jueces ya la aplican. Es conveniente porque su reconocimiento expreso daría comodidad a los operadores jurídicos para usarla con rigor. Sugiero usar la fórmula del artículo 1.8 de los Principios UNIDROIT:
“Una parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado en su contraparte y conforme al cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y en su desventaja”.
Esta fórmula tiene tres ventajas. No califica la conducta como ilícita y deja que el uso termine de configurarla, como ocurre siempre con la lex mercatoria. Pone el acento en el entendimiento suscitado, que es lo que se protege, y no en la conducta, de modo que alcanza también a las omisiones. Y no enumera requisitos ni soluciones, aunque los tres presupuestos van implícitos en su texto.
Cooperación, no contradicción
La doctrina de los actos propios no es la piedra filosofal ni el remedio para toda incoherencia. Es una pieza dentro de un engranaje más amplio, y sus piezas deben encajar sin repetir funciones. Su imprecisión, que tanto escepticismo provoca, es a la vez su mayor virtud: da una capacidad de adaptación que explica por qué ha sobrevivido desde Ulpiano hasta los tribunales arbitrales de hoy.
Pero esa elasticidad tiene un precio. Si se invoca como cajón de sastre o para reforzar remedios que el contrato ya ofrece, termina vaciándose de contenido. Por eso creo que, a medida que se aplique con más rigor, se invocará con menos frecuencia, pero con mayor contundencia. Su lugar está en las rendijas por las que se filtran los comportamientos oportunistas, allí donde no llegan los remedios del incumplimiento. Y su fundamento es que la interacción humana se basa en la cooperación, no en la contradicción.

* Esta entrada está basada en el libro de la autora titulado La doctrina de los actos propios en el Derecho de los Contratos, Valencia 2026
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