Por Lucas Blanque Rey y Jorge Villarino Marzo

Más abogados y menos litigios

Se ha publicado recientemente en este blog un post de Juan Mora-Sanguinetti sobre “Mercado de abogados y litigiosidad”. El post, que remite en parte a un estudio más amplio del autor, en colaboración con Nuno Garoupa, publicado en la International Review of Law and Economics considera, en líneas generales, que está empíricamente demostrado que en España

“un mayor número de abogados está relacionado con una mayor tasa de litigiosidad a nivel local”.

En los estudios referidos a determinadas estructuras del Estado, como son el Poder Judicial y la Administración de Justicia, es necesario tener en cuenta tres importantes factores: el periodo de tiempo analizado, la fiabilidad de los datos y la naturaleza de lo analizado.

En cuanto al primer aspecto, el autor utiliza los siguientes datos: el número de abogados en España en cada provincia, y la litigiosidad en la jurisdicción civil para un período amplio y homogéneo, el comprendido entre 2001 y 2010; es decir, según el autor, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (aunque en realidad la Ley 34/2006, tal y como prevé su disposición final tercera, entró en vigor el 31 de octubre de 2016, a los cinco años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado). Se cumple sobradamente una máxima, y es que a efectos de valorar la eficacia y la eficiencia de las diferentes disposiciones que se aprueban para tratar de modernizar y agilizar la justicia, deben emplearse lapsos temporales amplios. Es la única forma de obtener indicios útiles para el análisis y la reflexión y, en su caso, corregir o profundizar en las medidas implantadas. Ahora bien, también es importante subrayar que el período analizado no es inocente.  En efecto, el número de abogados en España ha crecido de manera espectacular. Quizás no puede imputarse todo el incremento a la Ley de Acceso, pero es a buen seguro el factor principal. Los abogados han superado desde hace tiempo el número de 100.000 para situarse en una horquilla entre 130.000 y 140.000 en 2016. El efecto “llamada” de la Ley de Acceso ha sido indudable.

Tomando datos de las memorias anuales del Consejo General del Poder Judicial puede apreciarse que en el año 1999 el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones alcanzó la cifra de 6.476.412. El número de abogados en España ni siquiera se acercaba a los cien mil.

En la memoria del CGPJ de 2015 el número de asuntos ingresados fue de 8.376.311. Lo curioso de esta evolución es que no ha sido lineal: el número de asuntos ingresados en los tribunales está, como consecuencia de diversas reformas normativas, en retroceso; mientras que el número de abogados ha experimentado un crecimiento constante. Así, en 2014 ingresaron  8.653.160 asuntos en los tribunales, un 0,2 por ciento más que en 2013, y que en 2009 el número de asuntos ascendió a 9.567.279 asuntos en los órganos, con un incremento del 5,7% respecto a los ingresados en 2008, y en el año 2010 ingresaron 9.355.526 asuntos en los órganos judiciales, con una reducción del 2,2% respecto a los ingresados en 2009. Es decir que mientras los abogados han alcanzado cotas históricas desde la entrada en vigor de la Ley de Acceso en 2011 –y tras ella merced al juego de sus defectuosas disposiciones transitorias-, justo en 2009 se alcanza un pico de ingreso de asuntos en los órganos judiciales, que viene descendiendo desde 2010.

Por tanto, más abogados en serie histórica (2010-2016) y menos asuntos ingresados en los órganos judiciales (casi un millóns entre 2009 y 2014). Grosso modo podría decirse que 50.000 abogados más han generado, curiosamente, 1.000.000 menos de pleitos.

La selección de los datos

El nivel de litigiosidad se basa en el número de “asuntos ingresados” pero, como trató de demostrar el informe que realizó a petición del Consejo General de la Abogacia Española un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinados por el profesor Gilberto Pérez del Blanco, el número de procesos tramitados ante los órganos jurisdiccionales es de 1.833.608, cifra notablemente inferior a la manejada por el CGPJ.

Las cifras podrían admitir algún matiz en función de si acordamos o no qué se entiende por un “asunto”, pero lo cierto es que algunos de los hallazgos contenidos en el informe (como el número de procedimientos duplicados detectados, que se cifran en 294.074), o los procesos monitorios que concluyen sin actividad jurisdiccional plena (inadmisión, pago o no oposición, que se cifran en 642,000), revelan que la categoría de “asunto” en el sentido empleado por el Consejo General del Poder Judicial ha de ser puesta en cuarentena y, en consecuencia, la estadística que en ella se basa, y las conclusiones que se derivan.

Por tanto, y ya adelantamos nuestra conclusión, un mayor número de abogados, creciente de forma progresiva hasta sus máximos históricos hasta 2015 al menos, no ha determinado un aumento de los asuntos ni de la litigiosidad. Las causas del aumento de la litigiosidad han de buscarse en otros factores.

Soft data

En ocasiones los datos, a pesar del alto predicamento de que gozan hoy día, pueden no ser los únicos factores para considerar si hay o no demasiados profesionales, y menos en una profesión como la abogacía.

En primer lugar, la labor del abogado está íntimamente conectada a la satisfacción de un derecho fundamental: el derecho de defensa y el derecho a la asistencia letrada.

Tampoco podemos olvidar que son las normas procesales las que ordenan imperativamente la presencia del abogado en los procedimientos judiciales. Sobra recordar la creciente complejidad del ordenamiento jurídico, con un aumento de los centros de producción normativa y una tristemente escasa calidad de nuestras normas. Añádanse los aspectos que denotan una cierta inmadurez de nuestro sistema jurídico, como la todavía escasa presencia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por último no podemos olvidar que la profesión de abogado está muy extendida más allá del litigio en sentido estricto. En fin, la existencia de asuntos que afectan a miles de personas y una Administración de Justicia en permanente pero inacabado tránsito al siglo XXI pueden ser otras buenas razones a las que achacar el aumento de la litigiosidad, sin olvidar la pendencia de asuntos ante los tribunales españoles.

En definitiva, ¿el incremento en el número de abogados ha producido un incremento del número de asuntos que se dilucidan ante los tribunales? La respuesta es, probablemente, negativa.


Foto: JJBose