Por Benito Arruñada

 

En los últimos tiempos me parece observar en España una progresiva erosión de la seguridad jurídica, la cual estaría asociada, principalmente, a los siguientes fenómenos:

  1. Los derechos de propiedad sufren una desprotección creciente, derivada de cambios legales y sentencias que exceden los criterios de razonabilidad de la Unión Europea y los acuerdos sobre inversiones transnacionales, o que subvierten la propiedad privada para suplir sin coste para el erario las carencias de las políticas públicas (como sucede, por ejemplo, con los desahucios).
  2. La contratación privada padece dificultades para dotarse de mecanismos de autorregulación y arbitraje en la medida en que la Justicia tiende a excederse en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Al entrar a valorar todo tipo de asuntos, la Justicia no sólo dificulta la ordenación privada de las relaciones económicas sino que perjudica su propio funcionamiento, pues acaba asumiendo funciones para las que no goza de ventaja comparativa (una situación frecuente en materia de consumo).
  3. La legislación sufre simultáneamente: (a) un exceso de reglas imperativas, muchas de las cuales son innecesarias porque no responden a fallos genuinos de la contratación libre; (b) un déficit de reglas dispositivas (que se incorporan tácitamente o por voluntad de las partes a los contratos), que ayudarían a reducir los costes contractuales, pues proporcionan soluciones estandarizadas y razonables para las situaciones más comunes; y (c) una decreciente calidad técnica de las leyes, que tienden, además, a multiplicarse sin necesidad y a cambiar con suma rapidez y de manera inesperada.
  4. En el funcionamiento de los tribunales de justicia se suele criticar su lentitud pero su fallo más grave parece residir en la baja calidad e imprevisibilidad de muchas sentencias. Motivadas por un deseo de proteger a la parte “débil” de contratos existentes, redistribuyendo recursos su favor, algunas de estas sentencias ponen en peligro la posibilidad de que se suscriban contratos similares en el futuro, al endurecer las condiciones a las que se enfrentarán individuos con características similares a aquellos a los que pretenden proteger.

Estas son las conclusiones principales de mi reciente trabajo sobre “La seguridad jurídica en España” que acaba de publicar la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y en el que, tras analizar por qué dicha seguridad jurídica tiene una importancia capital para el buen funcionamiento de la economía, exploro la preocupante situación española en este ámbito, situación que ha venido a agravar notablemente la pandemia actualmente en curso.

La primera parte del trabajo proporciona una introducción sencilla y fácilmente accesible al análisis económico del derecho, con un apartado dedicado al derecho de propiedad y un tratamiento más exhaustivo de la contratación. Dedica atención preferente a las diferentes funciones que desempeñan las reglas dispositivas e imperativas, así como a explorar el papel de la Justicia, entrando a discutir cómo contribuye al funcionamiento de la economía y por qué motivos alcanza mayor o menor eficacia en esa tarea.

En esencia, las instituciones legales y judiciales juegan un papel central en el funcionamiento de una economía de mercado porque canalizan las energías de los agentes económicos hacia actividades productivas, alejándolos de las extractivas: los orientan a crear valor en vez de a apropiarse de recursos ajenos. Para logarlo, las instituciones deben proteger los derechos de propiedad y facilitar las transacciones económicas. Una herramienta esencial en este ámbito son los contratos privados. Es clave que el sistema legal reduzca al mínimo sus costes de negociación, establezca mecanismos efectivos para resolver conflictos y asegure que los contratantes cumplen sus obligaciones. Tanto la legislación y la jurisprudencia, por un lado, como los tribunales de justicia, por otro, lo consiguen cuando contribuyen a “completar” los contratos privados ante circunstancias no previstas expresamente en ellos, así como cuando aseguran su cumplimiento. Sin embargo, como toda criatura humana, tanto la legislación como la Justicia suelen incurrir en fallos que no solo dañan a los contratantes actuales sino que perjudican la contratación futura. Cuando estos fallos son graves, perjudican de forma notable la evolución de la economía y el bienestar general de la sociedad.

Partiendo de esta base teórica y con el auxilio de casos reales que incluyen desde la vigente Ley de costas y la reciente ola de ocupación de viviendas a las licencias de apertura o algunas de las principales sentencias sobre préstamos hipotecarios, el trabajo propone una discusión muy abierta de la situación española en este campo.

Conviene subrayar que las conclusiones del trabajo —esbozadas al inicio de este post— tienen carácter tentativo y sólo buscan perfilar con alguna claridad un marco de referencia en el que anclar el análisis y desde el cual, idealmente, diagnosticar la situación y delinear reformas que contribuyan a mejorarla. Habiendo preparado el trabajo con esta finalidad dialéctica, solicito y quedo a la espera no sólo de comentarios y críticas a su contenido, sino de sugerencias sobre cómo favorecer esa discusión, tanto dentro como fuera de la academia y tanto en el ámbito jurídico como en el económico.


El documento completo se puede descargar desde el portal de FEDEA: Arruñada, B. (2020). “La seguridad jurídica en España.” FEDEA, Estudios sobre la economía española no. 2020-26, Madrid.

Mirada 360