Por Jesús Alfaro Águila-Real

Introducción: la teoría del Derecho de Sociedades

En unas cuantas entradas (v., entradas relacionadas) hemos ido presentando distintas aplicaciones de una “teoría” del Derecho de Sociedades que hemos formulado – parcialmente – en algunos trabajos publicados en los últimos años. Las bases de esa teoría se encuentran resumidas en esta entrada que pretende servir como Introducción a un curso sobre esta materia. La gran ventaja que le atribuyo es que resulta de una gran simplicidad y permite explicar coherentemente el Derecho de Sociedades. Naturalmente, esta “teoría” no es novedosa mas que en algunos “descubrimientos” muy particulares (por ejemplo, en el análisis de la disolución o en el estudio de la regla legal que prohíbe someter a la unanimidad de los socios la adopción de un acuerdo social o la concepción correcta de la impugnación de los acuerdos sociales. Las bases de esta concepción del Derecho de Sociedades se encuentra ya formulada, entre nosotros, en los trabajos de Girón y Paz-Ares que se apoyan, a su vez, en la literatura alemana del siglo XX.

El Derecho de Sociedades contiene dos grandes piezas que pertenecen, respectivamente al Derecho de contratos y al Derecho de Cosas. La primera pieza es el contrato de sociedad. La segunda, la persona jurídica. El contrato de sociedad, en cuanto crea una persona jurídica, es un contrato de organización. Sin la segunda pieza, es un mero contrato obligatorio. El Derecho de Sociedades es “derecho de contratos” y “Derecho de las personas jurídicas” y parte del Derecho Patrimonial pero no del Derecho de Personas.

Como no puede haber patrimonios que carezcan de titular, los patrimonios que no pertenecen a un individuo o a un grupo de individuos colectivamente han de pertenecer a “alguien” de ahí que los llamemos “personas” jurídicas porque su capacidad jurídica – en los términos que veremos a continuación – se asemeja a la de los individuos, pero sería más correcto denominarlos patrimonios personificados en el sentido de que el Derecho regula dicho patrimonio incluyendo normas atributivas de bienes o derechos (capacidad para actuar y posibilidad de ser identificado) y normas de responsabilidad, esto es, hace a ese conjunto patrimonial “responsable” en el sentido de que delimita los bienes y derechos que están sometidos al poder de agresión de determinados acreedores para cobrarse sus deudas (el segundo sentido de la palabra responsabilidad en la exposición de Pantaleón) y las personas que pueden vincular ese patrimonio (administradores).

De manera que la capacidad jurídica de estas personas jurídicas se asemeja, pero no es idéntica a la capacidad jurídica de los individuos que, además de ser destinatarios de esas reglas, son sujetos dotados de dignidad y, por tanto, titulares de derechos no patrimoniales (derechos fundamentales o “bienes de la personalidad”).

De esta forma es correcto decir (si conviene) que los socios (que son los titulares últimos de ese patrimonio uti universi) responden limitadamente porque lo hacen exclusivamente con el patrimonio separado. La responsabilidad limitada de los socios al patrimonio social no exigiría, por si sola, el reconocimiento de “personalidad jurídica” a ese patrimonio. Bastaría con poner en vigor una norma semejante a la del art. 140 de la Ley Hipotecaria (hipoteca de responsabilidad limitada). Necesitamos personificar patrimonios separados porque atribuiremos capacidad para adquirir bienes, otorgar créditos y asumir deudas a ese patrimonio, es decir, porque los efectos de la actuación de los humanos en el tráfico patrimonial (adquiriendo, enajenando, generando derechos de crédito o deudas) se asignarán a ese patrimonio separado. De ahí que la doctrina más atenta reconozca personalidad jurídica a las sociedades cuando los socios que han celebrado el contrato de sociedad y han formado un patrimonio con sus aportaciones tengan la voluntad de “actuar en el tráfico” unificadamente, es decir, como si fueran un individuo que fuera el titular de dicho patrimonio (identificación y utilización de órganos).

Se ve claro así que

la personalidad jurídica es un fenómeno eminentemente patrimonial.

El Código Civil, al definir la capacidad jurídica de las “personas jurídicas” dice en su artículo 38 que

“Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución”.

Es decir, el Código dota a las personas jurídicas de una capacidad limitada. La necesaria de acuerdo con su naturaleza, esto es, la de patrimonios separados. Para que un patrimonio pueda separarse de otros es necesario que pueda adquirir bienes y derechos de crédito (“de todas clases”) y asumir obligaciones y que pueda proteger tales bienes y derechos jurídicamente, esto es, acudiendo a los tribunales. No hay un precepto semejante en los artículos anteriores del Código cuando se ocupa de las “personas naturales”. La capacidad jurídica de las personas jurídicas es un producto del Derecho. La de las “personas naturales” es un producto de la naturaleza humana y la Constitución.

La cuestión de la personalidad jurídica se “disuelve”, pues, en el Derecho Patrimonial. Como hemos dicho más arriba, para el Derecho Patrimonial, el concepto de “persona” es mucho más estricto que el que se utiliza en el Derecho de Personas. Para el Derecho Patrimonial una persona no es más que un sujeto de imputación de derechos y obligaciones – de contenido patrimonial –. Para el Derecho, una definición semejante de los seres humanos sería ridículamente restrictiva ya que dejaría de un lado lo que es más propio y distintivo de los humanos: seres libres dotados de igual dignidad. Cuando se habla de la persona jurídica no se está hablando de individuos. Se está hablando de patrimonios.

Así pues, el Derecho de la personalidad jurídica es Derecho patrimonial. El Derecho de la Persona solo se aplica junto al Derecho Patrimonial a las personas jurídicas cuando se ven implicados los derechos de los individuos – de los seres humanos – que son los titulares mediatos del patrimonio separado. Además, dado que el origen de ese patrimonio personificado es un contrato, se aplica el Derecho de Contratos.

De esta teoría, lo que es importante destacar es que el Derecho de Sociedades entendido en sentido amplio (incluyendo, por tanto, a organizaciones como las asociaciones, las mutuas o las cooperativas e incluso las fundaciones) contiene normas pertenecientes al Derecho de Obligaciones y Contratos (las que regulan el contrato de sociedad y las que regulan la responsabilidad patrimonial) y normas pertenecientes al Derecho de Cosas (las que regulan la propiedad y demás derechos reales sobre bienes), normas que se encuentran mezcladas a lo largo de la legislación societaria, esto es, de la Ley de Sociedades de Capital, sobre todo, pero también en la Ley de Modificaciones estructurales y en los Códigos civil y de comercio. En relación con estos últimos, sin embargo, y debido a su antigüedad, la regulación es casi exclusivamente de Derecho de Contratos, es decir, se contienen normas sobre el contrato de sociedad y sobre la responsabilidad patrimonial de los socios. No hay en la regulación de los artículos 1665 y siguientes del Código Civil o en los artículos 116 y siguientes del Código de Comercio normas – apenas – del Derecho de Cosas.

En lo que hace al contrato de sociedad,

no nos ocuparemos de ello en esta entrada y, probablemente, en ninguna porque este aspecto del Derecho de Sociedades está mucho más desarrollado en nuestra doctrina. En muy pocas palabras, cuando varias personas deciden cooperar entre sí para mejor alcanzar un objetivo común contribuyendo todos ellos al fin común y quieren que su vínculo sea jurídico, el contrato que les permite articular esa relación es un contrato de sociedad. El Derecho de Sociedades, en este aspecto, se ocupa de establecer reglas supletorias adaptadas a las características particulares de este contrato en comparación con los contratos de intercambio. Sólo hace falta señalar ahora que el contrato de sociedad es un contrato de organización no solo porque incluye las reglas que se dan los socios para tomar decisiones en relación con el patrimonio separado que es la persona jurídica sino también porque, aunque no existiera un patrimonio separado o éste fuera meramente instrumental, como ocurre en las asociaciones, los socios tendrían todavía que tomar decisiones respecto de las actuaciones que han “socializado”, es decir, respecto de las conductas que contribuyen a la consecución del fin común que constituye el elemento distintivo del contrato de sociedad.

Menos estudiado se encuentra

el fenómeno del “nacimiento” de la personalidad jurídica.

En pocas palabras también tal fenómeno puede explicarse diciendo que la contribución de todos al fin común se concreta en la constitución de un patrimonio común, patrimonio que, por tanto, queda sometido a las reglas de la copropiedad (porque son bienes que pertenecen a varias personas). La sociedad, pues, es la “causa” de la creación de una situación de copropiedad o comunidad de bienes donde antes del contrato sólo había propiedad individual. Las reglas de la copropiedad son eficientes, sin embargo, para gestionar un bien común (no en vano, y como ha repetido a menudo José María Miquel, el Código civil concibe como objeto “natural” de copropiedad un bien determinado – mueble o inmueble, ni siquiera un crédito, es incorrecto hablar de copropiedad de un crédito) pero no lo son para gestionar un patrimonio, esto es, un conjunto de bienes, derechos y deudas porque gestionar un patrimonio implica introducirlo en el tráfico jurídico (modificando su composición mediante la adquisición o enajenación de bienes, la generación de derechos de crédito o de deudas de los que será responsable ese patrimonio) lo que exige que pueda identificarse a su titular (para separarlo de otros patrimonios) y a los individuos que pueden vincular dicho patrimonio.

En consecuencia, el legislador “reconoce” la estrecha ligazón entre los bienes y derechos aportados entre sí – lo que constituye la contribución patrimonial de cada socio al fin común –, el objetivo de los que han contribuido a formarlo de introducirlo en el tráfico jurídico y concibe al grupo unitariamente y, cuando tiene que establecer las reglas conforme a las cuales se pueden imputar derechos y obligaciones (créditos y deudas) a ese patrimonio, abandona la figura de la copropiedad y “vuelve” a las reglas sobre la propiedad individual. Para ello “dice” que la sociedad tiene personalidad jurídica aunque debería decirse, simplemente, que el patrimonio formado con las aportaciones de los socios se regirá por las reglas de la propiedad individual considerándose que los socios, cual si fueran un individuo, son los titulares de dicho patrimonio. O, si se quiere, a través de las reglas del contrato de sociedad, el legislador establece cómo se tomarán las decisiones en el seno del grupo de individuos en relación con ese patrimonio imponiéndoles simultáneamente, la obligación de identificar ese patrimonio y establecer quién puede vincular ese patrimonio en el tráfico. Hemos destacado “en relación con ese patrimonio” porque refleja la conexión entre el contrato de sociedad y la delimitación del patrimonio separado que es la personalidad jurídica.

Las reglas aplicables – que ya no son las de la copropiedad – serán las generales sobre la propiedad individual y las del Derecho de Sociedades respecto de quién puede actuar eficazmente en relación con dicho patrimonio (quien ostenta la representación) y cómo se toman las decisiones respecto del mismo (junta de socios del que forman parte los socios).

Así, por ejemplo,

la disolución es un fenómeno que pertenece estrictamente al Derecho contractual (terminación del contrato de sociedad); la separación de socios o su exclusión, también (resolución parcial del contrato de sociedad). La liquidación, sin embargo, pertenece a los derechos reales (un patrimonio colectivo desaparece porque los bienes que lo componen se asignan a otros); el régimen de los acuerdos sociales pertenece al Derecho de contratos así como su impugnación (incumplimiento del contrato social por la mayoría ); la responsabilidad limitada es una cuestión de qué patrimonio responde de las deudas contraídas por los administradores. Incluso el problema de la “nacionalidad” de las sociedades (rectius, del derecho aplicable al contrato de sociedad y del derecho aplicable a los negocios jurídicos que tengan por objeto el patrimonio social y del derecho aplicable a la responsabilidad patrimonial) se disuelve. La doctrina de la “sede real” es “errónea” en el sentido de que carece de lógica si se comprende adecuadamente la personalidad jurídica de las sociedades. Es una regla que expresa la decisión de un Estado de obligar a los que constituyen una sociedad a someter el contrato a las normas dictadas por ese Estado si los socios toman las decisiones en relación con el patrimonio social dentro de los confines del territorio del Estado.

Agrupaciones patrimoniales y agrupaciones de personas

Imaginemos que Antonio, Beatriz y Carlota acuerdan montar una cafetería en común, celebran el contrato en el que acuerdan que cada uno realizará unas determinadas aportaciones (de un local, de la maquinaria y mobiliario, de cantidades de dinero y de su fuerza de trabajo). Por desgracia, a los pocos meses, Antonio y Beatriz fallecen en un accidente de coche. El contrato de sociedad se termina como consecuencia de dichas muertes. La sociedad se disuelve y hay que proceder a la liquidación del patrimonio. Normalmente, Carlota se quedará con la cafetería y pagará unas cantidades de dinero a los herederos de Antonio y Beatriz. El patrimonio social – la cafetería – se confunde en el patrimonio de Carlota. La sociedad unipersonal es un oxímoron.

Imaginemos ahora que esas mismas personas (art. 5 Ley de Asociaciones) fundan una asociación de amigos de Ventosilla, un pequeño pueblo en el que coinciden durante sus vacaciones. Pero Carlota y Beatriz se enfadan con Antonio y abandonan la asociación. La asociación se disuelve y, si tenía algún patrimonio, habrá de dársele el destino previsto en los estatutos (art. 17 Ley de Asociaciones) con las limitaciones derivadas de la ausencia de ánimo de lucro subjetivo (art. 1.2 Ley de Asociaciones). Una asociación de un sólo miembro es un oxímoron.

Pero una sociedad limitada o anónima unipersonal no es un oxímoron si comprendemos que su naturaleza no es la de un contrato de sociedad. En la sociedad unipersonal falta una de las dos piezas de las que venimos hablando: tienen personalidad jurídica – crean un patrimonio separado – pero el negocio jurídico que provoca la creación de un patrimonio separado no es un contrato de sociedad.

¿Por qué no podemos decir lo mismo de la sociedad colectiva entre Antonio, Beatriz y Carlota o de la asociación de amigos de Ventosilla? Porque en el caso de una sociedad de capital, el contrato de sociedad (el que se celebra entre los miles de accionistas que acuden a una oferta pública de suscripción de acciones – art. 41 ss LSC – ) es instrumental de la agregación de recursos para el desarrollo de una actividad, normalmente económica, normalmente en el mercado y normalmente con ánimo de lucro. No en vano se habla de la sociedad anónima como una “máquina” inventada por los hombres para servir de “bomba de capitales”.

Por el contrario, en la sociedad colectiva y en la asociación, es el patrimonio separado lo que es instrumental de la asociación de individuos. El patrimonio está al servicio del fin común de la sociedad colectiva o de la asociación que es el de permitir a los individuos que las forman desarrollar libremente su personalidad art. 10 CE) “en compañía de otros” aumentando su “capacidad” para lograr el objetivo común que es un objetivo que contribuye, de una forma u otra, a la realización personal de sus miembros, eso y no otra cosa es lo que significa el “libre desarrollo de la personalidad”.

No es extraño, pues, que el derecho fundamental de asociación no estuviera recogido en las primeras constituciones liberales (como la norteamericana de 1776) aunque se diera por supuesto el derecho a existir y a participar en la vida social de las iglesias, las corporaciones mercantiles y de otras clases. Porque el único que tiene derechos en una Constitución liberal es el individuo, de manera que los grupos se reconocen en la medida en que favorecen la realización personal de los individuos. Si los individuos tienen reconocido el derecho a la libertad religiosa, debe reconocerse el derecho a fundar iglesias y grupos religiosos. Si los individuos tienen derecho a participar en la vida política y derecho de petición, se reconocerán los partidos y los grupos de presión. Si los individuos tienen derecho a pescar o cazar, debe reconocerse el derecho a fundar asociaciones de cazadores o pescadores etc.

Reconocer personalidad jurídica a los grupos sólo viene exigido constitucionalmente cuando es la forma de reconocer plenamente a los individuos su derecho a la libertad religiosa o, genéricamente, a desarrollar su personalidad en compañía de otros. Reconocer a las asociaciones – o, a estos efectos, a las sociedades de personas – personalidad jurídica, separación patrimonial, no es imprescindible desde este punto de vista. Reconocer personalidad jurídica a una sociedad anónima es imprescindible para que pueda allegar los recursos de miles de ahorradores. Pero cuando estos ahorradores suscriben las acciones, no ejercen ningún derecho fundamental ni siquiera podemos decir que la inversión de sus ahorros les permita desarrollarse libremente como personas. En el caso de las sociedades de personas, los socios de una sociedad colectiva típicamente desarrollan un derecho fundamental (el derecho al trabajo, al ejercicio de una profesión u oficio y a la libertad de empresa). Se entienden así, las afirmaciones del Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión de ocuparse de la sociedad anónima en el marco de la discusión sobre derechos fundamentales (Sala Segunda. Recurso de amparo número 878/J984. Sentencia número 23/1987, de 23 de febrero)

Sin embargo, y aun si admitiese esa apertura de fines del derecho fundamental de asociación, éste sólo podría. invocarse en aquellos casos en que realmente apareciese vulnerado el contenido de dicho derecho. Pero en las sociedades mercantiles y, en particular, en las sociedades de capitales, cuya forma más característica es la sociedad anónima, predomina frente a las relaciones derivadas de la unión de personas, las nacidas de la unión de capitales, por que, sin excluir la posibilidad de que en determinados casos pueda producirse una lesión del derecho de asociación respecto a este tipo de sociedades, es necesario plantear en cada supuesto si el derecho de que se trata y que se entiende lesionado es efectivamente de naturaleza asociativa o bien tiene un carácter preferentemente económico. En el presente recurso la posibilidad o no de que un acuerdo social reduzca sin indemnización las facultades del usufructuario, entre ellas la de suscripción preferente de nuevas acciones, y aumente consiguientemente las del nudo propietario, plantea una cuestión que atañe sobre todo al contenido de derechos patrimoniales que se reconoce en el arto 33.3 de la Constitución y cae por tanto fuera del derecho de asociación y del ámbito del recurso de amparo.

Además, en el caso de las sociedades de personas, en la medida en que  al fin y a al cabo, también las sociedades de personas tienen personalidad jurídica en nuestro derecho – es decir, en su aspecto patrimonial, los bienes, créditos y deudas comunes a los socios forman un patrimonio separado del patrimonio individual de los socios – no debería haber ningún inconveniente en admitir sociedades unipersonales de personas desde esta perspectiva. Pero si no existen es porque la sociedad unipersonal se regula, exclusivamente, para permitir a los individuos escapar a la responsabilidad universal, esto es, a la aplicación del art. 1911 (“el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros”), es decir, no ya para permitir a los individuos “separar” patrimonios, sino para “incomunicarlos” con el resto de su patrimonio. De forma que, dado que la responsabilidad de los socios por las deudas del patrimonio social es ilimitada en las sociedades de personas (art. 127 C de c), carece de sentido regular la sociedad unipersonal de personas, rectius, carece de sentido regular en el Derecho de Sociedades de personas sub-patrimonios si no va a existir responsabilidad limitada.

Las comunidades en mano común

También se explican adecuadamente desde esta comprensión de la personalidad jurídica los casos de la comunidad hereditaria o la sociedad de gananciales o, incluso, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. Entendida la personalidad jurídica como un fenómeno exclusivamente patrimonial, no hay inconveniente en considerar estas tres figuras como casos de patrimonios personificados o personas jurídicas aunque limitadamente, esto es, cuya capacidad jurídica (en el sentido del art. 38 CC) incluye la posibilidad de poseer y adquirir bienes y derechos y asumir deudas en relación con la “causa” que lleva a la creación del patrimonio separado. Ni la comunidad hereditaria ni la comunidad de propietarios son sociedades porque no son producto de un acuerdo voluntario, pero todas ellas “necesitan” separar un patrimonio en relación con el patrimonio individual de los herederos, los propietarios en régimen de propiedad horizontal o los cónyuges.

(el matrimonio lo es en un sentido muy particular porque se trata de una sociedad “institucionalizada” en el sentido de que los cónyuges han de dar su consentimiento al matrimonio pero no pueden elegir sus efectos, que vienen determinados por la ley. La libertad de los cónyuges para ordenar sus relaciones patrimoniales es más amplia pero no comparable al que rige en Derecho de Sociedades ya que el patrimonio común está ordenado, por la ley, al levantamiento de las cargas familiares, de las que los cónyuges no pueden liberarse)

La sociedad unipersonal como ejemplo

Esta comprensión del contrato de sociedad y de la personalidad jurídica permite explicar limpiamente lo que tenga de particular la sociedad unipersonal. Esta figura se incorporó al Derecho español tras la promulgación de la Duodécima Directiva (la 89/667, sustituida por la 2009/202/CE).

La Directiva dispensaba a los Estados de reconocer las “sociedades unipersonales” si su legislación prevé la posibilidad “para los empresarios individuales”, de constituir “empresas” de responsabilidad limitada al patrimonio afectado a una actividad determinada” (con las garantías para terceros equivalentes a las que proporciona el Derecho de Sociedades). Esta equiparación nos da una pista muy importante respecto del sentido de la existencia de sociedades unipersonales. En los términos que venimos utilizando, la sociedad limitada unipersonal es un fenómeno exclusivamente patrimonial, no contractual y su constitución es un negocio jurídico no contractual sino, más bien, “fundacional” ya que implica la afectación de un patrimonio a un fin provocando la división del patrimonio del empresario – del individuo – en dos masas patrimoniales a efectos de responsabilidad (en el segundo sentido de los explicados por Pantaleón).

El titular de ese patrimonio es el socio único pero no lo es directamente. Es decir, lo es de la misma forma que son titulares del patrimonio de cualquier sociedad sus socios a través de la persona ficta. La doctrina, sin embargo, ha entendido – quizá equivocadamente – que la sociedad unipersonal y el “establecimiento individual de responsabilidad limitada” son

“bien diferentes desde el punto de vista técnico-jurídico (porque)… mientras el primero se basa en la separación de patrimonio que se afecta a una actividad económica por un sujeto, el segundo parte de la existencia de una dualidad formal de sujetos (sociedad y socio). En ambos casos se prevén normas de protección de los terceros, pero sólo en el segundo adquieren relevancia los aspectos jurídico-organizativos” (Jiménez Sánchez/Díaz Moreno, p 17).

No exactamente. En lo que interesa – en el aspecto patrimonial – las dos formas son idénticas.

En realidad no hay diferencia alguna entre ambos en el plano contractual como no puede haberlas en el plano patrimonial. Las reglas “jurídico-organizativas” son necesarias porque el contrato de sociedad es plurilateral, esto es, porque un grupo de personas coopera y la pluralidad exige coordinación, en particular, algún sistema para tomar decisiones en el seno del grupo (y en relación con el patrimonio común, esto es, con la persona jurídica). Por tanto, si no hay grupo, no hay necesidad de organización, esto es, no hay necesidad de disponer de reglas acerca de cómo se tomarán las decisiones. Como se separa un patrimonio, sí que es necesario identificarlo y establecer necesariamente quién podrá vincular ese patrimonio. En el caso del establecimiento de responsabilidad limitada, lo primero sigue siendo necesario pero lo segundo no porque será el individuo que ha separado ese patrimonio el que, en principio, vinculará éste con sus actos y contratos realizados por cuenta del mismo. En el caso de la sociedad unipersonal, el Derecho de Sociedades proporciona las dos herramientas (la identificación y la determinación de quién puede vincular ese patrimonio) a través de las reglas del Derecho de Sociedades que regulan la personalidad jurídica (la segunda de las piezas que hemos descrito más arriba). Dada la estrecha relación histórica y dogmática entre el contrato de sociedad y la creación de patrimonios separados, es lógico que el legislador recurra al Derecho de Sociedades para regular estos patrimonios separados aunque el titular sea un individuo y no un grupo.

Esta apreciación nos da una pista muy importante para determinar qué reglas del Derecho de Sociedades serán aplicables a la sociedad unipersonal y cuáles no. No exactamente las que se basen en la pluralidad de socios sino las que se basan en el carácter contractual de la sociedad. Serán aplicables, por el contrario, las reglas de responsabilidad y las atributivas del Derecho de Cosas incluyendo las de identificación (denominación social, capital, domicilio) y las de vinculación con terceros (órgano de administración).

La ventaja de la opción por la sociedad limitada unipersonal frente al establecimiento individual se encuentra en razones parecidas a las que hacen más ventajosas las modificaciones estructurales (fusión, escisión, transformación) frente a la alternativa del Derecho común. Si el patrimonio separado y afecto al fin elegido por el fundador pasa a ser titularidad – mediata – de un grupo de personas, esto es, el socio único vende una parte del capital social de la SLU a otros individuos o les permite suscribir nuevas acciones vía aumento de capital, no será necesario liquidar el patrimonio separado perteneciente al “establecimiento” y constituir una sociedad ex novo. Lo mismo en el caso de que una sociedad deje de serlo porque todas las partes de su capital se encuentren en manos de una misma persona. Devenida “unipersonal”, la sociedad – el contrato de sociedad – deja de existir, pero es absurdo obligar a liquidar el patrimonio separado si el socio único tiene expectativas de entrar en sociedad con otros individuos en un futuro.

La doctrina ha dicho que la sociedad unipersonal no es un subtipo de la anónima o limitada. No es “una manera de ser” sino “una manera de estar” (Jiménez Sánchez/Díaz Moreno, p 41). Con este lenguaje metafórico se hace referencia a que la unipersonalidad puede decaer o generarse sin que se produzcan modificaciones en el “contrato” de sociedad o en el patrimonio – en la persona jurídica –. Pero esta metáfora evoca conclusiones erróneas. Porque, como hemos dicho, a la sociedad unipersonal no se le aplican la mayor parte de las reglas del Derecho de Sociedades de carácter contractual. Dado que no hay contrato – acuerdo de voluntades – ni grupo, carece de sentido la aplicación de las normas de este tipo. En otros términos, el socio único puede gestionar el patrimonio social sin más límites que los que, en aras de proteger a los terceros, se encuentran en los artículos 12 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. De manera que todas las previsiones estatutarias, en su caso, y legales que presuponen la pluralidad de socios, esto es, la existencia de una relación contractual, dejan de aplicarse. Las únicas que se aplican son las relativas al patrimonio, es decir, las que pertenecen al Derecho de Cosas.

Y, en efecto, como veremos en la próxima entrada, las reglas legales son reglas de responsabilidad, es decir, de delimitación de los patrimonios que responderán de las deudas que se generen en el patrimonio separado. El legislador establece las condiciones para que dicha responsabilidad se limite al patrimonio afectado y las consecuencias de no observarlas haciendo responsable a “otro” patrimonio, el resto del que pertenece al socio único. La identidad con las reglas sobre el levantamiento del velo no escapará al lector avezado.


Foto: JJBose