Por Alexis Carré

La nueva retórica de la izquierda es desconcertante. Desde las asambleas generales prohibidas o los monos blancos en Tolbiac, hasta las manifestaciones contra el “racismo de Estado” del movimiento Justicia para Adama, las movilizaciones sociales están cada vez más teñidas del color de identidad, como si el mundo común ya no tuviera otro uso para activistas que no sea la expresión de su particularidad. Este nuevo lenguaje político, que apareció en los Estados Unidos, no se limitó a los grupos más marginales; por el contrario, impregna profundamente el funcionamiento del Partido Demócráta. A pesar de que la política de segmentación electoral de este último inspiró a sus homólogos en toda Europa, los intelectuales progresistas estadounidenses, Mark Lilla, William Galston y Yascha Mounk, lo acusaron de estar en origen de las dificultades de su familia política y de haber contribuido al surgimiento de un populismo de resentimiento. Las transformaciones políticas a las que se oponen son, y serán cada vez más, parte de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es más importante que nunca ver cómo la situación estadounidense está iluminando nuestro futuro político para que podamos protegernos de los peligros que conlleva.

Esta nueva forma de activismo surgió por primera vez en los campus universitarios, donde produjo una generación de activistas (peyorativamente denominados Guerreros de la Justicia Social) que estaban menos preocupados por el ejercicio del poder que por criticar la opresión y defender a las minorías oprimidas. Sin embargo, su fuerza movilizadora se fue convirtiendo poco a poco en un objeto de deseo para los dirigentes democráticos que se enfrentaban a la pérdida de influencia de las organizaciones profesionales que tradicionalmente les apoyaban. Por esta razón, más allá de las teorías de Michel Foucault, Judith Butler o Kimberlé Crenshaw, que están en el origen de este movimiento, el “progresismo identitario” también ha generado una estrategia electoral concreta, cuya ilustración en Francia fue el famoso informe Terra Nova de 2011. En este documento, Olivier Ferrand constata la erosión del apoyo de las clases trabajadoras al Partido Socialista e invita a este último a reconstituir una mayoría mediante la agregación de los segmentos electorales minoritarios reunidos en torno a las cuestiones de identidad y de sociedad (multiculturalismo, matrimonio entre homosexuales, derechos de la mujer, etc.).

Lo que esta miríada de movimientos asociativos ofreció a los partidos progresistas fue, en efecto, un relevo de transmisión que permitió transformar las reivindicaciones identitarias de comunidades específicas en el apoyo a un programa gubernamental que garantiza por separado cada uno de estos intereses distintos. El sueño de una coalición arco iris encontró poca resistencia de los líderes democráticos, o de sus colegas europeos, ya que parecía tener solo ventajas. Esos grupos comunitarios, caracterizados por el activismo de base, permitieron a los partidos políticos salvar lo que podían sentir que era una brecha de representación. También se referían a nichos electorales (homosexuales, inmigrantes recientes, etc.) que eran menos propensos a ser cuestionados por sus oponentes. Y, por último, aunque el socialismo como doctrina económica había perdido gran parte de su capacidad de movilización, estos movimientos eran la única fuerza nueva y conquistadora en un panorama político de rutinas desalentadoras y de consenso.

 

Politización universitaria y fortalecimiento comunitario

 

Sin embargo, el apoyo de este electorado ya no se basaba en las expectativas e intereses colectivos de una clase social — que aspiraba a organizar el trabajo y distribuir sus productos — sino que reflejaba la indignación de los grupos formados en torno a una identidad racial o de género, sintiéndose víctimas de un sistema de dominación, al que pretendían resistirse y que finalmente deseaban destruir. Desafiando el proceso electoral y sus compromisos, esta izquierda, nacida de la contracultura de los años sesenta y ochenta, se refugió primero en las universidades en un momento en que la derecha estadounidense, con Reagan, logró asestar un golpe fatal a los equilibrios de la socialdemocracia de posguerra. Su enfoque ya no era conquistar el poder — lo que habría significado obtener el consentimiento de sus conciudadanos en un momento en que estos últimos se alejaban decididamente de sus luchas — sino convertir a sus ideas a aquellos que, por su curso, pronto pasarían a formar parte de la clase dirigente. Solo en una segunda fase esta política de entrismo, hegemonía cultural y politización de la enseñanza superior pudo cristalizar en un conjunto de compromisos metapolíticos de construcción de la comunidad [community building], destinados, a través del vector de las identidades, a politizar ciertos márgenes de la sociedad en torno a la reivindicación de derechos específicos.

La historia del concepto de “consentimiento entusiasta” ilustra particularmente bien esta estrategia. La idea, cada vez más popular en los círculos feministas, de que todo contacto sexual debe ir precedido en sus diversas etapas por un “consentimiento verbal entusiasta y explícito” fue articulada por primera vez en 1990 por un grupo de estudiantes femeninas del Antioch College de Ohio. El documento resultante, la Política de Prevención de Delitos Sexuales, fue el hazmerreír de todo el país en el momento de su publicación. Más tarde, en el decenio de 1990, una serie de demandas contra instituciones de enseñanza superior en casos de acoso sexual entre estudiantes llevó al Tribunal Supremo a ampliar la responsabilidad de las instituciones de abstenerse de discriminar a los estudiantes por motivos de género en el acceso a la educación (conocido como Título IX) a los casos de acoso y agresión sexual. Una carta de 2011 de la administración de Obama, estableciendo las condiciones para esta extensión, llevó a la creación de oficinas de Título IX dentro de las universidades. Por temor a demandas por responsabilidad, se ha alentado a estas nuevas oficinas a que sean cada vez más restrictivas en la definición de los límites del consentimiento. Como investigadores internos, ahora pueden emitir sanciones disciplinarias sobre la base de su propia definición de acoso o agresión sexual. Esas medidas pueden afectar gravemente a la vida de los estudiantes afectados, incluso en los casos en que es poco probable que el sistema judicial tradicional reúna pruebas suficientes para enjuiciarlos. Partiendo de un problema legítimo, las organizaciones feministas han terminado por imponer la creación de una forma paralela de justicia al servicio de su concepción de las relaciones de género. Por efecto capilar, esta toma de poder en los campus ha producido cámaras de eco con sitios de noticias (The Huffington Post y Buzzfeed) y una abundancia de blogs, canales de YouTube y cuentas de tumblr al servicio de la causa.

Esta estrategia, que va de la universidad a la periferia sin pasar por la sociedad y su mundo común, ha cambiado profundamente el rostro de la educación superior, no solo en los Estados Unidos, sino en todo Occidente. Y si bien ha aumentado efectivamente la influencia y la resonancia de esas reivindicaciones minoritarias, también ha contribuido a desacreditar la autoridad de las instituciones que pretendía utilizar. La exclusión de ciertos oradores de los campus universitarios debido a sus ideas ha mediado particularmente este proceso. Por razones obvias, los departamentos de humanidades sufrieron en mayor medida, y antes que otros, esta desestabilización de los conocimientos. No obstante, no sería inexacto decir que ahora afecta a todo el cuerpo de la política.

 

La autosegregación de los progresistas

 

Para Mark Lilla , William Galston y Yascha Mounk, los partidos progresistas han sufrido mucho por su asociación con estas nuevas formas de activismo que han paralizado gradualmente su capacidad de participar en la deliberación democrática para dirigir nuestra acción colectiva. Esta parálisis ha tomado muchas formas. En primer lugar, estos movimientos solo dieron su apoyo a los partidos tradicionales a cambio de medidas que sus oponentes conservadores no podían aceptar sin aislarse de su base. En los países en los que aceptaron tales compromisos, nuevas formaciones políticas o un nuevo personal político tomaron el relevo para cristalizar la oposición a estas reformas. Este primer fenómeno de bipolarización se vio agravado por el lenguaje acusatorio y agresivo, esencialmente antipluralista, en el que se expresaban las reivindicaciones progresistas. Si esta retórica les garantizaba mucho éxito con una parte no despreciable de la población (mejor conectada, urbana, educada y cosmopolita), hacía cada vez más imposible que los excluidos (desconectados, rurales, menos educados y blancos) concibieran con ella una acción, unos intereses o un destino común.

A medida que cultivaban su relación con estos nuevos aliados de la sociedad civil, los partidos progresistas se fueron desconectando cada vez más de sus homólogos políticos y, con ellos, del hábito de deliberación en el que se organiza la división del gobierno en regímenes pluralistas. El poder organizador de la palabra política, el de los adversarios que están de acuerdo y el de la ley que manda, ha sido sustituido por el lenguaje catártico de las profesiones de fe y las confesiones públicas cuya función es expresar los sentimientos y desafiar a los opresores. En este contexto, la conversación entre ciudadanos iguales, con todas las incertidumbres y tensiones que conlleva, ha dado paso a la denuncia, necesariamente desigual, que separa el sufrimiento indiscutible de la víctima del privilegio injustificable del opresor. La conversación democrática ya no busca determinar los motivos y medios de acción, sino más bien proteger a cada persona contra la opinión de todos los demás. En última instancia, estos nuevos activistas están menos preocupados por convencer a sus conciudadanos de lo correcto de su opinión que por persuadir a los jueces para que se la impongan.

Estos efectos son aún más visibles en la vida interna de los partidos de izquierda, tanto que se ha alejado del funcionamiento habitual de las instituciones que decían controlar. Como escuela de ciudadanía, dejaron gradualmente de preparar a sus cuadros para hablar o dirigir a personas que no eran como ellos o que no pertenecían a su electorado cautivo. Por temor a ser acusados de indiferencia o colusión con la opresión que estas comunidades decían sufrir, se hizo peligroso para ellos ejercer la cautela o la moderación. Si bien había esperanzas reales y problemas reales para justificar estas transformaciones, al final resultaron ser mucho más peligrosas de lo que habían previsto los actores políticos que creían que se beneficiarían de ellas.

Contra la comunidad de acción que toda política implica y engendra, esta nueva izquierda se opone a una antipolítica de la lucha comunitaria de las identidades.

 

Una antipolítica de la lucha

 

Al examinarlo más de cerca, el nuevo activismo en el que confiaban para su apoyo se basaba en una crítica radical de las instituciones y sus representantes. Por lo tanto, estos últimos no podían tomar prestada la fuerza de la misma sin validar su análisis, y validar ese análisis sin asestar un golpe fatal a su propia legitimidad. Esta legitimidad emana, en efecto, del sistema liberal y democrático, más precisamente de la capacidad de deliberación colectiva para dar razones de la acción conjunta, y por lo tanto de la capacidad de cada individuo para comprender y por lo tanto integrar o rechazar las razones así presentadas. Sin embargo, la crítica de la opresión en el análisis en cuestión niega la capacidad del discurso para expresar otra cosa que no sea la particularidad de una identidad inscrita en las relaciones de poder de las que se es el efecto. Da voz a la resistencia de la víctima o a la opresión del dominante, pero no a una razón compartida. El discurso resistente formulado de esta manera rechaza inmediatamente la posibilidad de contradicción o incluso el diálogo democrático. Solo se puede reconocer sin añadir nada, ya que cualquier intento de respuesta es una apropiación o negación por parte del opresor del sufrimiento del oprimido. En este marco, cualquier discurso sobre el bien común solo puede ser el ocultamiento o la justificación del poder ejercido por unos sobre otros (por los blancos sobre las personas de color, por los hombres sobre las mujeres, o por los heterosexuales sobre las personas que practican otras sexualidades). A la comunidad de acción que toda política implica y engendra, esta nueva izquierda se opone a una antipolítica de la lucha basada en la comunidad de las identidades.

Al buscar la ayuda de estas fuerzas metapolíticas la izquierda se ha enredado de alguna manera en su propia disputa de investiduras, sometiendo constantemente el poder político a la celosa inquisición de una legitimidad espiritual decididamente antipolítica, teniendo el testimonio de la víctima, y el imaginario que fluye de él, como único criterio de verdad. Atrapados entre esta comprensión del mundo y sus imperativos electorales, los progresistas han elegido a menudo obedecer las reivindicaciones identitarias lo más silenciosamente posible, mientras guardan silencio sobre la condena de la mayoría de las cosas “deplorables” que contenían implícitamente. Este divorcio entre la palabra y la acción ha validado la acusación de hipocresía que se les imputaba, y ha alimentado la desconfianza de su antiguo electorado obrero.

Una política basada en la defensa de los intereses de las clases trabajadoras puede admitir fases de tranquilidad y de compromiso en la medida en que estos intereses no estén siempre en peligro y porque estas categorías de población no siempre estén insatisfechas. Sin embargo, como la izquierda debe su éxito electoral a la defensa de los derechos de una minoría, o de un grupo de minorías, se ve obligada a introducir continuamente nuevos derechos y, por consiguiente, a descubrir nuevas injusticias, incluso si eso significa exagerarlas, de lo contrario su electorado se desmovilizará, o peor aún, pasará a su oponente, una vez que se haya logrado la satisfacción. Al proclamar derechos cada vez menos significativos y condenar injusticias cada vez más difíciles de ver como tales, los partidos progresistas corren el riesgo de aislarse a sí mismos — y a las categorías de población que los apoyan — del resto de la sociedad. Por ejemplo, el Colegio de Antioquía, antes citado, exige ahora a todos los visitantes que firmen un memorando de entendimiento, lo que significa la adhesión al principio del consentimiento entusiasta. Incluso se acostumbra a exigir dicho consentimiento para cualquier contacto físico de cualquier tipo. En el artículo del New York Times sobre la institución, una joven está indignada de que su madre se haya atrevido a besarla al volver de la universidad sin pedirle permiso. ¿En qué tipo de ciudadanía debemos pensar cuando los actos más básicos de la cercanía humana son criminalizados de esta manera?

 

La república y la universidad

 

Frente a esto, Lilla, Galston y Mounk comparten la idea de un retorno a la política, es decir, a una palabra compartida. Pero esta palabra compartida no puede limitarse a la expresión de particularidades inconmensurables, y de derechos eternamente oponibles, a una sociedad concebida exclusivamente como instrumento de opresión de las élites. Este patriotismo cívico tiene poderosas raíces históricas en los Estados Unidos y en otros lugares. Pero si la causa no se pierde, tal reforma de nuestro comportamiento político requiere un retorno a la educación liberal que fue a lo largo de nuestra historia el prerrequisito indispensable para la ciudadanía. Porque nuestra creciente incapacidad para gobernarnos a nosotros mismos puede explicarse fácilmente por nuestra creciente distancia de una autocomprensión que permite la acción común. En este sentido, el imperio de las ciencias sociales sobre nuestra educación política, o el imperio de la crítica de la opresión sobre las ciencias sociales, es inseparable de nuestro desorden práctico. La participación política, la implicación de la mayoría en la elaboración de la acción común, presupone que dicha acción es capaz de producir un cierto bien que todos buscan pero que nadie puede obtener de forma aislada. Por el contrario, no se puede concebir un compromiso político saludable con la idea de que la sociedad y la conversación pública ocultan una estructura de opresión, cuyo lenguaje es solo el instrumento de los poderes que la movilizan. ¿Está la universidad, con su autoridad a la izquierda, y la izquierda, con su autoridad sobre la universidad, preparada para asumir la responsabilidad de estos nuevos asuntos?

Para profundizar: Mark Lilla, The Once and Future Liberal, New-York: Harper Collins, 2017; William Galston, Anti-Pluralism. The Populist Threat to Liberal Democracy, New Haven: Yale University Press, 2018 ; Yascha Mounk, The People vs. Democracy, Cambridge: Harvard University Press, 2018.

Publicado originalmente en Le Figaro– . Alexis Carré está en twitter @Aliocha24

Traducción de Anxo Fernández Dopico @Carnaina