Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz

 

1. ¿Cuántos muertos lleva el Covid en España? Según los Hunos, no más de 33.000, dicho sea en números redondos. Pero, como se ocupan de recordar los Hotros, con el método de comparación con 2019 salen 58.000 largos (los simbólicos 53.000 se han quedado atrás), de suerte que hablar sólo de 33.000 es incurrir en un error y, por supuesto, un error interesado: se trata de maquillar el descomunal alcance del desastre.

¿Cuántos contagios hay en Madrid -la capital y los municipios colindantes en peor situación- por cada 100.000 habitantes? Las cifras de los Hunos y de los Hotros vuelven a no coincidir, aunque ahora los papeles se invierten: son estos segundos los que ofrecen los resultados menores. Los menos malos, si se prefiere decir de esa manera.

Hablo de Hunos y de Hotros para referirme a los grupos humanos que en cada momento ocupan y colonizan las instituciones y no de estas últimas -Presidencia del Gobierno, Comunidad de Madrid, …-, que en España carecen de vida propia: así es en cada momento la persona del capitán de la nave, así pasa a ser la nave misma.

 

2. Desde siempre se ha dicho que administrar -y en última también gobernar, entendido en su sentido menos innoble y por tanto, ay, más irreal- consiste esencialmente en saber leer las estadísticas. Ahora, cuando hemos llegado al estadio del big data y los algoritmos de la clase de los predictivos, todo resulta aún más de cajón. Hace falta fijarse en unos indicadores muy concretos y, dentro de cada uno de ellos, establecer umbrales. El libro “La regulación de los algoritmos”, dirigido por Alejandro Huergo Lora, Catedrático de Oviedo, se dedica precisamente a estudiar esas cosas desde el punto de vista de nuestro oficio de juristas y más aún de administrativistas. Bienvenido sea y enhorabuena a los autores.

 

3. Pongamos el foco en el Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responde ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2. En su Preámbulo afirma lo siguiente:

“(…) resulta especialmente urgente implementar las medidas necesarias para controlar la transmisión en los municipios de más de 100.000 habitantes que cumplan los siguientes criterios:

a) Que el municipio presente una incidencia acumulada por fecha de diagnóstico en los últimos catorce días de 500 casos o más por cada 100.000 habitantes (medida hasta cinco días antes de su fecha de valoración) en base a la información que se notifica al Sistema para la Vigilancia en España (SIVIES) (…).

b) Que el municipio presente una positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas por infección activa por COVID-19 realizados en las dos semanas previas superior al 10%.

c) Que la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas por pacientes COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 35% de la dotación habitual”.

Son los parámetros ya conocidos y que están elaborados para algo tan necesario como objetivar las cosas. Pero eso no significa que los criterios seleccionados resulten indiscutibles. Para empezar, porque el mapa que se emplea es el de los municipios    -en los epígrafes a) y b)-, que hace tiempo que se corresponde a la realidad demográfica -se ha quedado anticuado-, y además se deja al margen a los de menos de 100.000 habitantes, quizás pensando en que en estos últimos se usa menos transporte público, que es donde se encuentra la fuente mayor de los contagios. Al fondo de todo, el autor del texto parece tener en la cabeza algo tan conocido como la constante de Marchetti, pero lo cierto es que la movilidad se produce -en el caso de Madrid, desde luego- en las áreas metropolitanas, de la que, siempre en este concreto caso, forman parte, por ejemplo, Las Rozas (95.550 habitantes en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística) o San Sebastián de los Reyes (87.724), que por tanto se quedan fuera del foco regulatorio. Y eso sin contar con que se trata de dos municipios con importantes zonas industriales o comerciales, donde acude a diario gente que viene de otros lugares. No estamos ante burbujas, que pudieran verse aisladamente.

De los indicadores epidemiológicos, que son dos, el primero consiste en efecto en la incidencia acumulada de contagios en esos municipios de más de 100.000 habitantes. El parámetro se define con factores cronológicos -catorce y cinco días, como se ha visto: punto crucial- que tampoco resultan obvios y que, en cualquier caso, terminan conduciendo a un umbral -500 contagios por cada 100.000- que tampoco es el único de los posibles. Muchos piensan que resulta demasiado elevado: habría debido establecerse en 250 como mucho, aunque de momento es el que es.

El segundo indicador epidemiológico que se ha concretado es el porcentaje de positividad en las pruebas practicadas (sin discriminar entre sus clases, PCR, antígenos, u otros, pero no es ese el debate). Una vez más, no estamos ante algo arbitrario pero eso no significa que no quepan alternativas, como por ejemplo las que consistieran en exigir un número mínimo de pruebas. Quedarse en un porcentaje resulta siempre engañoso y se muestra de fácil sorteo, porque basta no hacer prueba alguna para no incurrir en la situación que se pretende combatir. El 10 por ciento de cero es cero. Y el 99 por ciento también.

Y finalmente está el tercer indicador, que ya no es epidemiológico, sino asistencial: el porcentaje -otra vez un cociente, aunque ahora referido a la Comunidad Autónoma- de camas UCI ocupadas. Cabe reiterar lo dicho: no se trata de un criterio irrazonable ni menos aún disparatado, aunque hay quien ha señalado, no sin razón, que se habrían podido añadido otros, no tan tardíos, como los relativos a la atención primaria. Si lo correcto es actuar pronto, esperar a un momento tan crítico (y no siempre reversible) como cuando el enfermo entra en la UCI no constituye precisamente un modelo de diligencia, sobre todo si -no es lo mismo tener una edad que otra: ¡juventud, divino tesoro!- estamos ante gente mayor.

Son por tanto tres cosas: 500 contagios por 100.000 habitantes, 10 por ciento de positividad en los tests y 35% de ocupación en hospitales. Es algo menos imprevisible -más científico, si se quiere- que el ojo clínico del típico médico veterano, pero que tampoco se trata de un dogma de fe.

En fin, no hará falta decir que esos tres números -a), b) y c)- no pueden constituir uno de los arcana imperii: bien al contrario, hace falta luz y taquígrafos. Transparencia a tope:

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”:

son las palabras literales del Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todo muy bonito.

Y otra cosa: el estado de alarma declarado el 9 de octubre se va a extender por dos semanas, porque las cosas se toman su tiempo para mejorar.

 

4. Pero demos ahora por zanjadas esas discusiones -lo mejor es enemigo de lo bueno- y pensemos en lo que se encuentra a la base de todo: una estadística buena y fiable (es decir, actualizada día a día) a los ojos de cualquiera, o sea, no manipulada por los intereses políticos de los Hunos o los Hotros. Eso requeriría una Administración no sólo sofisticada, que por supuesto, sino verdaderamente independiente y en manos de gente despolitizada, con la consecuencia -un ideal quizá irrealizable, porque ni tan siquiera las matemáticas tampoco son el reino de lo inequívoco: recuérdese la contabilidad creativa para que el déficit público terminara saliendo en la foto menos feo de lo que en realidad es- de que, si acaso se suscitasen discrepancias, no siempre tuvieran que obedecer a lo que en cada momento conviene al político que está elaborando el correspondiente discurso.

Valga una referencia comparativa: no se antoja del todo incorrecto que las encuestas electorales del CIS tengan su cocina, pero lo sospechoso está en que el resultado acaba indefectiblemente siendo casero, como muchos de los árbitros del fútbol.

Es eso lo que deslegitima (de manera bastante burda, dicho sea de paso: hay que guardar mejor las formas) a todo el tinglado. Al que hoy tenemos -los tres criterios del Real Decreto: los dos epidemiológicos y el asistencial- o a cualquier otro que se nos pudiera ocurrir para mejorarlo. La Constitución ha optado, sí, por un Estado de partidos (Art. 6), pero también -Art. 103.1- por una Administración que sirve con objetividad los intereses generales. Y la realidad es que, entre esos dos polos, que se encuentran en una áspera tensión, la resultante fáctica está muy vencida del primero de ellos. De otra suerte, el debate político, que siempre podría y debería existir, se limitaría a discutir las medidas a adoptar -si más salud, más economía o, como está sucediendo, ninguna de las dos cosas: por no identificar cuál es el mal menor estamos dañándolo todo, que suele ser la consecuencia de imitar al asno de Buridán en la irresolución-, pero sin el espectáculo de ver que cada quien empieza por tener sus propios números. No resulta fácil elegir alternativas cuando los Hunos y los Hotros se obstinan en no partir (interesadamente, se insiste: ahí está el problema) de lo que son hechos. Los hechos sin sectarismo. Lo que en este caso equivale a algo tan seco y aséptico como los números. No hace falta recordar lo que dijo hace más de un siglo Lord Kelvin, uno de los padres de la termodinámica: si no puedes medir, no puedes conocer; y si no puedes conocer, no puedes mejorar. Y eso que aún no estábamos en la época del big data.

Suele decirse que en las guerras, la primera víctima es la verdad. Por lo que estamos viendo, no hace falta llegar a la situación bélica para que la veracidad deje de existir.

Claro que, para que los políticos no pudiesen desplegar las fullerías que les resultan proverbiales, haría falta que los datos -los que fuesen- presentaran el máximo umbral de calidad y eso aquí no sucede, seguramente porque no le interesa ni a los Hunos ni a los Hotros: en eso debe consistir la famosa cogobernanza, que por cierto tiene bemoles el palabro. Para empezar, sucede que los domingos el Ministerio no actualiza los números, pese a haberse denunciado en un artículo científico en “The Lancet” el 10 de octubre, “La necesidad de datos detallados de Covid 19 en España”. Y, para más inri, lo que se publica de lunes a sábado tampoco alcanza el mínimo minimorum: los autores piden que esa información diaria (y de acceso público) descienda al detalle de incluir el número de pruebas realizadas, los contagios, las hospitalizaciones, los ingresos en una UCI, las recuperaciones y los fallecimientos, incluyendo por supuesto las correcciones que entre tanto se hayan mostrado necesarias en las series retrospectivas en curso.

Y, además -por pedir que no quede- en el artículo se demanda que cada una de esas variables se ofrezca desagregada por edad, sexo y -por supuesto- municipio. Y es que “los datos precisos y detallados son esenciales para comprender la pandemia y orientar las políticas”. Y también para otra cosa: para que, cuando lleguen unas elecciones, el votante tenga (aparte de su identificación ideológica o, al contrario, sus desafectos irreconciliables) elementos de juicio para discernir qué papeleta colocar en la urna. Si desde fuera muchos nos ven como un Estado fallido es, entre otras cosas, por la manera en que no castigamos –“son los míos”- lo que desde Lorenzetti se llama el mal gobierno.

 

5. El ABC del 14 de octubre -un día como cualquier otro-, en su columna “Baile de cifras y dos discursos enfrentados”, recoge el parte de la jornada anterior con respecto a las cifras de la región capitalina. Los Hunos: “Sanidad cree que hay un retraso de notificación (de los nuevos contagios) entre 5 y 7 días o incluso de 7 u 8, por lo que los valores que reflejan en los últimos días no dan una imagen fidedigna del estado del territorio”. Para más escarnio, se practican menos PCR: “La semana del 2 al 8 de octubre se han hecho 92.261 pruebas, un 40 menos que la semana anterior (154.000)”. Los Hotros: “Preguntado por el baile de cifras entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central, Ruiz Escudero defendió que los datos que vuelca la Comunidad son elaborados y contrastados por los técnicos de Salud Pública y del Sermas, siempre en base a la misma metodología”. Hunos y hotros se muestran firmes en su trinchera. Impasible el ademán, prietas las filas, febril la mirada.

Como en la guerra civil castellana que terminó dando lugar a la batalla de Montiel de 1369. País incorregible.

 

6. Regeneración y modernización son dos retos de la sociedad española -y de la Administración, en lo que ahora nos concierne- desde tiempo inmemorial. Al menos, desde el reformismo del siglo XVIII, con Jovellanos -otro asturiano, como Huergo, el autor principal del libro que ha dado lugar a estas líneas- a la cabeza, cuando no, aunque con otras palabras, desde el barroco. Pero entre nosotros las manos muertas -empleo una palabra del conocido “Informe sobre la Ley agraria”– exhiben una enorme capacidad de resistir y, si hace falta, reinventarse. La gente a veces ofrece síntomas de querer librarse de ellas y prosperar, pero son espejismos: en el fondo, lo que tenemos no nos parece tan mal. Nos reconocemos en esas trapacerías. En ese contexto, puede ocurrir que gobernar con algoritmos -en teoría, el ideal de eliminar toda arbitrariedad- se vea condenado a no cambiar las cosas o incluso puede acabarlas empeorando.

Claro que, si queremos un consuelo -pobre consuelo, ciertamente-, ahora sí lo encontramos. Spain is (no more) different. La cocción de las habas ha dejado de ser monopolio de la renombrada gastronomía española. La igualdad se alcanza siempre por el rasero más bajo. Cuando uno ve cómo toma sus decisiones la presidencia de los Estados de América…


@thefromthetree

Mirada 360