Por Juan Antonio García Amado

Liga de fútbol, primera división. Última jornada del campeonato. Partido entre el equipo Alfa y el equipo Beta. Alfa ya es campeón desde hace dos jornadas. Beta, en cambio, se está jugando la permanencia en primera y unas cuantas cosas más. Si Beta no gana este último partido, no solo desciende de categoría, sino que seguramente desaparece el equipo. Súmense las siguientes circunstancias de los clubes y del partido.

  • Alfa es el equipo económicamente más poderoso de Europa e invierte cada año una fortuna para contratar los jugadores más destacados del mundo.
  • Alfa, como se ha dicho, ya ganó este campeonato de este año y es el décimo consecutivo que consigue. En este partido no se juega nada, pero sus jugadores se están exhibiendo ante su afición, ufanos y felices.
  • Beta es un equipo modesto y muy meritorio. Su afición es ejemplar y varias veces ha obtenido galardones como la hinchada más deportiva del país. Sus jugadores también se suelen llevar distinciones por juego limpio. El equipo se mantiene a flote gracias a la contribución de muchos modestos accionistas y al sacrificio de sus empleados y jugadores, que perciben salarios bien humildes.
  • Alfa ha sido varias veces expedientado por la Federación debido a serias sospechas sobre oscuros manejos y corruptelas, pero nada definitivo se ha podido probar hasta el momento. Además, tanto la directiva como el entrenador y algunos jugadores son bastante dados a actitudes chulescas y gestos de desprecio hacia los otros equipos.
  • Beta está acosado por las deudas y se da por seguro que se disolverá si no logra quedar en primera y conservar así lo que percibe por derechos televisivos y como subvenciones de la Federación.
  • Beta va ganando por uno a cero desde el minuto cinco. Ha jugado muchísimo mejor todo el rato y ha tenido tan mala suerte, que hasta tres veces han dado en los postes de la portería rival los tiros de sus delanteros. La afición de Alfa canta y se burla de los jugadores de Beta, mientras que los aficionados de Beta se comportan con gran corrección y singular elegancia. En el campo, los jugadores de Alfa han cometido más de treinta faltas y los de Beta solo llevan cinco en todo el partido.
  • Han pasado los noventa minutos reglamentarios y se está en los últimos segundos del tiempo complementario que el árbitro ha marcado. Un jugador de Alfa hace una gran jugada, rebasa al portero y tira a puerta, pero la pelota es desviada por un manotazo de un jugador de Beta. El árbitro lo ve, aunque está medio tapado en ese momento. El penalti parece muy claro, pero el árbitro sabe que si no lo pita puede jugar con la disculpa de que no lo pudo apreciar bien. Muchos lo criticarán si no sanciona el penalti, pero nada malo le va a ocurrir por eso.
  • Durante un segundo o dos ese árbitro duda terriblemente. Es plena su certeza de que la infracción es clara y de que el penalti es debido, reglamento en mano. Por ese lado, poco hay que discutir. Él está seguro de que acción antirreglamentaria ha ocurrido y es consciente de que así se demostrará en cuanto las televisiones repitan la jugada. Pero también se da cuenta de la tremenda injusticia que sucederá si aplica la sanción y, como es de esperar, Alfa marca ese gol. Una injusticia tremebunda en ese partido, que indiscutiblemente mereció ganar Beta, una injusticia enorme para un equipo tan noble y esforzado como Beta, para sus humildes accionistas y para una afición tan ejemplar.

Ahora meditemos nosotros qué nos parece que ese árbitro podría y debería hacer, derecho en mano. Pues el caso, no lo olvidemos, es plenamente jurídico. Para simplificar, nada ponemos de corrupción en el caso y a tal juez le atribuimos toda la buena fe y ningún ánimo de “prevaricar”.

Si sostenemos que al árbitro le vincula el reglamento de fútbol y que la norma que viene al caso no deja más que una salida en esta oportunidad, la de indicar ese que los comentaristas suelen llamar el máximo castigo, nos portamos como redomados iuspositivistas. Si nada más que miramos los hechos claros y el tenor de la norma, el caso es fácil, elemental del todo, y solo un camino le queda al que arbitra: aplicar la norma, señalar el penalti.

Pero puede que quepan salidas. Son legión los iusfilósofos bienintencionados y amables que explican y repiten que el derecho y sus jueces tienen que estar antes que nada al servicio de la justicia y que poco o ningún derecho se hace cuando esa servidumbre se olvida y la ciega aplicación de lo legal provoca injusticias evidentes. Entre los más refinados y originales de tales iusmoralistas, el benemérito Robert Alexy recalca que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general. Viene esto a significar que quien en derecho decide debe antes que nada mirar qué prescribe para el caso la ley (en sentido amplio de la expresión, como norma jurídico-positiva, sea cual sea el rango: reglamentario, legal, constitucional incluso), tomada en su letra e interpretada, si acaso, con ayuda también de la voluntad del legislador y de una lectura de conjunto de las normas y no de una sola y aislada, pero que si esa aplicación de la norma no deja alternativa que no sea injusta y si son abundantes y patentes las razones que de lo injusto de esa decisión den fe, debe el derecho positivo, que para el caso manda mal, ceder ante la moral que obliga a hacer el bien, y tendrá, por tanto, que ganar la justicia aunque la decisión formalmente sea contra legem. Pues siendo una mínima justicia contenido esencial de cualquier derecho que en verdad lo sea y merezca tal nombre, no resultará en puridad jurídica la decisión injusta, y, por el contrario, será jurídica sin tacha la que inaplique la ley que para la ocasión resulta inicua, siempre que sea la justicia verdadera la que en su lugar triunfe.

Volvamos a nuestro partido de fútbol y al caso trágico. Tanto el árbitro, imparcial sin reservas, como los observadores que bien imparciales nos queramos, estamos de acuerdo en que ese penalti será fuente de injusticia grande, por mucho que, ley en mano, no queden dudas de que lo es.

¿Debería el árbitro, con conciencia tranquila y sin complejo de obrar antijurídicamente, abstenerse de pitar ese penalti formalmente tan claro, librándonos así de que esos que los tribunales constitucionales más exquisitos llaman estériles formalismos den lugar a un resultado a todas luces muy injusto?

Si estamos en el campo del derecho -y lo estamos-, si la del árbitro es una decisión jurídica que aplica derecho -y lo es-, y si se asume que el derecho sirve por definición a la justicia y que una decisión que sea justa es por tal razón jurídica aunque se salte para el caso la norma positiva -para disgusto de insensibles y malhadados formalistas-, convendremos en que no sólo es plenamente conforme al derecho que el árbitro no marque como penalti aquella mano voluntaria del defensa en su área, sino que, incluso, la realmente antijurídica sería la decisión de sancionar como penalti eso que ley en mano lo es.

Estarán algunos iusmoralistas bien agudos buscando salidas para que la ley se aplique en esta oportunidad sin que parezca que debe el juez respetarla siempre. Cabe por ejemplo argüir que no vale en este caso encomendarse a la justicia del puro resultado de este partido, pues si se beneficia al equipo Beta con la decisión para él justa, otro equipo inocente será perjudicado, ya que otro será el que haya de bajar de categoría en lugar de Beta. Pero como el que hace los ejemplos pone la música y la letra y hasta los baila, como bien sabía don Ronaldo Dworkin, nos bastará imaginar que las reglas son estas: descienden a segunda todos los equipos con menos de veinte puntos en el campeonato de liga, sean esos equipos varios, uno o ninguno. Y resulta que antes de este partido Beta tenía dieciocho puntos. Así que a ninguno perjudicará la resolución arbitral que haga prevalecer la justicia sobre la fría letra del reglamento.

Quiero preguntar ahora qué diferencias relevantes puede haber entre este caso jurídico y de decisión jurídica y un caso ordinario de los que deciden cada día los jueces y magistrados. Yo no encuentro diferencias relevantes para lo que nos importa, y dejando entre paréntesis el hecho claro de que los jueces ordinarios han de motivar sus decisiones y los árbitros no tienen que motivar las suyas.

Pensemos en los supuestos que queramos: un ciudadano ha firmado un crédito válido que ahora no puede pagar porque le han venido muy mal dadas y le han pasado multitud de desgracias; alguien es juzgado por un delito que cometió un día de ofuscación, pero es una gran persona de siempre que nada más que tuvo ese fallo que va a arruinar su vida y la de su familia; es sabido por todos que Fulano es el autor de un crimen atroz, pero la única prueba tangible ha sido ilegalmente obtenida y, ley en mano, habría que absolverlo; la empresa de alguien, sacada adelante con grandísimo esfuerzo, va a quebrar seguramente porque se ha producido un daño para un cliente sin culpa ni leve de la empresa, pero rigiendo en ese ámbito una regla de responsabilidad puramente objetiva; uno ha comprado una vivienda y le debe todavía al constructor mucho dinero, pero, sin culpa de nadie y por azares de la vida, esa vivienda se ha depreciado un setenta por ciento y, por tanto, ya no vale ni la mitad de lo que todavía por ella debe su dueño, etc., etc.

El tema es, para esos jueces, el mismo que para el árbitro. Los casos son claros (aceptemos que lo son), de conformidad con la norma positiva, la solución que resulta de aplicar la norma, en lugar de saltársela, deja un sentimiento de desazón e injusticia, remedios jurídico-positivos ciertos y aplicables al caso (atenuantes o eximentes, cláusulas específicas, etc.) no concurren; tampoco el margen de posible interpretación permite evitar esas consecuencias desagradables. Así que estamos como con lo del árbitro y el penalti que puede acabar de hundir al equipo Beta, colmo de la mala suerte y la desdicha.

No sé quién sería el sádico que pudiera decir que disfruta y se alegra con aquel penalti o con los fallos en perjuicio de todos estos que van a padecer dolorosas consecuencias si se les aplica la ley en lugar de hacer valer por encima de ella la moral o la justicia. Pero la cuestión que le debe importar también, y ante todo, al teórico del derecho y al ciudadano consciente es esta otra:

¿de qué manera afectaría al fútbol el que se admitiera que las normas de su reglamento son derrotables desde la moral y la justicia y que debe el árbitro filtrar su aplicación para procurar que nunca una falta, un penalti, un fuera de juego, una tarjeta amarilla o una roja perjudiquen al equipo que en modo alguno merece ser perjudicado y perder el partido, o beneficien al que tampoco se merece la consecuencia favorable de la aplicación del reglamento?

A mí me parece que en el fútbol todo cambiaría entonces. Se alteraría por completo el papel de los árbitros, que serían jueces del mérito y no aplicadores del reglamento. Así, los partidos de fútbol pasarían a ser competición de un tipo bien diverso, parangonables a concursos que un juez o jurado resuelve en razón del mérito relevante: como certámenes literarios, concursos de belleza, de destreza, etc. La naturaleza de ese deporte se trastocaría del todo, ya que, mismamente, los goles no importarían ni serían decisivos para la victoria o derrota, sino un elemento más a valorar por el árbitro, quien, además, tendría que anular los legales pero que provoquen un resultado injusto o dar por buenos los antirreglamentarios pero que ayuden a ganar al que lo merece. Y así sucesivamente. La esencia de la competición se alteraría, porque ya no se entrenaría ni jugaría para meter goles o evitarlos, sino para “seducir” al árbitro y hacerle ver los variadísimos méritos de jugadores, entrenadores y afición. No tendrían los espectadores que cantar o gritar para animar a su equipo favorito, sino, tal vez, recitar odas a la concordia universal o textos kantianos sobre la paz perpetua. Y así todo.

Por supuesto, es obvio que seguiría habiendo equipos, intereses ligados a los equipos y buenas razones de toda clase (económicas, políticas, etc.) para que cada equipo desee vencer. Supongamos que el equipo que gana el campeonato recibe un suculento premio económico e ingresa millones por publicidad y merchandising, una razón más, y poderosa, por la que todos pretenden vencer. Mas si los árbitros ya no van a ser seleccionados por su competencia técnica, su buen conocimiento del reglamento, sus condiciones físicas apropiadas y su depurada imparcialidad acreditada año tras año, sino por su sensibilidad moral y su gran sentido de la equidad, respóndaseme a esta pregunta: ¿van a estar las directivas de los equipos -en especial de los equipos más fuertes y económicamente más influyentes- más interesadas en fichar grandes jugadores o en influir en la selección de los árbitros? ¿Será de esperar mayor o menor corrupción en el fútbol y en cuanto al sistema arbitral? Incluso, ¿terminaría por haber más o menos violencia en el fútbol y sobre los árbitros?

Tengo muy claras mis respuestas. Y también opino que exactamente lo mismo que decimos para el fútbol y los árbitros vale para la vida social en general y para los jueces.

Si queremos hacer a los jueces sacerdotes de la justicia y señores de las reglas del juego a las que llamamos derecho y que, en democracia, entre todos ponemos, el mundo no se va a acabar, ciertamente, pero estaremos jugando a otra cosa, retornaremos a tiempos pretéritos, será más sólido el imperio de los más fuertes y estarán o estaremos particularmente desprotegidos los que no podemos aspirar a más defensa que las que nos brindan las reglas jurídicas que en común tenemos y que se aplican por jueces que no miran más cosas que las que para la norma vienen a cuento.

En suma, habrán cambiado las reglas de juego, y al igual que en el fútbol terminaba por ser inútil papel mojado el reglamento de ese deporte, en el Estado de Derecho se volvería ociosa y puro adorno la ley, con lo que sonaría a escarnio seguir llamando Estado de Derecho a ese Estado y seguir soñando con que la ley pone para todos iguales garantías, derecho y obligaciones.

Por poner otra comparación: el día que a mí, profesor universitario, me digan que la calificación de mis estudiantes no debe venir determinada por la puntuación lograda en el examen y en aplicación de un baremo general y conocido, sino por factores como las circunstancias personales de cada cual (quién está contento o quien anda deprimido, quién tiene más dinero o es más pobretón, quién es mujer o quién varón, quién tiene éxito social y quién vive corroído por mil complejos…) o lo que cada uno merece por motivos ajenos al estudio y el rendimiento académico, me iré con la música a otra parte y tendré que dejar que mi puesto lo ocupen confesores, terapeutas, trabajadores sociales y, ante todo, tiralevitas en general. Eso mismo que para mí quiero como árbitro del rendimiento de mis alumnos lo deseo para los jueces de mi Estado que en derecho hayan de juzgar de mis conductas y las de mis vecinos. Aspiro a árbitros imparciales, buenos reglamentos y decisiones que los apliquen, no a moralinas de baratillo ni a pedagogos, psicólogos sociales o economistas en los tribunales de justicia o murmurando a la oreja de los magistrados.

Tal vez estoy confundido, pero juraría que la Constitución me da la razón.

Mirada 360