Por Jesús Fernández-Villaverde

 

El pasado 10 de febrero, se desvelaba la existencia de un informe sobre la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano. Dado que la discusión sobre la Oficialidad ha ocupado un espacio prioritario en la agenda pública durante los últimos meses en el Principado, me hice con una copia del informe en cuanto pude.

Por deformación profesional, mi atención se centró inmediatamente en el capítulo octavo: “Estimación del impacto económico de la cooficialidad del asturiano y del gallego-asturiano”. Mi desazón tras leer las 37 páginas del capítulo (páginas 173-209) fue absoluta. Lamento ser tan crudo, pero la calidad del análisis económico contenido en el capítulo es infame. Este apartado económico está construido sobre hipótesis absurdas, utiliza números sin sentido y emplea un modelo económico inadecuado para este tipo de estudios. Con estos mimbres, no es de extrañar que las conclusiones que se extraen del mismo, como la posibilidad de que la Oficialidad cree 4.115 empleos (página 199), carezcan de rigor alguno o, siendo más prosaico, tengan el mismo valor que un duro de cuatro pesetas.   Me indigna profundamente que se haya utilizado el dinero del contribuyente asturiano para pagar la realización de este estudio.

El despropósito es mayor: la nula calidad del estudio no es un accidente, sino consecuencia de cómo se encargó y cómo gestó. No es casual que el autor del capítulo, Håkan Casares Berg, sea un lingüista gallego vinculado con el nacionalismo en esa región. Tanto su formación académica (Filología) como su activismo político lo desacreditan para analizar el posible impacto económico de la Oficialidad: carece de los más básicos conocimientos de teoría económica o econometría y de la objetividad necesaria para acometer semejante empresa. Dado que Asturias ha sido (y todavía lo es) cuna de muchos economistas de gran calidad (y de múltiples tendencias políticas), es inexplicable que se seleccionara a Casares para este cometido, excepto si el objetivo era sesgar el informe a unos intereses muy concretos, con el consiguiente desprecio absoluto y total hacia la calidad académica, e, incluso me atrevería a decir, al futuro de los asturianos. Con este informe, nos quieren dar gato por liebre. No tengo reparo en señalar, directamente, a Miguel Ángel Presno Linera, coordinador del estudio, como responsable de tal desatino.

Permítanme que desglose alguno de los principales errores de este capítulo octavo, tratando de evitar tecnicismos económicos complejos.

El capítulo, después de unas farragosas páginas sobre la economía de los idiomas escritas sin mayor gusto (e ignorando la literatura más relevante sobre el tema), presenta un modelo de tablas de input-outputs de la economía asturiana, que emplea para medir el efecto de la Oficialidad sobre tres escenarios alternativos (página 198). Para poder evaluar adecuadamente este análisis, plantearé tres pilares fundamentales: ¿Son realistas los escenarios con los que se alimenta el modelo? ¿Es este modelo preciso para medir el efecto de la Oficialidad? ¿Se han valorado y utilizado en este informe todos los mecanismos económicos relevantes? Analicemos cada uno de estos tres pilares.

 

¿Son realistas los escenarios con los que se alimenta el modelo?

No. Los dos primeros escenarios (“moderados” e “intensos”, según la terminología del estudio) se basan en la idea de que, con la Oficialidad, el gasto público en Asturias en Educación y Cultura, así como el gasto medio por persona en bienes y servicios culturales, sería equiparable al de la Comunidad Valenciana o al del País Vasco. El escenario “moderado” se estima agregando las cantidades más bajas de estas regiones de cada uno de sus tres componentes (no queda claro si en valor absoluto o como porcentaje del PIB). El escenario “intenso” se proyecta agregando las cantidades más altas de cada uno de estos tres componentes.

Peregrina idea esta de que la Oficialidad transformará a Asturias en un curioso híbrido entre la Comunidad Valenciana y el País Vasco.  Quizá sea momento de sustituir la fabada por la paella de bacalao al pil pil como nuestro plato emblemático. La justificación esgrimida, sin rubor alguno, es que la Comunidad Valenciana o el País Vasco tienen lenguas propias oficiales y que existen estudios en estas comunidades autónomas sobre el impacto económico que tiene el uso de las lenguas propias en Educación y Cultura. Por qué y cómo va a subir el gasto a estos niveles en Asturias no se explica nunca.

Más importante aún, ¿por qué iba a ser el gasto público en Educación el mismo en Asturias con Oficialidad que en la Comunidad Valenciana dada la diferente estructura de edad, de porcentaje de estudiantes de familias emigrantes y distribución geográfica de la población de ambas regiones? ¿Y en cultura dado, sin ir más lejos, el distinto clima de ambas comunidades autónomas (que tiene un efecto clave en los patrones de consumo privado)? ¿O es que en Alicante el 15 de enero hacen lo mismo el sábado por la tarde que en Taramundi?

El estudio podría, al menos, haber intentado controlar por estos factores. Un economista habría empleado métodos estadísticos para aislar el efecto causal diferencial de una política (la Oficialidad) de otras variables (por ejemplo, las demográficas y geográficas), que crean lo que en estadística se llama “efectos de confusión”. De hecho, el desarrollo de estos métodos de control causal fue reconocido con el Premio de Economía en memoria de Alfred Nobel hace solo unos meses. El capítulo ignora por completo estos métodos de análisis de causalidad: ni una sola cita a la literatura relevante ni el empleo de ninguno de estos. En definitiva: hipótesis absurdas y números sin sentido al servicio de un resultado deseado.

El tercer escenario es algo más sensato, pues se basa en los cálculos que la Consejería de Educación ha realizado sobre una “previsión de escolarización generalizada” del “coste de la Oficialidad en la enseñanza”. Esto asume, claro, que los costes no van a compensarse por reducciones en otras partidas educativas (como una bajada en los profesores de refuerzo en Matemáticas o Física) o en otros componentes del presupuesto autonómico (menos dinero para asfaltar carreteras autonómicas). Pero, aun así, este escenario ya genera un número de nuevos empleos, 431, que no tiene el mismo impacto político que los 4.115 empleos anunciados en el informe.

 

¿Es este modelo preciso para medir el efecto de la Oficialidad?

Pasemos a la segunda pregunta: ¿Es este modelo preciso para medir el efecto de la Oficialidad? Por segunda vez, no. Las tablas input-output presentan innumerables problemas. Por no aburrir, voy a enumerar solo un par de ellos, los más fáciles de explicar.

Primero, son modelos lineales que no pueden capturar los efectos no lineales de los shocks de demanda y oferta agregada que los economistas estudiamos actualmente. Por muchos motivos, los economistas nos hemos movido a modelos de redes granulares mucho más interesantes. Solo hace falta ojear cualquier revista académica puntera para comprobar que la metodología de este capítulo quedó obsoleta hace varias décadas. Ningún economista en la frontera del conocimiento trabaja con estos marcos analíticos.

En segundo, porque la versión concreta de este modelo no considera en ningún momento los efectos de equilibro general por medio de las elasticidades de sustitución (intra e intertemporal) y los efectos de renta y riqueza. Sin intentar abrumar al lector con largos argumentos, trataré de ser ilustrativo: si yo gasto más en cultura o en academias porque ahora el asturiano es oficial, en algo me tendré que gastar menos, pues mi presupuesto viene dado ¿O es que le vamos a subir el sueldo al médico del hospital en Mieres o al Guardia Civil de Ribadesella para compensarle este nuevo gasto? (Y si lo subimos, ¿de dónde vendrán esos recursos?). Por tanto, si envío a mis hijos a la academia de asturiano, tendré menos dinero para ir a un restaurante. El puesto de trabajo creado en la academia de asturiano queda compensado por el puesto de trabajo destruido en un restaurante, con la diferencia de que al restaurante voy voluntariamente ahora, mientras que al niño a la academia de asturiano lo estoy llevando obligado en la practica por la nueva legislación (si no fuera obligado, ya lo puedo enviar hoy: no esta prohibido).

Alguien podría argumentar: gastarse más en el asturiano es un shock de demanda que expande la economía. Es decir: el profesor de asturiano de la academia se gasta más dinero en el restaurante y, con ello, el empleo en este sector no se pierde. Lamentablemente esto es una falacia de keynesianismo ingenuo de estudiante de primero de grado de economía que todavía no ha digerido las asignaturas de segundo año.

Sí, en el corto plazo, las economías responden a los shocks de demanda. Un aumento de la demanda agregada proveniente de gastar 13 millones de euros más en clases de asturiano tiene unos efectos expansivos en output y empleo en el corto plazo.  Pero en el medio plazo, a dos o tres años, estos efectos desaparecerán según los precios relativos en la economía se ajusten, algo que las tablas input-output no capturan adecuadamente como sabemos desde los años 50 del siglo pasado (aunque estas noticias de 1955 no han llegado al capítulo octavo).

Cuando los economistas hablamos de multiplicadores del gasto público nos referimos, normalmente, a los multiplicadores en el corto plazo, no al efecto del gasto público o privado adicional en el largo, que es lo que queremos medir para juzgar una política permanente como es la Oficialidad (por si a alguien le interesa, medir estos multiplicadores a corto y a largo plazo es a lo que me dedico en mi día a día académico). Los multiplicadores del gasto público (más allá del gasto en ciertas infraestructuras, investigación y partes del sistema educativo en ciencias) en el largo plazo son cero o ligeramente negativos (pues eventualmente hay que financiar este gasto con impuestos que crean distorsiones en las decisiones de los agentes económicos). Los multiplicadores del gasto privado en el largo plazo son claramente cero porque la restricción presupuestaria intertemporal se tiene que cumplir.

Y, en todo caso, los efectos de demanda agregada no son los de la Oficialidad en sí misma, sino de gastar 13 millones más en educación. ¿Qué cree usted que tendrá más efecto sobre el PIB de Asturias en 2040: gastarnos 13 millones más en profesores de Ciencias Naturales e Informática o en profesores de asturiano? Si, por el motivo que sea, queremos tirar de la demanda agregada, existen mil maneras de hacerlo que no pasan por la Oficialidad y que tienen unos efectos expansivos sobre el output y el empleo mucho más grandes (por ejemplo, transferencias a las familias con propensiones marginales al consumo muy altas, como son aquellas de menores ingresos).

De hecho, el capítulo implícitamente acepta que todos los números que presenta son un cuento de la lechera al incluir una elucubración (páginas 203-207) sobre de dónde pondrían venir los recursos financieros adicionales necesarios para esta política, que no es más que una enumeración de meras ilusiones (“Europa lo mismo nos da algo”). La frase final de esta sección, en la página 207, es para enmarcarla: “En cualquier caso, y en vista de las cantidades manejadas en un escenario de mínimos y las nuevas oportunidades de financiación, sería difícil, pero teóricamente posible, aproximar el incremento de gasto al aumento de los ingresos.” O en román paladino: un brindis al sol ridículo e ingenuo. En definitiva: un estudio que utiliza un modelo económico desfasado, impreciso y carente de un mínimo realismo.

 

¿Se han valorado y utilizado en este informe todos los todos los mecanismos económicos relevantes?

Terminemos con la tercera pregunta: ¿Se han valorado y utilizado en este informe todos los todos los mecanismos económicos relevantes?  Por tercera vez: no. Por ejemplo, no se han tenido en cuenta los efectos negativos de ruptura del mercado interior y de movilidad dentro de España. A Barcelona el giro de su política lingüística no le ha ido nada bien económicamente. Madrid la ha superado con claridad en las últimas décadas. Lo que no ocurrió durante la dictadura, la absoluta supremacía económica de Madrid, ha llegado con la democracia. En el caso del asturiano, dada su cercanía con el castellano y casi plena inteligibilidad, estos efectos serán a más seguro reducidos, pero no citar o intentar medir los mismos en el capítulo supone una falta de seriedad y rigor que ruborizaría a cualquier economista.

Para acabar y no extenderme más, el verdadero coste económico para Asturias es el de oportunidad. Dado todos los problemas económicos que tiene el Principado, emplear tiempo y esfuerzo en esto no parece una prioridad alguna excepto si lo que se intenta con ello es utilizar la Oficialidad, desde una perspectiva cripto-nacionalista, como llave para abrir otras puertas. Puestos a dedicar recursos adicionales a que los niños de Asturias utilicen con fluidez un lenguaje, que sea el de programación Python, que nos irá mucho mejor a todos.

Foto: Pedro Fraile