Por Jesús Alfaro Águila-Real

 

De acuerdo con lo expuesto aquí, las personas jurídicas deben concebirse como un fenómeno patrimonial, como parte del Derecho de Cosas y no como parte del Derecho de la Persona.   De modo que, aunque no se desarrollará ahora, resulta muy complicado aplicar a las personas jurídicas reglas aplicables a los individuos que no pertenezcan al Derecho Patrimonial porque, en tal caso, se trata de reglas que se anudan histórica y conceptualmente a la dignidad humana y, por tanto, que sólo pueden predicarse estrictamente de los seres humanos. Así, en relación con la libertad religiosa y con el derecho a la intimidad, por ejemplo, la gente tiende a pensar que es un derecho del que son titulares sólo los individuos, no las personas jurídicas (ni siquiera las iglesias) lo que es bastante intuitivo. En relación con la libertad de expresión, de nuevo, la gente tiende a atribuirlo a personas jurídicas sólo débilmente. Es decir, ni en el caso de las iglesias – libertad religiosa – ni en el caso de las empresas editoras de periódicos – libertad de expresión – la gente atribuye a las personas jurídicas la titularidad de derechos fundamentales en una medida parecida al reconocimiento que merecen, en su opinión, respecto de las personas físicas, de los individuos.  Veamos, a continuación, “qué necesitan” los grupos de individuos que reconozcamos a los patrimonios separados que conforman para perseguir objetivos comunes para que un ordenamiento pueda ser calificado como respetuoso con la autonomía privada y la libertad de asociación, en definitiva, con el art. 10.1 CE.

La doctrina incluye en este contenido de la personalidad jurídica

la nacionalidad

Se dice que las personas jurídicas “tienen una nacionalidad” porque así parece deducirse del art. 28 CC. Pero, como ha demostrado la doctrina más atenta esta afirmación no es correcta. La nacionalidad de un individuo es, ante todo, la expresión jurídica de su integración en una comunidad nacional y precisamente por ello se atribuye en virtud de vínculos como el parentesco (ius sanguinis) y el lugar de nacimiento (ius soli). De ahí que la nacionalidad sea un atributo ligado a la personalidad del individuo, parte sustancial de su estado civil y criterio determinante del reconocimiento de sus derechos políticos. La significación que tiene la nacionalidad en el ámbito de las personas jurídicas es, sin embargo, muy diferente, puesto que no expresa necesariamente la conexión de los socios con una comunidad nacional, sino que actúa simplemente como mecanismo de selección de la Ley aplicable al contrato de sociedad, de la llamada lex societatis.

V., no obstante y por ejemplo, Capilla, Art. 35 p 13: “La determinación de una nacionalidad para las personas jurídicas desempeña un papel parcialmente similar al que tiene la nacionalidad de las personas físicas. En las primeras, la nacionalidad no significa vínculo político de integración en la comunidad nacional; pero en ambos casos la nacionalidad es tomada en consideración, como criterio de determinación de la legislación nacional aplicable al llamado estatuto personal”

En otras palabras, decir que una sociedad es española es decir que se aplican las normas del Derecho español de sociedades a su “capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción» (art. 9.11 CC, STS 19-II-1993). Del mismo modo que un contrato de compraventa queda sometido a un Derecho nacional determinado, también el contrato de sociedad queda sometido a un Derecho nacional determinado. Sobre esta base, no pueden coincidir o solaparse los criterios conflictuales de selección del Derecho aplicable a la sociedad (es decir, los criterios de atribución de la nacionalidad) y los requisitos materiales de la válida o regular constitución de la sociedad. Por ejemplo, tendría poco sentido establecer que son españolas las sociedades que se registren en España si al propio tiempo se hubiese establecido que la inscripción es un requisito material de la constitución, y ello por la sencilla razón de que la sociedad debe tener previamente una ley aplicable que proporcione reglas para regular lo que sucede antes de la inscripción de la sociedad. En los términos aquí utilizados, el gobierno del patrimonio separado que es la persona jurídica (la toma de decisiones sobre ese patrimonio, su constitución, modificación y liquidación) se regirá por las leyes españolas. Lo propio respecto del

Domicilio

Las personas jurídicas han de tener un domicilio, de nuevo, para el mejor ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones patrimoniales (v., art. 9 LODA; art.. 6 LF).  El domicilio nos permite situar geográficamente al individuo, es decir, determinar “dónde se le puede encontrar y entrar en contacto con él”. No hay individuo sin domicilio. La sede o domicilio de las sociedades es el lugar elegido por las partes para localizar su actividad jurídica, y a él anuda el ordenamiento múltiples funciones, todas ellas de carácter patrimonial. Así, por ejemplo, es el criterio utilizado para determinar el lugar de cumplimiento de las obligaciones (art. 1.171.III CC); para atribuir la competencia registral (v. art. 17 RRM) y judicial (art. 66 LEC); para reunir la asamblea u otros órganos sociales (art. 175 LSC); para hacer notificaciones o ejercitar derechos etc. Compárese con las funciones que el domicilio despliega en relación con los individuos y que afectan a su status personal, desde la comisión de delitos (abandono de hogar, allanamiento de morada) a las obligaciones conyugales pasando por la titularidad o ejercicio de derechos (voto, derecho a prestaciones públicas…)

La doctrina tiende a limitar, sin mayor argumentación, la libertad de los que constituyen un patrimonio separado para fijar el domicilio sobre la base de un presunto “principio de realidad del domicilio…  según el cual no es libre la elección del mismo en el acto constitutivo, sino que tiene que establecerse como domicilio aquel que se corresponda con el lugar donde se asienta efectivamente la organización” Capilla art. 35 p 13. En realidad no es sino otra forma de afirmar el carácter imperativo de la doctrina de la sede real.

Y, en fin, lo propio respecto del

nombre

En el caso de los individuos hay un auténtico “derecho al nombre”, porque el nombre identifica socialmente al individuo. El nombre – denominación social dicen las leyes de sociedades – de las personas jurídicas es, de nuevo, un atributo instrumental de la participación del patrimonio separado en el tráfico jurídico.  Como decía Uwe John, para que podamos imputar créditos y deudas y atribuir bienes o derechos a un patrimonio tenemos que poder identificarlo en el tráfico. Si hay que recurrir a los nombres de los que forman parte del grupo para identificar a éstos, será una señal de que nos encontramos ante un individuo incipientemente autónomo, como cuando identificamos a un niño diciendo que es el “hijo de” o cuando, en el Antiguo Régimen, las personas se identificaban por el pueblo o ciudad de residencia (“vecina de…”).  El patrimonio que va a quedar afecto a las resultas de lo que decidan los miembros del grupo en sus relaciones con otros sujetos (individuos o patrimonios separados) tiene que poder ser identificado para poder imputarle los efectos jurídicos (la adquisición de la propiedad de una cosa o de una deuda o un crédito, por ejemplo). En virtud de la denominación los terceros pueden identificar el patrimonio. La denominación tiene, por tanto, una función identificadora (STS 28-XII-1989 y RDGRN 17-III-1995), no una función distintiva (v., con alguna matización, art 311-4. CCcatalán).

La estabilidad de las personas jurídicas

No es extraño que el art. 39 CC se refiera exclusivamente al destino que haya de darse a estos patrimonios cuando, de acuerdo con las reglas de gobierno, “dejasen de funcionar

Por qué el codificador utilizó una expresión tan peculiar merece un examen más detallado.  Marín considera que el Código se expresa “con cierta incorrección técnica” y que el precepto se refiere a las “causas de disolución” pero hablar de “disolución” de una fundación resulta extraño. Se disuelven vínculos, esto es, se terminan contratos de sociedad como se resuelven contratos sinalagmáticos. El codificador se expresó con propiedad porque se refería al fin u objetivo que llevó a constituir el patrimonio separado y, por tanto, a la explotación de dicho patrimonio en aras de la consecución del fin. Tal explotación debe reflejarse en algún tipo de “establecimiento” en el sentido más amplio del término para referirse a la expresión objetiva de la inversión de las aportaciones que han constituido el patrimonio, de modo que es apropiado decir que lo que debe dar lugar a la liquidación y a preocuparnos por el destino de los bienes remanentes, es que el establecimiento que funcionaba gracias al patrimonio “deje de funcionar”.

Un patrimonio es, por naturaleza, estable.

Su estabilidad se la proporciona, precisamente, que la modificación de su composición no equivale a su liquidación, esto es, la adquisición o enajenación de bienes o derechos que componen el patrimonio o la contracción de deudas o la constitución de créditos modifican el patrimonio pero no hacen necesaria su liquidación y reconstitución. El patrimonio sigue siendo el mismo aunque su composición se haya modificado. Sigue siendo el mismo en el sentido de permanencia de las reglas de su gobierno y de reparto: al sustituirse a los “hombres por reglas”, sin embargo, estos patrimonios pueden tener vida eterna o, al menos, indefinida. Lo que genera enormes beneficios sociales pero también enormes costes (eventual amortización de la riqueza, reducción de la movilidad social, falta de innovación…)

El resto de la regulación de las personas jurídicas hace referencia, bien a la constitución, modificación (fusión, escisión…) y extinción de su patrimonio, bien a su gobierno (v., todo el libro III del Código civil catalán). Es decir, se trata de un régimen exclusivamente patrimonial.

No es contradictorio con lo que se acaba de exponer que las personas jurídicas puedan ser tutores. En realidad, es una forma de aumentar la eficiencia de la tutela ya que, al designar a una entidad pública normalmente como tutor, se gana en flexibilidad y especialización en el ejercicio de las facultades y en el cumplimiento de los deberes del tutor.