Por Jesús Alfaro Águila-Real

Planteamiento de la cuestión

Iniciamos una serie sobre la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica. Es aconsejable leer algo sobre la responsabilidad limitada de las personas jurídicas corporativas para introducirse en el tema, antes de abordar el estudio de esta doctrina.

Las sociedades tienen personalidad jurídica independiente de la personalidad de los socios en el sentido de que, a través de la sociedad, los socios crean un patrimonio separado del individual de cada uno de ellos y actúan unificadamente en el tráfico, esto es, como si el grupo fuera un individuo y, por lo tanto, se pueden imputar derechos y obligaciones al patrimonio/grupo unificado. Estos derechos y obligaciones no son, sin más, derechos individuales de los socios.

Decir que el grupo tiene personalidad jurídica significa que el grupo ha generado un patrimonio separado del patrimonio personal de cada uno de los miembros individuales del grupo[1].

Pero esto es una forma de hablar. Es obvio que los derechos y las deudas que forman ese patrimonio separado no dejan de ser derechos y deudas de los socios y, por eso, puede decirse que las personas jurídicas son centros de imputación provisional (o, en otras palabras, centros de distribución de derechos y obligaciones) a diferencia de los individuos que son centros de imputación o atribución definitiva. Son los socios los sujetos pasivos de las deudas sociales y son los socios los titulares de los bienes que integran el activo social. A conclusiones similares se llega desde una concepción contractualista de la personalidad jurídica que se utiliza para explicar el sentido de la responsabilidad limitada. Generalizando esta concepción, puede afirmarse que la utilización de una persona jurídica no sería sino una forma de incorporar al contrato que un grupo celebra uti universi con terceros el Derecho de sociedades aplicable a la personalidad jurídica que les permite actuar conjuntamente. Cuando la persona jurídica titular del patrimonio separado tiene estructura corporativa y goza de responsabilidad limitada, la separación se convierte en aislamiento, esto es, incomunicación entre el patrimonio separado y el patrimonio personal de los socios.

En este contexto, “levantar el velo” de la persona jurídica significa, en términos técnicos,

prescindir o inaplicar el principio de separación entre el patrimonio de la  persona jurídica y el de sus miembros,

bien imputando a los miembros conductas realizadas por la persona jurídica, bien extendiendo a los miembros la responsabilidad por actos realizados por la persona jurídica. Hay, pues, casos de

  • imputación donde lo que sucede es que la ley o el juez identifican limitadamente a la persona jurídica con los sujetos titulares de la misma (en ambos sentidos) y supuestos de
  • extensión de responsabilidad a los socios o casos en los que, a pesar de que no existe relación jurídica directa entre un tercero y los socios de la sociedad, se hace responsables a éstos frente a aquél. 

Casos de imputación

En los casos de imputación, de lo que se trata es de determinar, en cada caso, si la aplicación de una norma -a los socios- debe verse modificada -especializada- en mayor o menor medida por el hecho de que los socios actuasen -conjuntamente- a través de una persona jurídica-sociedad.

Por lo tanto, la solución correcta de los problemas no pasa por ignorar la personalidad jurídica, sino por analizar correctamente la ratio de la norma que se pretende aplicar y aplicarla a los socios teniendo en cuenta las normas que regulan la personalidad jurídica (Derecho de sociedades). De esta forma pueden alcanzarse resultados que hagan compatible la seguridad jurídica con la protección de los intereses del tráfico y de las exigencias de la justicia material. A este grupo pertenecen los casos en los que se imputa a la sociedad el conocimiento de una información cuando ésta era conocida por el socio dominante o el socio administrador[2] o cuando se imputa al socio el incumplimiento de un contrato con un tercero aunque, formalmente, ha sido la sociedad la que lo ha incumplido.

Por ejemplo, si Ticio vende una empresa a Cayo comprometiéndose Ticio a abstenerse de competir con la empresa vendida, es decir, a abstenerse de actuar económicamente en el ramo de la empresa vendida, Ticio incumple tal deber de no competencia si crea una Sociedad Anónima (sólo o con otros) que se dedica a la misma actividad que la empresa vendida[3]. Obsérvese que a efectos de la aplicación de la cláusula contractual de no competencia, el Derecho de sociedades no altera la imputación final de la obligación de no competir que pesa sobre Ticio.

Sin embargo, parece claro que A no incumple el contrato de compraventa si se limita a adquirir en bolsa algunas acciones de una sociedad que se dedica al mismo objeto social que la vendida. El ejemplo demuestra que lo relevante no es que Ticio sea socio de una sociedad que se dedica al mismo objeto social, sino que lo relevante, es decir, la ratio de la regla contractual que prohíbe al vendedor hacer competencia a la sociedad, es que Ticio se dedique (directamente o por medio de persona interpuesta incluyendo una persona jurídica) a la actividad que constituye el objeto social de la empresa vendida. Por tanto, Ticio habría incumplido igualmente el pacto de no competencia  si se dedicara al mismo ramo de actividad utilizando – no una sociedad anónima sino – a su cónyuge como persona interpuesta.

Desde esta perspectiva, esto es, examinar la ratio de la norma que se pretende aplicar a los socios o a la sociedad, se explican adecuadamente muchos otros supuestos de aplicación de esta doctrina. Así, en muchos casos de imputación a la sociedad matriz de la conducta o el conocimiento de la sociedad filial o viceversa, en realidad, lo que sucede es que la norma que se trata de aplicar exige la separación económica como elemento de su supuesto de hecho, de forma que, si matriz y filial no están separadas económicamente (porque sus intereses son idénticos) no puede aplicarse la norma. Así, por ejemplo, a efectos del Derecho cambiario, la filial no podrá considerarse como un tercero cambiario si es su matriz la que le transmite la letra.

En sentido contrario -imputación beneficiosa- los acuerdos restrictivos de la competencia entre empresas pertenecientes al mismo grupo no son ilegales (art. 1 LDC) y, también dentro del ámbito del Derecho de la Competencia, cuando la que participa en un cártel es una sociedad filial de otra, la imputada será, normalmente, la filial. La matriz no debería ser imputada por el mero hecho de serlo aunque ser filial al 100 % es un indicio de la influencia de la matriz sobre la filial.

En otros casos, la imputación al socio se produce porque una persona jurídica no puede cumplir el supuesto de hecho de la norma que se trata de aplicar porque las personas jurídicas carecen de las cualidades relevantes, por ejemplo, haber cometido un delito de homicidio. Por fin, en otros, los supuestos de hecho de las normas “suman” elementos que se encuentran distribuidos entre dos personas jurídicas o entre la persona jurídica y los socios.  En definitiva, el fundamento de la imputación (a los socios de la persona jurídica) se encuentra, bien en principios generales como la responsabilidad por apariencia o la igualdad de trato, bien en normas legales concretas que determinan su ámbito de aplicación atendiendo a las particulares circunstancias de las personas jurídicas.

  • Así, en la STS 25-X-1997, Ar 7359, la norma que debía aplicarse era la del artículo 76 LCS que concede a la víctima de una acción dañosa una acción directa contra la aseguradora del dañante. En el caso, Ticio tenía asegurada la responsabilidad civil que pudiera derivarse de su actividad industrial. Se incendió su fábrica y, en el incendio, se destruyeron dos máquinas que no eran de titularidad directa del Ticio sino titularidad de una sociedad X SA de la que Ticio era socio mayoritario. La SA X ejerció la “acción directa” del artículo 76 LCS y el Tribunal Supremo le negó legitimación activa considerando que a los efectos del artículo 76 LCS, la sociedad anónima no tenía la condición de tercero. La solución es correcta porque la finalidad de la norma del artículo 76 LCS (asegurar el cobro de la indemnización a los terceros – víctimas de accidentes) impide considerar tercero a una persona jurídica controlada por el asegurado.
  • Otro ejemplo puede extraerse de la STS 15-VII-1986. A y B abren una cuenta corriente en un banco bajo una denominación idéntica a la de una SA de la que eran los únicos socios y administradores. C, empleado de la SA con autorización para disponer de fondos, extrae fondos de la cuenta. La SA demanda al banco y exige la restitución de los fondos extraídos por C. El TS absuelve al banco. La norma aplicable es el art. 1164 CC. El señor C en cuanto empleado con poder de la SA era un acreedor aparente frente al banco y respecto del crédito resultante de la cuenta corriente abierta por A y B. Estos crearon de manera imputable (la sentencia habla de “incidencia más o menos culposa” y más adelante de que su conducta fue coadyuvante “a la producción del resultado pretendidamente dañoso” y de que las relaciones duraron más de cinco años) la apariencia de que el señor C podía extraer fondos en cuanto empleado de la sociedad anónima cuya denominación y domicilio social coincidían con el de la cuenta. Se trata, pues, de un caso de aplicación de las normas sobre el acreedor aparente y sobre el poder tolerado. Otro caso -más simple- de imputación es el de la STS 13-XII-1996 (Ar. 9016) en el que un individuo encarga vender unos inmuebles a un comisionista realizándose efectivamente la venta pero actuando como vendedor, no la persona física que hizo el encargo, sino una persona jurídica distinta pero vinculada al comitente. El Tribunal Supremo ordena a la persona jurídica pagar la comisión prometida.
  • La STS 14-X-2010 desestima el recurso de casación interpuesto por un acreedor cuyo deudor alegó que ya había pagado lo debido y que lo había hecho a sociedades distintas del demandante pero cuyo patrimonio estaba confundido con el del demandante aunque no incluía en su demanda una alegación expresa de la doctrina del “levantamiento del velo”. La Sentencia es un buen ejemplo de la falta de autonomía de la doctrina del levantamiento del velo, que no es más que una forma de “resumir” el razonamiento que lleva a aplicar determinadas normas (en el caso, la regla del Código civil según la cual el pago hecho al acreedor extingue las obligaciones art. 1156  CC). Lo que el demandado alegó es que ya había pagado y el demandante, que si lo había hecho, lo había hecho a alguien que no era el acreedor.

Las consecuencias jurídicas no son siempre la identificación entre la persona jurídica y las personas físicas titulares de ésta. La consecuencia dependerá de la norma de la que resulte la imputación.

Casos de extensión de la responsabilidad 

El segundo grupo  -extensión de la responsabilidad–  puede concretarse de acuerdo con los siguientes criterios.

En relación con los acreedores contractuales no hay dificultad dogmática alguna para limitar la aplicación del principio de separación entre la sociedad y los socios sobre la base de las exigencias de los arts. 7 y 1258 CC que impiden a los socios alegar la limitación de responsabilidad (o las normas del Derecho de sociedades) frente a acreedores contractuales cuando tal alegación resulte contraria a las exigencias de la buena fe (abuso de derecho, actos propios, responsabilidad por apariencia) además de los grupos de casos que se examinaron al analizar la llamada acción individual de responsabilidad.

En particular, la alegación de la responsabilidad limitada resulta contraria a la buena fe frente a acreedores contractuales, en dos casos.

  • En primer lugar, cuando el socio o el administrador hayan inducido a error a los terceros respecto a la solvencia de la sociedad de cualquier modo[4].
  • En segundo lugar, cuando pueda deducirse de la apariencia creada por los socios o de las circunstancias que rodean la celebración o ejecución del contrato que ambas partes estaban “derogando” implícitamente la cláusula de limitación de responsabilidad (o cualquier otra norma del Derecho de sociedades). Como se ve, la norma aplicable aquí es la que exige a los contratantes comportarse de buena fe en la celebración del contrato excluyendo comportamientos que induzcan a error (arts. 1263 ss CC). En términos económicos, puede “levantarse el velo” siempre que los deudores/socios hayan elevado los costes para los acreedores de averiguar la solvencia de la sociedad, haciéndoles creer que disponía de más activos de los que jurídicamente eran de titularidad de la sociedad o que el socio era el deudor.

Además de estos dos criterios, de forma indirecta y por aplicación de las reglas generales, puede afirmarse la responsabilidad del socio mayoritario cuando con su conducta haya causado daños o “impuesto” conductas a la sociedad deudora que impidan a ésta satisfacer sus deudas a los acreedores. En tales casos, no hay razón para no permitir a los acreedores dirigirse directamente contra el socio dominante[5].

Esto es lo que se afirma en la STS 22-II-2007 donde un acreedor insatisfecho logra que se haga responder del pago de su crédito contra una sociedad a los socios de la misma que se adjudicaron los pisos y locales que constituían el patrimonio social y a cuya construcción sirvió la prestación del acreedor. 

En relación con los acreedores extracontractuales, el problema no se plantea en idénticos términos que en relación con los acreedores contractuales. Básicamente porque si los socios o los administradores de una sociedad responden personalmente frente a un tercero al que se han causado daños por los administradores o los empleados de la sociedad en el ejercicio de sus funciones (la sociedad no puede causar daños) es una cuestión que se decide de acuerdo con las reglas generales de la responsabilidad civil (art. 1902 ss CC). Frecuentemente serán responsables los socios o los administradores por aplicación del art. 1903 o porque les sea imputable personalmente (o por su posición de garante) el daño causado al tercero. En general, debe afirmarse la responsabilidad de los socios por los daños causados a terceros no contratantes (levantarse el velo) cuando, atendiendo a las circunstancias, un empresario diligente y honrado habría asegurado la responsabilidad frente a terceros por los daños causados por sus actividades empresariales. Fundamentalmente porque hubiera organizado su empresa de forma que haya hecho más probable la irresponsabilidad frente a las víctimas de daños causados por la empresa. Dos ejemplos de este tipo.

  • En primer lugar, el famoso ejemplo norteamericano de la sociedad que era propietaria de cincuenta taxis y se dividió en cincuenta sociedades cada una de las cuales era propietaria de un taxi para limitar la responsabilidad frente a posibles víctimas de accidentes al valor de un sólo taxi. En tal caso, y teniendo en cuenta la probabilidad de accidentes en la actividad empresarial del taxi, el seguro de responsabilidad civil parece una exigencia de cualquier empresario diligente por lo que puede imputarse responsabilidad ilimitada al empresario si los daños superan el valor de los activos de cada una de las cincuenta compañías.
  • En segundo lugar, debe hacerse referencia a los casos alemanes de la “doble sociedad” en los que un empresario crea dos sociedades para desarrollar su actividad concentrando la actividad industrial o comercial en una de ellas y, por tanto, las deudas, y transfiriendo sistemáticamente los ingresos de dicha actividad a otra sociedad (STS 18-IV-2001, AC 2001/831).

Al margen, la doctrina del levantamiento del velo se utiliza como un atajo para alcanzar las soluciones que se derivan de la aplicación de normas de supuesto de hecho más complejo. En general, todos los casos en los que el demandado realiza transacciones en las que intervienen personas jurídicas, de lo que se acusa a aquél es de haber defraudado derechos de acreedores. Los instrumentos formalmente adecuados para impedir la validez de tales transacciones son, sin embargo, complejos de aplicar (acción pauliana, simulación contractual, autocontratación…) de manera que, siempre que pueda mostrarse que están presentes todos los elementos del supuesto de hecho de aplicación de estas normas, no hay inconveniente en acudir a un atajo como el de la doctrina del levantamiento del velo.

La segunda parte puede verse aquí


[1] V., un resumen reciente de la discusión en J. NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales: su oposición a la sociedad, Madrid 2012, p 19 ss. [2] V., STS 28-V-1984, Ar. 2800, comentada por F. PANTALEÓN en CCJC 1984, p 1171. [3] V. SAP Barcelona, 28-VI-1989, RGD 1989, p 8303; STS 12-II-1993, Ar. 763, com. RGD 1993, p 11970 por T. Vázquez Lepinete); SAP Castellón 1-IX-2004, Westlaw JUR 2005/1235: “el afianzamiento prestado por los Sres. Jose Daniel – Estela (directamente o través de Cervi-Gestión S.L.) fue un negocio… en el que la finalidad realmente perseguida era, no garantizar por amistad las operaciones de un tercero, sino la constitución, dirección y compra del capital social de la mercantil Equipe Cerámica S.L., si bien aplazando en el tiempo la efectiva adquisición de sus participaciones sociales hasta que expirara el pacto de no competencia suscrito en el contrato de compraventa de participaciones sociales de Vila Rodríguez Gestión S.L. el día 18.05.1998”. [4] Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, “Limited Liability and the Corporation” 52 U. Chi. L. Rev. 89, 112 (1985), [5] Como dice la jurisprudencia norteamericana, son casos (In  Hystro Products, Inc.  v. MNP Corp., 18 F.3d 1383, 1390 (7th Cir.Nos. 12-1351, 12-14303 1994)) en los que, si no se extendiera la imputación a los socios, se estaría enriqueciendo injustamente a una de las partes de un contrato o se permitiría a la sociedad matriz, que generó la responsabilidad de la filial y fue la causa de la incapacidad de la filial para cumplir con esas obligaciones, escaper a su responsabilidad o se permitiría a los antiguos socios ignorer sus obligaciones o aceptar las operaciones de ingeniería societaria “to keep assets in a liability-free corporation while  placing liabilities  in an asset-free corporation.”